Desde el viernes último corren los tres días que tienen para apelar 19 de los 21 procesados en el caso Apagón que recibieron orden de prisión preventiva del conjuez Vinicio Rodríguez, magistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que llevará la primera parte del proceso penal que analizará el delito de peculado ocurrido en la adquisición de 50 generadores eléctricos inservibles a la empresa estadounidense Progen y en el que se habría generado un perjuicio para el Estado ecuatoriano de $ 104 millones.
Rodríguez, el viernes, 23 de mayo pasado, en su lectura de resolución aceptó parcialmente el pedido hecho la semana pasada por el fiscal general encargado Carlos Alarcón, quien solicitó se emita prisión preventiva para los 21 acusados. Finalmente, el magistrado nacional dispuso prisión preventiva para 19 de los sospechosos, entre quienes está el exministro de Energía Antonio Goncalvez; el exgerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Fabián Calero; y los representantes de Progen, Andrew Scott Williamson y Karla Saud Calero.
Solo emitió medidas alternativas a la prisión preventiva para el exgerente de la Unidad de Negocios TermoPichincha, Byron Orozco, quien demostró mantener una enfermedad catastrófica y deberá mantener arresto domiciliario y usará grillete electrónico; mientras que a César T. Z. el conjuez nacional le ordenó presentación periódica los miércoles de cada semana. Noventa días durará la etapa de instrucción fiscal.
Para Karla Saud Calero y Andrew Williamson Scott, representantes de Progen y acusados como coautores del delito de peculado, debido a la orden de prisión preventiva impuesta y al encontrarse fuera del país, Rodríguez pidió que se oficie a la Interpol para que se emita una notificación roja para se los localice y capture.
El magistrado de la CNJ concluyó que las medidas no privativas de libertad no son suficientes para garantizar la participación de los procesados en el proceso penal, por lo que la prisión preventiva era la medida adecuada, al menos, en 19 casos. Refirió que la Fiscalía ha justificado y existen elementos de convicción que permiten presumir la participación de todos los procesados.
Respecto al exministro Goncalves el juzgador defendió que la medida de prisión preventiva resulta idónea, ya que se han presentado elementos que permitirían sustentar su posible participación. Agregó que esta medida tiene como finalidad garantizar su presencia en el proceso y, “al tratarse de una persona que ocupó un alto cargo, el riesgo de fuga es posible y se suma la gravedad de la conducta investigada”.
A través de un comunicado, el exministro Goncalves rechazó la medida dispuesta por el conjuez de la Corte Nacional y afirmó que acudirá a todas las acciones legales nacionales e internacionales, para defender sus derechos y su libertad, así como los intereses del Estado Ecuatoriano. Insistió en que buscará que se determine la trazabilidad de los fondos transferidos a la estadounidense Progen, quién o quienes los recibieron,y se determine a los “verdaderos culpables y estos respondan ante la justicia por los graves perjuicios ocasionados”.
Audiencia de formulación de cargos en caso Apagón de la empresa Progen, en la Corte Nacional de Justicia.
Fiscal Carlos Alarcón.
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Desde otras defensa de procesados que recibieron la orden de prisión preventiva se abundó que también apelarán la medida impuesta. Fundamentan la acción en que la Fiscalía no individualizó los elementos que mantiene para acusarlos, sino que más bien hizo una lectura general de la teoría de acusación, incumpliendo así lo dispuesto en la norma que rige a la formulación de cargos.
Los hechos investigados en el caso Apagón, según la Fiscalía, tienen que ver con que un grupo de funcionarios públicos relacionados con el sector eléctrico de Ecuador, aprovechándose del déficit energético que atravesaba el Ecuador, “abusaron, se apropiaron, distrajeron, dispusieron arbitrariamente, evadieron y omitieron procedimientos de contratación pública” en la fase precontractual, contractual y de ejecución para favorecer a la contratista estadounidense Progen, la cual no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones derivadas del objeto contractual.
Los hechos relevantes señalados por la Fiscalía tienen que ver con los contratos emergentes de El Salitral y Quevedo para la generación térmica terrestre efectuados por el Estado ecuatoriano. La acusación fiscal refiere que dentro del peculado existente 19 de los procesados actuaron como autores directos y dos como cómplices. (I)
