Hasta el próximo lunes tienen de plazo 214 precandidatos a ser vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para presentar sus pruebas de descargo ante las denuncias planteadas por actores de la ciudadanía.
Según el calendario para la preparación de las elecciones seccionales y de los consejeros de Participación Ciudadana previstas para el 29 de noviembre, desde este jueves y hasta el próximo lunes los aspirantes a ocupar estos cargos podrán responder a las denuncias ciudadanas que hayan recibido.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que se receptaron 286 denuncias en contra de 214 de los 309 inscritos, es decir, 95 participantes no fueron observados.
Las denuncias se plantean por el incumplimiento de los requisitos o, incurrir en las prohibiciones e inhabilidades contempladas en la Constitución y las leyes para ocupar un cargo en el Estado.
Cumplido este plazo, la Comisión Verificadora tendrá un periodo de 30 días para revisar el cumplimiento de requisitos de los 309 postulantes y la pertinencia de las denuncias.
El instructivo para la revisión de las carpetas impide a los integrantes de la comisión verificadora negar de oficio una postulación alegando inhabilidades.
Al momento en el que se analicen los documentos de los precandidatos dicha comisión elaborará sus informes y podrá valorar únicamente las pruebas de cargo y descargo para enviarlo al análisis del pleno del CNE, que a su vez lo enviará al pleno para resolución de los consejeros.
De los 214 denuncias, sobre once personas se plantearon hasta tres escritos. No obstante, se mantiene bajo reserva el contenido de las objeciones y los denunciantes.
Entre estas once personas con tres denuncias están: Xavier Abarca, funcionario del CPCCS; Óscar Ayerve, activista político; María Centeno; Andrés Cevallos; Lizbeth Galarza, asesora de la presidencia del CPCCS; Ramiro García, abogado y académico; Santiago Porras, asesor de la presidencia del CPCCS; Andrés Fantoni, presidente del CPCCS y precandidato.
También, Xavier Ramos, María Roldán, David Rosero, consejero de Participación Ciudadana; y, Danna Villacrés.
Sobre los 203 inscritos denunciados hay entre dos y una denuncia.
La Comisión Verificadora —que la componen diez personas delegadas de los vocales del CNE— deberán durante estos 30 días que los precandidatos hayan presentado la declaración juramentada en el formato íntegro establecido, para constatar que los postulantes no se encuentren incursos en las prohibiciones o inhabilidades previstas en la Constitución, por lo que no tienen atribución para revisar documentación de oficio.
En cuanto a las denuncias se observarán únicamente las pruebas de cargo y descargo aportadas por las partes.
Los informes que se aprueben por parte de la Comisión Verificadora se remitirán al pleno del Consejo electoral para que resuelva si acepta o niega la inscripción de las candidaturas.
El instructivo para la inscripción aclara que las postulaciones serán “renunciables hasta antes de que el pleno del Consejo Nacional Electoral conozca y resuelva la inscripción. Una vez calificadas e inscritas, las candidaturas serán irrenunciables”.
Adicionalmente, las resoluciones que adopten los consejeros podrán impugnarse por los postulantes en un término de cinco días; y, el Consejo tendrá otros tres días para resolver el pedido.
A la decisión que se tome en el órgano electoral, los sujetos políticos podrán recurrir ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que resolverá en última instancia los recursos subjetivos contenciosos.
De acuerdo con el cronograma el listado oficial de candidatos se conocería el 24 de septiembre y se lo enviará al Instituto Geográfico Militar (IGM) para iniciar la impresión de las papeletas.
La ley del CPCCS dispone que se organicen tres papeletas: una de candidatas mujeres; de candidatos hombres; y, de aquellos que se autoidentifican de pueblos, nacionalidades, montuvios, afroecuatorianos y migrantes.
Los electores deberán votar por tres mujeres, tres hombres y un representante de los grupos mencionados. (I)
