Sesiones extraordinarias, sumarios disciplinarios y revisión de casos urgentes son parte de las decisiones adoptadas por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) para evitar que prescriban hasta diciembre de 2026 cerca de 1.000 expedientes disciplinarios que actualmente reposan en las direcciones provinciales de la institución.
El 27 de mayo pasado las autoridades de la Judicatura conocieron un informe sobre 1.005 expedientes disciplinarios que podrían prescribir hasta diciembre de este año si no se les da un tratamiento especial. Ante ello, el pleno del CJ conoció un cronograma de trabajo que buscaría evacuar los procesos administrativos que se remitan a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario.
En esa línea decidieron que para solventar esa situación se realizarán entre ocho y trece sesiones cada mes, hasta finalizar el 2026. Así se agilizará la tramitación y se garantizará respuestas oportunas a la documentación que ingresa a la Subdirección de Control Disciplinario del CJ.
El organismo de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, desde finales de abril pasado, mantiene como su nueva presidenta a Mercedes Caicedo. Su llegada al CJ se dio luego de que en la Asamblea Nacional se le posesionó para completar un periodo que culmina en 2031 y para el cual inicialmente fue designado Mario Godoy, titular del organismo que fue censurado y destituido del cargo por el Legislativo.
Esta nueva conformación del pleno de la Judicatura mantuvo su primera sesión formal de manera virtual el último 3 de mayo. Inmediatamente, ya bajo la dirección de Caicedo, quien advirtió que impulsaría una nueva etapa de control disciplinario, el órgano colegiado decidió sobre dos expedientes administrativos que estaban por caducar contra un exjuez de la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del Guayas, a quien se lo destituyó, y una jueza de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, quien recibió una multa económica.
Días después, el Consejo de la Judicatura presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen supuestas irregularidades, calificadas como graves, en la gestión de expedientes disciplinarios.
Lo que se pedía se indague es la existencia de funcionarios que estarían exigiendo pagos a jueces y fiscales a cambio de manipular informes disciplinarios sobre declaratoria jurisdiccionales, dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. Para los integrantes del CJ estos hechos podrían derivar en delitos como concusión o tráfico de influencias.
Desde la Judicatura se aclaró que existirán cero encubrimientos, que la depuración será total y que la transparencia será absoluta. “No permitiremos que la justicia sea una mercancía. (…) Quien use su cargo para extorsionar o manipular a la justicia enfrentará todo el peso de la ley. La ética no es negociable”, explicó el CJ en un comunicado.
Para mediados de mayo, el pleno de la Judicatura conoció un informe detallado sobre 86 expedientes disciplinarios que estaban por prescribir entre mayo y junio de 2026. El documento fue emitido para garantizar que las autoridades resuelvan los expedientes dentro de los plazos establecidos en la ley.
En ese marco, Caicedo dispuso que el pleno sesionará al menos cuatro veces por semana hasta resolver todos los casos pendientes, definió que se estructure un reporte sobre los procesos disciplinarios que se encuentran en las distintas delegaciones provinciales de la Judicatura que tienen riesgo de prescribir y ordenó que las direcciones provinciales remitan los procesos disciplinarios con al menos de dos mese de anticipación, aunque finalmente ahora será con una anticipación mínima de cuatro meses antes de su prescripción.
Finalmente existe la disposición de que la direcciones provinciales del CJ deben presentar un informe detallado de los procesos archivados, entre 2025 y 2026, sin conocimiento del pleno del organismo.
El vocal de la Judicatura Fabián Fabara está seguro de que la institución necesita revertir esta situación y cree que si van a lograr evacuar alrededor de 80 expedientes disciplinarios que estaban con riesgo de prescripción, hasta finales del mes de junio. “Nos hemos impuesto la tarea y este será el ritmo durante las próximas semanas”, anotó.
Para finales de marzo, la presidenta Caicedo, Fabara y los también vocales del CJ Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros y Damián Larco conocieron el informe en el que se establecía que existe un total de 1.005 expedientes disciplinarios que reposan en las direcciones provinciales de la Judicatura y que tienen riesgo de prescribir hasta diciembre próximo.
De ese total, indicó la Judicatura, al menos 7 expedientes prescribían en mayo, 70 podrían prescribir en junio, 116 en julio, 115 en agosto, 157 en septiembre, 161 en octubre, 136 en noviembre y 244 en diciembre.
Fabara recordó que han encontrado novedades como que hay directores provinciales que existiendo una declaratoria jurisdiccional de error excusable, manifiesta negligencia o dolo, resolvieron por sí y ante sí declarar archivos de sumarios o de investigaciones que habían iniciado. Ese proceder, dijo el vocal, no les compete.
“Estas acciones fortalecerán el control institucional y consolidarán una política de cero tolerancia frente a la inacción administrativa. De esta manera ningún caso quedará sin resolver y las autoridades competentes actuarán dentro de los tiempos previstos por la norma vigente”, se indicó en un comunicado del CJ.
Siguiendo con la potestad disciplinaria de quienes integran el CJ, el pleno dispuso el inicio de una investigación en contra del exdirector del CJ en el área disciplinaria de Manabí y otros funcionarios de esa delegación por haber provocado la nulidad de un expediente y la posterior prescripción del proceso sancionatorio. Ese mismo exdirector, en otro proceso disciplinario, fue suspendido por 30 días sin sueldo, porque ratificó la inocencia de un juez sin sustentar adecuadamente la decisión.
Según datos de la Judicatura, en los cuatro primeros meses de este 2026, el pleno del CJ destituyó a 23 servidores judiciales, 13 jueces, 2 directores provinciales, 4 secretarios, un ayudante judicial, un fiscal, un defensor público y un asistente de Fiscalía.
Como parte de las acciones permanentes de control disciplinario, el CJ conoció el informe de una visita técnica realizada a la Dirección Provincial de Los Ríos, en la que se habrían identificado inconsistencias en la tramitación y resolución de expedientes iniciados en contra de servidores judiciales.
Se conoció que la inspección ejecutada por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, entre el 27 y 28 de mayo pasado, permitió verificar el estado de sumarios y detectar inconsistencias. Entre los hallazgos se habría evidenciado que las decisiones adoptadas en tres expedientes carecían de una motivación suficiente, se determinaron de forma incorrecta las presuntas infracciones investigadas y se registraron incumplimientos de procedimientos establecidos en la norma.
Con esa información, el pleno dispuso el inicio de las respectivas acciones disciplinarias contra los funcionarios que intervinieron en los procesos conocidos, para así determinar responsabilidades administrativas.
Durante la visita también se habrían identificado cinco expedientes prescritos: sobre cuatro se iniciaron investigaciones y uno se halla para conocimiento del pleno.
“Se constató que en la provincia de Los Ríos existen 56 sumarios administrativos, 82 investigaciones previas y 201 escritos pendientes de despacho. Esto ocurre pese al exceso de personal en la unidad de control disciplinario y la baja carga laboral”, refirió la Judicatura. (I)
