En la Asamblea Nacional avanza el trámite de un proyecto de ley que reforma tres normativas en las que se otorga mandato expreso, integral y operativo al Estado para bloquear, rastrear y judicializar las llamadas telefónicas no autorizadas desde los centros de privación de la libertad (CPL).
El proyecto de ley planteado por el legislador Ferdinan Álvarez (ADN) propone reformar la ley de telecomunicaciones, Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Inteligencia, en la que se declara a los centros penitenciarios como zonas de seguridad en telecomunicaciones, faculta la instalación de inhibidores selectivos y sistemas de acceso gestionado, obliga a las operadoras telefónicas a cooperar en la restricción y trazabilidad de señales, además, tipifica agravantes penales para delitos cometidos desde prisión mediante telecomunicaciones y fortalece la inteligencia penitenciaria y la coordinación interinstitucional.
La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea, presidida por la legisladora Inés Alarcón (ADN), inició el trámite con la comparecencia de la representante de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, (Asotel) y del Consejo Nacional de la Judicatura.
Patricia Falconí, presidenta de la Asotel, indicó que el sector de telecomunicaciones seguirá siendo un aliado estratégico para el combate contra el crimen organizado.
Dijo que desde su sector están de acuerdo con el proyecto y presentaron sus observaciones, que se enfocan en delimitar de manera adecuada el rol de las diferentes instituciones y competencias que están dentro de la propuesta.
Plantearon cambios en tres artículos en específico respecto a las competencias, así como las medidas técnicas complementarias que contribuyan a la prevención e investigación de actividades ilícitas.
Carlos Alomoto y Pablo León, delegados del Consejo de la Judicatura, fueron los encargados de exponer las observaciones en las que señalaron que es pertinente el texto planteado al Legislativo.
El asambleísta Amado Zambrano (ADN) planteó la unificación del proyecto con el proyecto de ley orgánica de regulación de sistemas de videovigilancia, toda vez que ambas buscan fortalecer las capacidades institucionales del Estado en materia de seguridad mediante la regulación de herramientas tecnológicas orientadas al monitoreo, control y apoyo en tareas de prevención e investigación de conductas ilícitas.
Propuesta
La propuesta de ley busca fortalecer el marco jurídico del Estado ecuatoriano para cortar los canales de comunicación utilizados por el crimen organizado desde los centros de privación de libertad, garantizando al mismo tiempo la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales.
El proyecto de ley está orientado a combatir las comunicaciones telefónicas no autorizadas realizadas desde las cárceles. Para ello, establece la obligación de que las operadoras de telecomunicaciones, a solicitud de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), cooperen en la implementación de medidas técnicas destinadas a controlar, limitar o canalizar el tráfico de comunicaciones no autorizadas generadas desde las zonas de seguridad en telecomunicaciones.
Estas medidas podrán incluir, entre otras, la reconfiguración de celdas, ajustes de potencia, instalación de celdas pequeñas perimetrales y la participación en sistemas de acceso gestionado. El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme al régimen administrativo vigente.
Asimismo, las operadoras deberán coordinar acciones en tiempo real con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Arcotel, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el fin de controlar las comunicaciones no autorizadas dentro de los centros penitenciarios.
La iniciativa también autoriza la instalación de inhibidores selectivos en los centros de privación de libertad, bajo parámetros técnicos que eviten interferencias a terceros.
Además, reserva exclusivamente a las entidades públicas competentes el uso de inhibidores selectivos, sistemas de acceso gestionado e IMSI catchers, siempre con la autorización regulatoria correspondiente y, cuando proceda, con control o notificación judicial, bajo una regulación técnica específica.
El proyecto dispone el decomiso y la destrucción de los equipos de telecomunicaciones incautados en las cárceles, así como la aplicación de la extinción de dominio sobre los bienes vinculados a delitos cometidos mediante telecomunicaciones no autorizadas.
En materia penal, se establece un incremento de un tercio en la pena máxima cuando un delito sea cometido mediante telecomunicaciones no autorizadas desde un centro penitenciario.
Finalmente, se sancionará con penas de entre tres y cinco años de prisión a los servidores penitenciarios o policiales que faciliten o permitan el uso de telecomunicaciones no autorizadas dentro de los centros de privación de libertad.(I)
