La autoridad fiscal (AIReF) publicó su estudio sobre el gasto público en la Incapacidad Temporal (IT) laboral el 2 de febrero. Fue un terremoto. La causa, sus cifras escandalosas: la IT absorbió en 2024 más de 16.000 millones de euros de la Seguridad Social. Triplicaba los 5.400 millones de 2017. Era su segundo mayor gasto, tras las pensiones (unos 200.000 millones).
Otras comparaciones. El gasto público sanitario alcanzó 101.739 millones de euros ese año, o sea que la IT supuso más de su quinta parte. O casi dos tercios, el 71%, del coste bruto del desempleo (22.872 millones), con la ventaja de este que se financia mediante cotizaciones sociales. Holgadamente, pues el saldo arroja superávit.
Si hay indicios de que ese dinero no se emplea de forma óptima, el debate está servido. No es un mero rincón del presupuesto. Y si hay un porcentaje significativo de fraude, como se sospecha, llegaría a problema de primer orden. El asunto subió a la escena pública: esta misma semana, en la reunión anual del Cercle d’Economia de Barcelona.
Tras la AIReF, los actores reaccionaron. Los sindicatos, varados en encuestas que presumen que un 51,3% de los consultados acudieron a trabajar al menos un día estando enfermos, negocian ya en convenios fórmulas para acotar excesos derivando el arbitraje a las mutuas. Y las patronales, que atribuían el exceso a los trabajadores, eludiendo su responsabilidad, empezaron a reconocer su corresponsabilidad.
Un ejemplo es el informe de la PIMEC catalana (“Evolución de las bajas por incapacidad temporal en España, 2013-2025”, 11 de febrero) que propuso mejoras en “los hábitos saludables” y la “generación de entornos de trabajo que favorezcan el bienestar”. Esta patronal amplificó el alcance del problema. Sumó al coste directo de las prestaciones de la SS, los de las empresas y el de oportunidad: hasta 162.564 millones, un 10,2% del PIB; o la mitad, el 5,6% según el criterio de sustitución (de los ausentes).
La inquietud es que el absentismo a través de la IT se dispara. Desde la pandemia de la covid, sobre todo entre jóvenes que alegan problemas de salud mental; y médicos del seguro que los validan sin más.
Casi todos los actores consideran, con tino, que la causa radica en la total falta de control en los primeros 365 días de la incapacidad. Así, el directivo de la AIReF José María Casado, urge a la Seguridad Social a cumplir su deber de información, mediante advertencias por correo, como Hacienda.
Y directivos médicos como Jaume Sellarés (Clínica Sardenya) reclaman la generalización de una medida ya arbitrada por la Generalitat, y objeto de distintos bloqueos: la dotación de asistentes sanitarios a los médicos de los ambulatorios (CAP) para aligerar su carga burocrática, reducir listas de espera, mejorar atención y control. Un estudio de su equipo cifra en hasta veinte puntos porcentuales la mejora obtenida con este método en algunos baremos (“Efectividad del asistente clínico en el control de pacientes hipertensos y diabéticos en atención primaria”, Elsevier, 2024). Práctica muy común en Suiza, Alemania y EE UU. Aquí, escasa.
