España se ha consolidado en los últimos años como una de las economías más dinámicas de la eurozona, manteniendo un crecimiento superior al de sus vecinos a pesar de la incertidumbre global. Mientras la región ha navegado entre el estancamiento y la debilidad de la demanda externa, la economía española creció un 2,8% en 2025, duplicando la media de la eurozona (1,4%), y ha mantenido un avance trimestral promedio del 0,8% en los últimos dos años frente al 0,3% de sus vecinos. Este comportamiento excepcional responde en buena medida a los flujos migratorios, que han sido el motor del crecimiento, del empleo y del consumo. Entre 2018 y 2025, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 12,3% en términos reales, de los cuales casi tres cuartas partes (9,1 puntos porcentuales) son atribuibles a la contribución de la población extranjera, frente a los apenas 3,2 puntos aportados por la población nacida en territorio nacional. Esta es una de las conclusiones del informe titulado El aumento demográfico en España como factor explicativo del actual ciclo económico, presentado este jueves por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), un centro de análisis vinculado a la CEOE.
Los expertos ponen énfasis en que, ante el invierno demográfico que enfrenta el país, la inmigración sostiene la base de la actividad económica. Tan solo entre 2018 y 2025, la población nacida en España descendió un 1,9%, mientras que la de los residentes nacidos en el extranjero aumentó un 52,5%, alcanzando los 9,5 millones de personas. Sin este aporte migratorio, que compensó íntegramente la pérdida vegetativa de la población local, España habría registrado descensos demográficos y una capacidad de expansión del PIB muy inferior. De ahí que el factor demográfico explique por sí solo el 43% del crecimiento acumulado en el último ciclo económico.
El mercado laboral es el ejemplo en el que mejor se retrata esta dependencia. De los dos millones de personas que se incorporaron a la población activa (aquella en edad y disposición de trabajar, tanto ocupados como parados) entre 2018 y 2025, prácticamente la totalidad (el 97%) es extranjera o tiene doble nacionalidad, mientras que la población activa española se mantuvo estancada en torno a los 19,3 millones. Se trata de un saldo neto, que descuenta a las personas que salen del mercado laboral (esencialmente por jubilación) y que son, en su inmensa mayoría, españoles de nacimiento.
La aportación positiva de la migración se apoya en un perfil muy concreto, pues ocho de cada 10 migrantes están en edad de trabajar (16-64 años), frente a los seis de cada 10 nacionales. Como resultado, la población migrante ha cubierto casi dos tercios del empleo creado desde 2018, elevando su peso sobre el total de ocupados hasta el 21,3%.
Más allá del mercado laboral, la inmigración también es el soporte de la demanda interna y del consumo. El informe del IEE destaca que, mientras el gasto de los hogares nacionales apenas creció un 1% entre 2018 y 2025, el consumo de los hogares de origen extranjero se disparó un 66%. Una vez más, su aporte explica casi todo el crecimiento del consumo final de las familias en este periodo, inyectando dinamismo frente a la caída de la demanda externa.
De cara a 2026, la contribución de la población extranjera volverá a ser determinante en un ejercicio marcado por la desaceleración económica global y las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo. Con el bloqueo del estrecho de Ormuz tensionando los precios energéticos y restando tracción al sector exterior, las previsiones de crecimiento para España se han revisado a la baja: un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. La inflación se situaría alrededor del 3,2% y se moderaría al 2,7% el próximo año. En este escenario de menor dinamismo, se prevé que la población extranjera sea quien tire de la economía.
Aunque desde el IEE advierten de que la cifra exacta para este año es compleja de estimar —al disponer, por el momento, solo de los datos laborales del primer trimestre y al encontrarse el país en pleno proceso de regularización extraordinaria—, sus expertos trabajan bajo la hipótesis de que la aportación de este colectivo al PIB será similar a la registrada entre 2018 y 2025. Esto implicaría que, una vez más, cerca de tres cuartas partes del crecimiento económico volverían a explicarse por el impulso demográfico y laboral de la población extranjera.
A pesar de la contribución de la inmigración a la economía, los expertos advierten de que el futuro no puede depender en exclusiva del crecimiento demográfico. El país sigue rezagado en la tasa de productividad por ocupado, que descendió un 0,1% en el primer trimestre de 2026 y acumula así cuatro caídas consecutivas. En su opinión, también es necesario fomentar la inversión y la innovación para mejorar la productividad y crear empleo de mayor valor añadido.
Además, el país enfrenta un cuello de botella en el mercado de la vivienda. El rápido aumento de la población ha disparado la formación neta de nuevos hogares hasta las 230.000 unidades en 2025, mientras que la construcción de vivienda nueva permanece estancada en torno a los 80.000 pisos anuales. Esta disparidad, que implica la creación de casi tres hogares por cada vivienda terminada, ha disparado los precios tanto de alquiler como de compraventa. Y aunque la demanda nacional ha crecido un 30% desde 2018, la población extranjera ya representa el 17% de las transacciones inmobiliarias, lo que agrava un problema de oferta insuficiente.
