Antes de los diez días permitidos, la comisión ciudadana prevé concluir con la revisión del cumplimiento de requisitos de 75 candidatos a presidir la Fiscalía General del Estado: les faltan 24 carpetas.
El martes pasado, nueve de diez miembros de este cuerpo colegiado instalaron una reunión de trabajo para iniciar con la revisión de 75 expedientes presentados por los aspirantes a ser fiscal general, dentro de un concurso de méritos y oposición que se extendería unos seis o siete meses.
Este viernes, en una tercera sesión de reinstalación, se informó que en los últimos cuatro días se revisaron 51 carpetas, correspondiente al 68 % del total.
El reglamento les da un término de diez días (hábiles) para culminar con esta segunda fase, que termina el 23 de marzo. Luego, tienen otro término de tres días para elaborar el informe y publicar el listado de admitidos debidamente motivado.
Las jornadas arrancaron desde las 09:30 hasta pasadas las 18:00 y en las que los comisionados han permanecido observados por varios de los integrantes de la veeduría ciudadana que vigila sus actuaciones.
En la revisión se han reportado incidencias que eran alertadas por los comisionados.
Por ejemplo, este viernes, la comisionada Silvana Ramírez (delegada de la Asamblea Nacional) informó que un postulante (sobre el que mantuvo la reserva de su nombre y número de expediente) tenía en su documentación un título de cuarto nivel en Derecho.
Sin embargo, su título de tercer nivel (universitario) no tenía relación con esa rama, ni tampoco era de abogado de los tribunales como lo establece la Constitución.
Su título universitario era de otra carrera que no es afín a la abogacía, sistemas informáticos, dijo Ramírez.
Así también otros comisionados apreciaron errores en la foliatura (numeración) de los documentos: por ejemplo, una hoja estaba numerada 26, pero en letras decía 27; en otra carpeta lo correcto era página 32 pero se escribió 22 y 33 se numeró 23.
Entre otros casos, el de un postulante de Santo Domingo de los Tsáchilas que tampoco coincidía la numeración y no presentó respaldo digital de sus documentos.
También había errores de tipeo que se reportaron desde las delegaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de las provincias.
A diferencia de concursos públicos anteriores que se han realizado en el Consejo de Participación, en esta ocasión los postulantes se presentaron a las oficinas en Quito, pero el foliado de documentos no se hacía bajo la presencia de los interesados.
Al contrario, se receptaban las inscripciones detrás de una ventanilla en la que estaban funcionarios de la secretaría general —que es la encargada de dar fe de los actos— y que está a cargo de la prosecretaria María Granizo, quien ha ocupado ese puesto bajo la figura de “encargo” por los últimos dos años.
Las postulaciones al concurso de fiscal se cerraron la medianoche del 3 de marzo y, aunque el reglamento concede un día para entregarlos a la comisión ciudadana, esta diligencia se cumplió tres días después.
Se informó que la demora se debió a la digitalización de los papeles y el traslado desde las delegaciones provinciales, pero se desconoció cuál fue la custodia de estos 75 expedientes, que permanecieron sábado y domingo en la secretaría general, advirtió el coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga.
En todo caso, una vez que la comisión concluya con esta revisión se concentrarán en elaborar los informes de admisibilidad de cada uno de los concursantes y publicará el listado de los admitidos.
Para hacer ese informe tienen un término de tres días y habrá otro término de tres días para que los ciudadanos inadmitidos pidan reconsideración de la decisión.
Los comisionados tendrán otros cinco días para responder de manera individual y motivadamente.
La admisibilidad es la segunda de cinco etapas que esta comisión debe completar, bajo la vigilancia de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y la veeduría ciudadana.
En este momento del concurso se verifica el cumplimiento de cinco aspectos de los aspirantes:
- La nacionalidad ecuatoriana a través de la cédula de identidad o pasaporte
- Encontrarse en goce de los derechos políticos para lo que se verificará la declaración juramentada
- Para constatar el título de tercer nivel en Derecho se observará el registro del título en la Senescyt.
- Conocimientos en gestión administrativa, se verificarán los certificados de formación complementaria y las funciones ejercidas certificadas en su experiencia profesional.
- Para confirmar los diez años de haber ejercido la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal, se verán sus cargos bajo relación de dependencia en el sector público, como certificados emitidos por las unidades de talento humano.
En el sector privado que se hayan entregado certificados laborales, copias certificadas de contratos laborales, historial laboral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), certificaciones de prestación de servicios profesionales y demás documentos.
En el libre ejercicio de la profesión se verificarán actas de audiencias, actos de proposición, denuncias, sentencias, recursos ordinarios y extraordinarios de casación y revisión que evidencien que el postulante ha ejercido el patrocinio.
Una vez que precluya esta fase continuará la calificación de méritos sobre 50 puntos.
En el listado de participantes constan rostros conocidos como el del fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón; la actual jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho; José de la Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa, entre otros jueces, fiscales y abogados en el libre ejercicio. (I)
