El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó este lunes 29 de junio, con cuatro votos afirmativos, el informe técnico relacionado con el plan de desvinculación de jueces por concepto de jubilación a escala nacional. El documento establece que 62 juzgadores están habilitados para cesar en sus funciones el 30 de junio de 2026.
De acuerdo con el informe, otros seis casos aún requieren la regularización de su situación administrativa antes de concretar el proceso de desvinculación.
El Consejo de la Judicatura informó que, para la elaboración del plan, se priorizó a servidores que presentan condiciones de salud críticas o catastróficas, enfermedades crónicas, discapacidad, avanzada edad y años de servicio.
Durante la sesión, las autoridades dispusieron que las direcciones provinciales ejecuten acciones para cubrir las vacantes que se generen y garantizar la continuidad del servicio de justicia mientras se desarrollan los concursos de méritos y oposición para la designación de nuevos jueces.
Asimismo, el Pleno dispuso a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y a las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura dar trámite prioritario a los procedimientos disciplinarios de servidores que presentan condiciones de salud críticas o catastróficas, enfermedades crónicas, discapacidad y avanzada edad. La vocal Magaly Ruiz señaló que existen servidores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, dispuso que, en un plazo de 48 horas, la Dirección General presente un informe sobre la ejecución del plan de contingencia para cubrir las vacantes de jueces a escala nacional. También deberá entregar una propuesta para la selección temporal de jueces de primer nivel con el objetivo de garantizar la atención en las unidades judiciales que registran vacantes.
Además, la Dirección General deberá informar el número de jueces que actualmente se encuentran en comisión de servicios a escala nacional y presentar una recomendación sobre la forma en que estos servidores podrían contribuir a cubrir las necesidades existentes.
Caicedo señaló que la administración de justicia se ha visto afectada por la falta de personal y de jueces, debido a destituciones y salidas de funcionarios, por lo que se activó el plan de contingencia.
Durante la misma sesión, la presidenta dispuso que la Dirección General presente, en un plazo de 72 horas, un informe para determinar si es posible la homologación salarial solicitada por servidores judiciales. (I)
