Antes de trabajar en un colegio de educación especial, Nuria Mateos fue teleoperadora. “En esa oficina sí había aire acondicionado, a veces tan fuerte que tenías que ponerte una chaqueta. Ahora, en clases con chavales con necesidades especiales, estoy con un ventilador que lo único que hace es mover aire caliente. Trabajas a costa de tu cuerpo, el calor te aturulla la cabeza”, explica esta docente de 43 años de Alcalá de Henares (Madrid). Muy cerca, en un instituto de Torrejón de Ardoz, es profesor de Economía Eduardo Serna, de 38 años: “Trabajé como periodista y nunca estuve en una redacción sin aire acondicionado. Es bastante alucinante. Al final de la mañana se hace muy difícil”.
Estos dos profesionales sufren la escasa adaptación al calor de los centros escolares de España, una falla del sistema educativo que capta cada vez más atención porque el cambio climático provoca que las altas temperaturas afecten a una porción mayor del curso. Es común que muchas clases superen los 27 grados de temperatura, el máximo que impone la normativa laboral, en un flagrante incumplimiento que no se limita a estos espacios techados. Los inspectores de trabajo y los sindicatos subrayan que las oficinas y los comercios sí suelen estar climatizados, pero que el problema de los colegios se replica en otros locales de toda España.
“Hay cocinas en las que el calor es insoportable. Intentamos hacer visitas a menudo porque es uno de los espacios más problemáticos”, indica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. También apunta a granjas y otras explotaciones agrícolas techadas. “Es habitual que las naves industriales de muchos polígonos no tengan las condiciones adecuadas”, agrega el responsable de Salud Laboral de CC OO, Mariano Sanz. Dice que, al tratarse de infraestructuras muy amplias, el esfuerzo inversor para aislar el edificio y climatizarlo suele ser alto, “pero eso no es excusa para saltarse la normativa”.
La ley establece que en ese tipo de actividades en interiores la temperatura no puede exceder los 25 grados. Son dos grados menos que en las oficinas porque implican actividad física. Los 27 grados también se aplican en los colegios e institutos, espacios en los que UGT echa en falta más vigilancia. “Tenemos que asegurar que se cumpla la ley, que haya más inspecciones y que las sanciones se hagan efectivas, ya sea una Administración pública o una empresa privada. La actividad se debe paralizar en interiores cuando se superen los 27 grados”, insiste la responsable de salud laboral del sindicato, Patricia Ruiz.
Según los datos de siniestralidad laboral del Ministerio de Trabajo, en 2025 murieron en España cinco personas por el efecto de las altas temperaturas durante su jornada de trabajo. Además hubo otros cuatro accidentes graves y 250 leves, en un panorama que los sindicatos consideran “infradiagnosticado”. Es decir, las centrales resaltan que este problema tiene una incidencia mayor en la siniestralidad laboral de lo que señalan las estadísticas oficiales, que es habitual que, aunque el calor sea el desencadenante de un siniestro, la estadística lo vincule con otra causa.
Hay estudios que recogen un empeoramiento de las muertes en el trabajo por altas temperaturas, como el elaborado en 2024 por la Organización Internacional del Trabajo y que estima un aumento del 42% de los decesos laborales por esta causa en el periodo 2000-2020.
Refuerzo de Inspección
El Gobierno aprobó este martes el plan que lanza cada verano para reforzar la vigilancia de Inspección en los sectores más problemáticos. Así, el organismo dependiente de Trabajo anuncia que estrechará el cerco sobre el campo y la construcción, actividades que suelen desarrollarse en espacios exteriores, en los que no rige la norma de los 25 o 27 grados. En ellos, el trabajo puede paralizarse en función de las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología, ante avisos naranjas o rojos. Los umbrales no son los mismos en toda España, pero el naranja suele rondar entre los 37 y 40 grados y el rojo, entre los 40 y los 44.
Este esquema para exteriores parte de un cambio legal aprobado en mayo de 2023, que refuerza los derechos de los empleados ante las altas temperaturas . El texto especifica que para los trabajos al aire libre “deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas”. Esas medidas se deben diferenciar en función del perfil del empleado: no son las mismas para un trabajador de 25 años que para otro de 60 con problemas cardiovasculares.
La normativa vigente también establece que el empleado tiene derecho a “interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud”. No contar con un plan de prevención, incumplirlo o que no esté elaborado correctamente puede acarrear sanciones económicas a la empresa: la infracción grave es de 2.451 euros a 49.180 y la muy grave de 49.181 a 983.736.
El ministerio Díaz viene defendiendo que ha reforzado la vigilancia de los accidentes laborales por calor. Indica que la Inspección desarrolló 704 investigaciones de este tipo en 2021, frente a las 11.500 de 2024 (último dato disponible), que los requerimientos han crecido de 401 a 4.175 y que las sanciones se han multiplicado de 175.000 euros al año a 1,4 millones.
A la vez, pronto llegará al Congreso el proyecto de ley que busca reforzar la prevención de riesgos laborales en España, con una mayor vigilancia sobre la empresas pequeñas y medianas, las que más accidentes laborales concentran. La iniciativa, pactada por Trabajo con los sindicatos y sin la patronal, busca mejorar la atención al estrés térmico, pero hay muy pocas opciones de que prospere. Sin respaldo empresarial, lo previsible es que la mayoría de derechos rechaza el proyecto, como ya sucedió con la reducción de jornada y como se prevé con el estatuto del becario.
Aulas achicharradas
La amenaza de castigos económicos no evita los incumplimientos en muchos colegios e institutos, como denuncia la responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Beatriz García: “Esto constata que la comunidad educativa no es una prioridad de la Administración pública”. Subraya que resulta “impensable” que cualquier funcionario de otras áreas trabaje en espacios interiores “a más de 40 grados, pero aquí parece que no pasa nada; estamos fuera de la norma de riesgos laborales”. Su homólogo en CC OO, Rafael Páez, concede que la falta de preparación para el verano de colegios e institutos era más justificable hace años, “cuando el calor extremo empezaba a finales de junio, a la vez que las vacaciones; ahora, con temperaturas tan altas desde mayo, es insostenible”.
Páez destaca que no hay una solución única para este problema: “No hay que poner una máquina de aire acondicionado en cada clase, depende de la situación”. Este especialista comenta que en algunos casos bastaría con la instalación de cornisas que den sombra, en otros con un aislamiento efectivo y, en algunas ocasiones, con adaptaciones horarias o menos alumnos por clase. También apuesta por la instalación de paneles solares para reforzar la potencia eléctrica de los edificios. “Hay algunas comunidades, las responsables de los institutos, y ayuntamientos, de los colegios, que están avanzando un poco, pero van muy despacio”, agrega Páez.
Marisa González, directora del instituto Vallecas I en Madrid, intenta activar las soluciones a su alcance para atenuar el calor en su centro. “Compramos ventiladores, reubicamos clases, aprovechamos espacios exteriores… Hacemos lo que podemos”. Estos parches son manejables dentro del presupuesto asignado al centro, pero subraya que una reforma estructural dependería de una inversión importante y que debería partir de un plan específico de la comunidad autónoma. “No es solo poner las máquinas, también hay que cambiar la instalación eléctrica para tener más potencia y que no salte la luz”. Explica que también han pedido a los padres que los niños acudan a clase con botellas de agua y les dan permiso para ir a llenarlas al baño a menudo. “Esperemos que las Administraciones se den cuenta de la importancia de este tema”.
