Veinticinco elementos de convicción sustentan el pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se llame a juicio al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, como autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente por el retiro del grillete electrónico.
Los indicios fueron presentados por la fiscal de este caso, Lisset Barragán Álvarez, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se reinstaló la mañana de este lunes, 29 de junio, en la Unidad Judicial de Samborondón.
En este proceso se investiga al alcalde de Guayaquil por el retiro del dispositivo electrónico que portaba como parte de las medidas cautelares que se dictaron en su contra por el caso Triple A.
La fiscal presentó ante la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón Karen Alarcón Macías 25 elementos, entre los que se encuentran:
- 33 alertas recurrentes registradas por el SNAI sobre el dispositivo de vigilancia electrónica.
- Pericias técnicas de audio, video y reconocimiento del lugar de los hechos.
- Pericia al dispositivo que determinó la ausencia de un tornillo de seguridad, lo que habría impedido la generación de las alertas de “pulsera quitada”.
- Parte policial que deja constancia que, durante el allanamiento del 10 de febrero de 2026, el procesado habría sido encontrado sin el dispositivo.
- Versiones libres y voluntarias.
De acuerdo con el dictamen acusatorio que la Fiscalía expuso este lunes, el alcalde de Guayaquil se habría retirado el dispositivo de vigilancia sin una autorización judicial.
Tras la presentación de los argumentos de la Fiscalía, la jueza suspendió la diligencia y convocó su continuación para este miércoles, 1 de julio, a las 08:10.
La diligencia se reanudará con la intervención del abogado de Aquiles Alvarez, que presentará sus alegatos de defensa.
Posteriormente, la jueza Alarcón analizará lo expuesto por las partes y emitirá una resolución.
En la audiencia, la defensa del alcalde rechazó la actuación de la jueza Karen Alarcón, pues alegó que instaló la diligencia e insistió en continuarla pese a la recusación en su contra.
También adujo vulneración del derecho a la defensa de Alvarez, ya que, comentó, “se pretendía continuar la audiencia con un abogado particular que no había tenido acceso suficiente al expediente ni tiempo razonable para preparar una defensa técnica”. La Defensoría Pública también advirtió la imposibilidad de avanzar en esas condiciones.
Asimismo, la defensa de Alvarez, el abogado Julio César Cueva, alegó falta de competencia por parte de la jueza Karen Alarcón Macías, encargada del despacho de la jueza Andrea Ordóñez Riera.
La magistrada fue denunciada en dos ocasiones por la defensa del alcalde por presunto prevaricato. Los abogados del alcalde solicitaron la recusación de Alarcón tras alegar una controversia penal entre una de las partes procesales y la juzgadora que conoce esta causa.
El pasado 22 de junio, la jueza de Samborondón negó el pedido de recusación por no estar fundamentado en derecho y porque el prevaricato no se encuentra dentro de las causales de excusa.
Este proceso en contra de Aquiles Alvarez se originó el pasado 10 de febrero tras un allanamiento realizado a su domicilio como parte del caso Goleada, en el que el alcalde es procesado por el delito de lavado de activos.
Según informes de la Policía Nacional, en ese operativo se identificó que el alcalde no portaba el dispositivo electrónico, por lo cual la Fiscalía inició una investigación.
El anterior 16 de marzo, un juez de Samborondón dictó prisión preventiva para Aquiles Alvarez, que se sumó a la orden de prisión preventiva por el caso Goleada que el juez Jairo García Mosquera dispuso en su contra el 11 de febrero, un día después del allanamiento en el que se lo encontró sin el grillete.
El pasado 12 de febrero, el alcalde fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi, donde estuvo hasta el 9 de marzo, fecha en la que fue llevado por razones de seguridad a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde permanece actualmente. (I)
