La Misión Internacional de Observación sobre la elección de altas autoridades del sistema de justicia en Ecuador advierte del riesgo de que se elija a un titular de la Fiscalía General sin legitimidad, como consecuencia de las irregularidades que rodean el concurso público que se hace en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Como parte de sus recomendaciones, los observadores proponen que el proceso de selección debería retrotraerse y empezar desde la elaboración de un reglamento.
La Misión Internacional —integrada por los abogados José Antonio Guevara (México) y Jaime Arellano (Chile)— visitó Quito para observar de cerca el avance de la elección del fiscal general que actualmente está paralizada por conflictos internos en el CPCCS y en la comisión ciudadana, encargada de hacer las etapas del concurso.
En los últimos dos días, los observadores se reunieron con autoridades de la Corte Constitucional (CC), representantes de embajadas, de organizaciones de la sociedad civil y activistas en derechos humanos.
Sin embargo, no lograron concretar un encuentro con los principales involucrados: los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana, ni con los integrantes de la comisión ciudadana.
El concurso está paralizado desde el 11 de junio, debido a que el pleno del CPCCS no tomó ninguna resolución respecto del informe final de calificación de méritos de los 28 postulantes al cargo que hizo la comisión.
Este último cuerpo colegiado, que está funcionando con siete de diez miembros, resolvió aprobar un pedido para que se suspendan plazos y términos, que deberá ser aprobado por los consejeros de Participación.
Pese a que el presidente del organismo, Andrés Fantoni, se reintegró de sus vacaciones, no se trató el tema en una sesión que se instaló este 8 de julio.
La consejera Piedad Cuarán pidió que se trate con urgencia este hecho para que se retomen las actividades, pero Fantoni le reprochó que fue ella la que votó en contra del informe final de méritos y de actividades de la comisión ciudadana.
De su lado, los comisionados responsabilizaron a la vicepresidenta Jazmín Enríquez, de lo que llamaron, una “paralización fáctica”, ya que durante la ausencia de Fantoni no se trataron los pedidos de la comisión para avanzar a la etapa de impugnación ciudadana.
Justamente esta fue una de las observaciones de la misión internacional: el retraso en los plazos para designar a la autoridad.
Jaime Arellano, abogado chileno y exdirector del Centro de Estudios y Justicia de las Américas (CEJA), advirtió de situaciones que afectan el proceso, como la falta de un reglamento permanente, pues parecería que está diseñado para determinados actores políticos.
Además, que varios de los integrantes de la comisión ciudadana tienen un “perfil inadecuado”, al ser personas sin experiencia en el derecho penal, como la presidenta Cynthia Jacho, cuyo título de abogada lo obtuvo en el 2022 y su experiencia profesional ha sido en estudios jurídicos de asistente.
José Guevara, académico, consultor y exfuncionario en las Naciones Unidas, alertó también del incumplimiento del cronograma que se impuso el Consejo de Participación Ciudadana, ya que en el reglamento para el Funcionamiento de las comisiones ciudadanas se les da un término de cuatro meses, con una prórroga de dos meses.
Sin embargo, a este julio suman cinco meses y el proceso está paralizado.
Otro aspecto que señalaron fue que el Consejo no desarrolló un mecanismo que asegure que el perfil para fiscal cumpla con dos elementos indispensables: probidad e independencia.
Así también que no se integró un procedimiento para que los aspirantes a presidir la Fiscalía presenten una propuesta estratégica para la persecución de delitos y combatir la impunidad.
Para los juristas extranjeros “en caso de que no se anule y retrotraiga a la emisión del reglamento, se requiere un saneamiento para garantizar el pleno respeto de los estándares internacionales”, se indicó en la presentación del informe de evaluación preliminar del avance de este concurso que se llevó a cabo en Quito este 8 de julio.
Recomendaron también que se haga una entrevista pública y transmitida en vivo a cada postulante y se examine su propuesta estratégica de persecución penal que ofrecerían al país.
A esto se suma que los siete consejeros están avocados en preparar su campaña para la reelección en los comicios seccionales del 29 de noviembre y hay una propuesta de referéndum para quitarle al CPCCS su atribución de designar autoridades de control del Estado.
Estos hechos paralelos configurarían que el concurso público no termine y el actual fiscal subrogante (que subrogó a Wilson Toainga), Carlos Alarcón Argudo, se mantenga en funciones prorrogadas por varios años.
“Todo escenario que implique que (Alarcón) continúe por más tiempo en el cargo de fiscal general una persona encargada, deslegitima y daña la confiabilidad y pone en riesgo su actuar de manera imparcial e independiente y arrastra a la institución, al sistema de justicia y Estado a esa falta de confianza. Este es el viejo dilema de ‘sácame el puñal del corazón porque me está matando, pero no lo saques porque me desangro’. Ese es el real problema que tiene Ecuador en este momento”, reflexionó Arellano. (I)
