España es uno de los países de la Unión Europea energéticamente más dependientes. Nuestra matriz energética está basada en el petróleo y el gas natural, situación que, al margen de hacernos vulnerables por la volatilidad de precios, nos convierte en un país con emisiones que van en contra de los compromisos asumidos en la lucha contra el cambio climático.
Por otro lado, disponemos de recursos renovables y de superficie utilizable, libre de conflictos sociales y medioambientales, para su desarrollo. Tenemos, además, experiencia demostrada que avala que la apuesta por las renovables nos permitiría liderar la oportunidad económica de prescindir de las fuentes de energía fósiles. La realidad demostrada es que somos capaces de producir electricidad mucho más barata que los países de nuestro entorno y que esta ventaja comparativa debería ser la base de una nueva economía con mayor competitividad e independencia.
La apuesta decidida por la transición energética no es labor de una legislatura, sino que exige un compromiso a largo plazo, con las garantías jurídicas y económicas que da el mantenimiento del marco regulatorio. Necesitamos que los inversores dispongan de un marco estable para que los retornos a la inversión no sufran las incertidumbres provocadas por los cambios políticos. Esta estabilidad regulatoria también es primordial para que los consumidores decidan modificar su modelo de consumo y apostar por la electricidad frente a los procesos de combustión.
La consolidación de la explotación de los recursos energéticos de los que disponemos y la estabilidad necesaria para el cambio se logra mediante un doble compromiso: disponer de una política energética adecuada y del máximo consenso entre las fuerzas políticas para que garanticen un compromiso seguro y el mantenimiento de los escenarios planteados.
Desde 2021, cuando la Comisión Europea aprobó la primera propuesta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) remitido por el Gobierno de España, disponemos del marco de medidas y de objetivos para que la transición se convierta en el motor de un desarrollo económico y social sostenible. Alcanzar los objetivos no será fácil, sobre todo después del incremento de ambición que supuso la actualización del PNIEC en 2023. Necesitamos avanzar de forma transversal en todas las líneas planificadas. No basta con crecer solo en renovables, tenemos que hacerlo también en la electrificación de la demanda, en el desarrollo de las redes eléctricas, en la implementación de nuevos procedimientos operativos, en instalaciones de almacenamiento y en hacer flexible la oferta y la demanda de energía.
El apagón de abril de 2025 fue un aviso de que nuestro desarrollo no estaba acompasado y no era todo lo transversal que el PNIEC establecía, y nos dimos cuenta de que era necesario reforzar la base regulatoria para que la transición no solo incrementara su velocidad de desarrollo, sino que también se llevara a cabo dentro de las normas de seguridad de suministro y de minimización de costes operativos. El Gobierno aprobó el RDL 7/2025, de medidas para el refuerzo del sistema eléctrico y, a pesar de que tenía un apoyo amplio, tanto de las organizaciones de consumidores, de grupos ecologistas, de los sindicatos y del sector empresarial, no fue convalidado por el Congreso. Su rechazo no se debió a un desacuerdo con las medidas propuestas, sino que fue una muestra más de tacticismo político para dar una señal de rechazo a la labor del Gobierno.
Sin embargo, el pasado 26 de marzo sí fue convalidado, contando con la aprobación de la mayoría de investidura y con la abstención del Partido Popular y de Podemos, el RDL 7/2026 que no solo introducía medidas para enfrentarnos a las consecuencias de la crisis provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, sino que recuperaba algunas que formaban parte del RDL 7/2025 no convalidado.
La señal de falta de diálogo y de voluntad de consenso es el peor veneno para lograr el cambio de modelo energético emprendido, en el que se requiere un fuerte impulso inversor para ir ganando la independencia que nos da nuestra apuesta renovable. Necesitamos un Pacto de Estado de Energía para visibilizar que es un empeño a largo plazo y sin retorno y para que quien quiera invertir pueda tener un escenario estable en el que se muevan los flujos de caja proyectados y no la incertidumbre a la que estamos sometidos.
La nueva realidad energética para aprovechar los bajos costes de generación de las energías renovables y su capacidad de integrarse en la gestionabilidad del sistema se basa en la electrificación de la demanda. Y esta supone, entre otras cosas, apostar por un marco tarifario sin sobrecostes que permita un nuevo modelo industrial del automóvil; la rehabilitación de viviendas; la vertebración del territorio; un desarrollo urbanístico integrado y consecuente con las necesidades de la ciudadanía; el desarrollo de un turismo no extractivo, que no gentrifique ni tensione la vida de las personas; un medio rural con nuevas oportunidades originadas por los ingresos que aporta el desarrollo energético renovable y de servicios; un sector primario no intensivo y que respete la existencia de una actividad diversificada; la extensión y modernización de las redes eléctricas, infraestructuras estratégicas esenciales cuyo desarrollo debe garantizarse sin convertir lo que es un monopolio natural en uno empresarial…
La energía es el motor de la economía, pero, al mismo tiempo, es un bien de primera necesidad. Si bien, en 2013, el Congreso aceptó el compromiso de que el bono social incluya todas las condiciones de vulnerabilidad social y económica, es necesario que este Pacto también asuma, como objetivo ineludible, que España tiene que erradicar la pobreza energética y que el acceso a la energía debe tener carácter universal.
La política energética actual es la adecuada y llevarla a cabo exige un diálogo político que no frene el desarrollo de las oportunidades y el aprovechamiento de los recursos. El diálogo y el consenso logrado en la convalidación del RDL 7/2026 deben imperar, no para buscar una victoria política frente al adversario, sino como reflejo del compromiso en la defensa del bien común y para aprovechar las oportunidades de las que disponemos.
