El 30 de junio próximo se cumplirán dos meses de que en segunda instancia la justicia argentina, a través de la Corte Suprema de ese país, dio paso a la extradición del expresidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) Hernán Luque Lecaro, pero hasta el momento no se concreta su llegada a Ecuador. Luque Lecaro es uno de los siete procesados por ser parte de una delincuencia organizada en el caso conocido como Encuentro.
Inicialmente, el 16 de mayo de 2024 Argentina dio paso a la extradición de Luque Lecaro, pero él apeló la decisión y el procesamiento quedó congelado hasta abril de 2026 cuando se dio un nuevo pronunciamiento. El extitular de la EMCO aseguró en Argentina que es víctima de una “persecución política” y que de llegar a Ecuador las cárceles del país no le brindarían las garantías de seguridad.
Tres meses antes de aprobar la extradición del ecuatoriano en primera instancia, el 8 de febrero, él fue detenido en Buenos Aires, Argentina. El exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso fue apresado con fines de extradición por agentes de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) mientras caminaba por la calle Gurruchaga.
En una resolución dictada el 18 marzo de 2024 por la jueza Eugenia Capuchtti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 de Buenos Aires, ella definió “morigerar la prisión preventiva” impuesta sobre el exfuncionario de Lasso, imponiéndole como medidas de coerción la prohibición de salida del país, la retención de su pasaporte, la prestación de una caución de 4 millones de pesos ($ 4.600) y el arresto domiciliario que debe cumplir en un departamento en Buenos Aires.
Pese a que el 30 de abril de 2026 la Corte Suprema de Justicia de Argentina aprobó la extradición de Luque Lecaro, debe ser el presidente de ese país, Javier Milei, quien emita la resolución final para el traslado del expresidente de la EMCO a Ecuador.
El caso Encuentro en Ecuador:
En el caso Encuentro se investiga a un grupo de siete personas que habrían sido parte, según Fiscalía, de una trama en la que se establecieron acuerdos para direccionar contratos y ubicar, de manera fraudulenta, a personas para ocupar cargos en empresas públicas, como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Aduanas del Ecuador y BanEcuador.
Los investigados, a decir de la fiscal del caso, Luzmila Lluglla, habrían direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas a empresas del Estado, todo con la finalidad de obtener réditos económicos. A decir de la Fiscalía, esta estructura estaba liderada por Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso, y Rubén Cherres, empresario asesinado en 2023 en la provincia de Santa Elena, y además contó con la colaboración de funcionarios públicos y privados.
A juicio fueron llamados en agosto de 2024 Carrera, Luque Lecaro, Antonio Icaza, exgerente general de la CNEL, y los empresarios Leonardo Cortázar, Gabriel Massuh, Karen Cornejo y Ericka Frías. Hasta el momento solo Carrera e Icaza llegaron a la etapa de juzgamiento y fueron condenados como autor directo el primero a una pena de diez años de cárcel y el segundo, como colaborador, recibió una condena agravada de nueve años y cuatro meses de prisión. El 30 de junio próximo se realizará la audiencia de apelación respectiva.
Para Luque Lecaro, Massuh, Frías, Cortázar y Cornejo se les suspendió el juicio, ya que la delincuencia organizada es un delito que no puede ser juzgado en ausencia. De esta lista saldrán en septiembre próximo el abogado Leonardo Cortázar y la empresaria Karen Cornejo, pues entre el 14 y 18 de ese mes se les realizará el juicio en el que se determinará si son o no culpables del delito de delincuencia organizada. Massuh y Frías son vistos como prófugos de la justicia.
La extradición, según la Corte Nacional:
Según criterios de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la extradición es la institución jurídica en virtud de la cual un Estado entrega a otro Estado a una persona que se encuentra en el territorio del primero y que es reclamada por el segundo para su juzgamiento en materia penal o para el cumplimiento de una sentencia de este carácter ya dictada.
La naturaleza de este mecanismo es de carácter procedimental y no es sancionatorio, no establece criterios de culpabilidad o inocencia ni impone penas. Su objetivo es obtener la entrega de la persona requerida a fin de que pueda ser juzgada o cumpla la pena impuesta en su contra.
Desde la Corte Nacional se ha dicho en diversos momentos que la justicia ecuatoriana ha cumplido con todo lo requerido por sus pares argentinos, se ha dado el seguimiento correspondiente al pedido y que por ello ya se ha concedido en dos instancias y pese a las apelaciones la extradición solicitada por un juez de instancia a cargo de un procesamiento penal.
El expresidente de la CNJ Iván Saquicela cree que el tiempo que está llevando esta extradición es excesivo, aunque tiene claro que la extradición es una potestad soberana que está en manos en este momento del Estado argentino. Hasta donde conoce, indicó, Ecuador incluso ya habría otorgado las garantías de que el solicitado no recibirá tratos crueles y degradantes y se le garantizará la vida y un justo procedimiento penal en nada relacionado con una situación política.
Saquicela reconoce que el proceso puede demorar por algunas razones, como por ejemplo la impugnación a la que tiene derecho el extraditable, pero recuerda que en este caso ya existió la confirmación de la extradición en apelación, de modo tal que para él no hay nada pendiente que no sea el traslado físico de Hernán Luque Lecaro, lo que implica una coordinación de la Cancillería de Argentina y la Policía para hacer el traslado al Ecuador.
“Es importante partir de que la resolución de extradición está firme. Consecuentemente, lo que corresponde, de acuerdo a la Ley de Extradición de la Argentina, es que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda simplemente disponer el traslado ya material, el traslado oficio. (…) Solamente es un trabajo a nivel diplomático. Creo yo que, asimismo, en el caso de Ecuador corresponde el trabajo diplomático. Esto es que el Ministerio de Relaciones Exteriores envíe cartas y haga el trabajo diplomático que corresponda para indicar que, una vez que se ha conseguido la extradición por pedido del Ecuador y bajo el principio de cooperación internacional y el principio de reciprocidad, se ejecute la resolución. Eso es lo que corresponde”, agregó Saquicela.
La ratificación de la extradición de la Corte Suprema de Argentina
Varios fueron los argumentos que la Corte Suprema de Argentina esgrimió para negar el recurso de apelación que presentó la defensa de Hernán Luque Lecaro y ratificar su extradición a Ecuador para enfrentar el proceso judicial en el caso Encuentro.
En la resolución de la Corte de Argentina se recuerda que la defensa de Luque Lecaro alegó persecución política y presentó como “hecho nuevo” el archivo del caso relacionado con supuestas irregularidades en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec).
En ese proceso judicial, además de Hernán Luque, eran investigados Danilo Carrera; el expresidente Lasso; Iván Correa, exsecretario de la Administración; y los exfuncionarios de Flopec Johnny Estupiñán, Oswaldo Rosero y Cristian Panchi, pero fue archivado en mayo de 2025 por la Sala Penal de la Corte Nacional.de Justicia (CNJ).
Desde Panamá, a las 02:20 llegó a Guayaquil Leonardo Cortázar, investigado en el caso Encuentro. El ministro del Interior, John Reimberg, dio detalles sobre la extradición.
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Sin embargo, el escrito de la Corte Suprema de Argentina recoge que la “posible persecución por motivos políticos, étnicos o de nacionalidad debe evaluarse objetivamente a través del proceso llevado a cabo en el país solicitante y el respeto de las garantías fundamentales, como el derecho a un juicio imparcial, defensa adecuada, acceso a una tutela judicial efectiva y debido proceso”.
En tanto que sobre el archivo del caso Flopec, la justicia argentina aclaró que “no guarda relación con la causa penal que motiva la solicitud de extradición”, es decir, el caso Encuentro.
La resolución de la corte de Argentina afirmó que no existe sustento objetivo para invalidar el proceso, tal como lo solicitó la defensa de Hernán Luque, ratificando la decisión de la jueza Eugenia Capuchtti.
Ecuador debe entregar las garantías que pida Argentina
El experto en temas internacionales y docente universitario Carlos Estarellas explica que la figura de la extradición sirve para una colaboración entre Estados cuando existe el caso de que una persona haya cometido un delito, esta pueda ser entregada al país requirente, pero en ningún modo para situaciones políticas. Ya en el caso concreto de Hernán Luque Lecaro, Estarellas comparte el criterio de Saquicela en el sentido de que el proceso de extradición ha sido muy demorado.
En relación con lo dicho por la defensa del solicitado en Argentina de que su cliente es un perseguido político y que las cárceles de Ecuador no le garantizan su seguridad, el especialista en derecho internacional refiere que Ecuador, a través de los canales formales, debe entregar toda la información que le requiera Argentina para descartar lo que asegura el solicitado y dar las garantías respectivas de que Ecuador y sus sistemas de justicia y penitenciario están en la posibilidad de proteger la vida de Luque Lecaro y darle un proceso judicial justo.
Estarellas coloca el trabajo de seguimiento e insistencia para que Argentina concrete la extradición en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Sostiene que si se ha mandado a verificar que en Ecuador existen las suficientes garantías para entregar a Hernán Luque Lecaro, el Estado ecuatoriano debe dar las respuestas respectivas y evitar más dilaciones.
“Mientras más se dilate la extradición y más tiempo pase, la situación va a favor de Hernán Luque Lecaro y no del Ecuador”, manifestó Carlos Estarellas. (I)
