En 2018 la Comisión Europea impuso a Google una multa récord de más de 4.000 millones de dólares por abuso de posición dominante en Android que la compañía de Mountain View no se librará finalmente de pagar después de que el recurso interpuesto por la multinacional estadounidense en el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) haya sido desestimado.
El dictamen de la justicia europea confirma la sanción impuesta hace ocho años a Google por abusar de su posición dominante de mercado en el sistema operativo para móviles Android. De acuerdo con los jueces del TJUE de Luxemburgo, Google impuso restricciones de naturaleza ilegal a los fabricantes de teléfonos móviles con sistema operativo Android en sus entrañas y a los operadores de telefonía móvil con el último objetivo de robustecer el dominio de su propio motor de búsqueda. Y en este sentido, deberá abonar el importe de la multa que le impuso previamente la Comisión Europea en 2018.
Las restricciones a las que se refiere el TJUE en su dictamen se refiere a las aplicaciones preinstaladas en los smartphones con sistema operativo Android. A fin de mantener su dominio en el mercado de las búsquedas (en tanto en cuanto su buscador es también su principal fuente de ingresos), Google obliga a los fabricantes de teléfonos de móviles que funcionan con el sistema operativo Android a preinstalar en sus dispositivos un paquete completo de aplicaciones del gigante de internet (el navegador Chrome y Google Search, entre otras).
El dictamen del TJUE no ha resultado obviamente del agrado de Google, que se ha pronunciado ya sobre la decisión del tribunal. «Android ofrece más opciones para todos y apoya a miles de empresas. Esta sentencia no reconoce nuestra importante inversión para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito. En cualquier caso, adaptamos nuestros acuerdos para cumplir con la decisión inicial ya en 2018 y seguimos centrados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores», asevera un portavoz de Google
Con un monto total de 4.300 millones de euros, la sanción que la Comisión Europea impuso a Google en 2018 es la multa más alta aplicada jamás por el Ejecutivo comunitario. Bruselas argumenta que mediante la imposición de restricciones a los fabricantes de teléfonos móviles Google se habría asegurado la preinstalación de su buscador y del navegador Chrome en virtualmente todos los dispositivos con sistema operativo Android.
En 2022 la multa impuesta originalmente a Google se redujo en 200 millones de euros
La Comisión Europea criticó asimismo en su día que Google no permitiera a los fabricantes comercializar teléfonos con versiones alternativas de Android no aprobadas previamente por la compañía liderada por Sundar Pichai.
A ojos del Ejecutivo comunitario este tipo de restricciones tenían un objetivo claro: proteger y robustecer la posición dominante de Google en el mercado de las búsquedas y a la postre también los ingresos publicitarios vinculados a tales búsquedas.
Antes de que Bruselas hiciera pública su sanción contra Google, la compañía se defendió argumentando que el acoplamiento de su buscador y del navegador Chrome era de naturaleza necesaria para generar ingresos y compensar así la inversión en Android (un sistema operativo al que los fabricantes pueden acceder gratuitamente).
Tras conocerse la sanción de la Comisión Europea Google implementó cambios en sus prácticas de negocio y tomó asimismo acciones legales contra Bruselas. La compañía de Mountain View ya sufrió previamente un importante revés frente al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que en 2022 se negó a mermar de manera significativa la multa original del Ejecutivo comunitario y la redujo finalmente en apenas 200 millones de euros hasta los 4.100 millones de euros.
Los jueces del TGUE aplicaron esa reducción de la sanción porque consideraron que Google no había infringido en realidad la ley por efectuar pagos a los fabricantes de teléfonos móviles y a los operadores de telefonía móvil para que preinstalaran sus aplicaciones. Según los magistrados, la Comisión Europea no demostró de manera fehaciente que esta práctica había causado verdadero perjuicio a los rivales de Google, a quien Bruselas debería haber dado además la oportunidad de ser escuchado en este asunto en particular (algo que no terminó sucediendo).
El dictamen del TJUE viene a confirmar de manera definitiva la multa que la Comisión Europea impuso a Google en 2018. No es en todo caso la primera vez que el Ejecutivo comunitario sanciona a Google. En 2024 el TJUE confirmó una multa valorada en varios miles de millones de dólares que Bruselas impuso a Google por su servicio de comparación de precios, mientras que otra sanción fue anulada judicialmente poco después. En tanto en cuanto su negocio publicitario marcha viento en popa, Google no ha tenido problemas en ningún momento para abonar las cuantiosas multas que le ha impuesto repetidamente la Comisión Europea en los últimos años.































