El lunes 29 de junio próximo se realizará la audiencia de revisión de las medidas cautelares solicitada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dos de sus hermanos, un primo, la empresa Inmobiliaria Fiorema S. A., cuya única accionista es Gioconda Henriques, madre del alcalde Alvarez, y tiene a José Ruiz Castillo como presidente de la compañía, y Gastón Loy, todos parte de los 26 procesados en el caso Goleada, en el que se investiga el delito de lavado de activos.
Inicialmente esta diligencia fue convocada por el juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado Jairo García para la tarde del viernes 19 de junio último, pero debido a un pedido del fiscal de la causa, Dennis Villavicencio, por un cruce de diligencias, la audiencia se difirió para el 29 de junio, a las 14:30.
La nueva fecha de audiencia fue definida pese a la oposición que mostraron la defensa de Aquiles Alvarez y otros de los solicitantes. El malestar radicaba en que el pedido de diferimiento se hace a última hora y a sabiendas de que esta diligencia ya ha tenido dos diferimientos previos. La Fiscalía también solicita que se revisen las medidas cautelares de varios de los accionantes en este momento.
En el caso Goleada es investigado Aquiles Alvarez y su círculo familiar por una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.
De acuerdo con la teoría fiscal, el grupo empresarial y familiar del alcalde guayaquileño “habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, el que debían despachar a embarcaciones de bandera nacional. Sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos crearon empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener beneficios económicos indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos”.
El asambleísta Raúl Chávez acudió a la Fiscalía General para rendir su versión dentro del caso Goleada.
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Sobre la empresa de la madre del alcalde pesan las medidas de incautación y prohibición de enajenar bienes inmuebles. Gioconda Henriques, a través de su abogado Ramiro García, quien es el mismo de Aquiles Alvarez, argumentó que en el inmueble habitan tres niños y una persona adulta mayor que presenta una discapacidad visual del 42 %, “circunstancias que evidencian la especial situación de vulnerabilidad de quienes residen en dicho bien, que está ubicado en Isla Mocolí.
En la providencia del 19 de junio último, el juez García informó que está aceptada como acusadora particular la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La acusación va directamente contra Aquiles Alvarez y otras nueve personas naturales, así como otras nueve empresas procesadas. (I)
