La suspensión temporal que enfrenta el movimiento político Revolución Ciudadana (RC) lo inhabilitará para postular candidatos en las elecciones seccionales de febrero de 2027 y también podría repercutir en los adherentes y militantes que aspiren a inscribirse como “invitados” en otras organizaciones políticas aliadas.
En medio del periodo electoral para preparar los comicios seccionales del 14 de febrero de 2027, un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, emitió una medida cautelar de suspensión provisional en contra de la RC, lista 5, tras admitir a trámite una denuncia —de la que se desconocen las causas de una posible infracción electoral— planteada por Leonardo Alarcón, fiscal subrogante de la Fiscalía General del Estado.
La denuncia se ingresó el 4 de marzo de 2026 por los fiscales Alarcón y Judith Bonilla Estrada, esta última de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, que estaría relacionada con una investigación previa por el delito de lavado de activos.
Se presume que el movimiento habría recibido dineros ilícitos del Gobierno del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, para financiar la campaña electoral del binomio presidencial de entonces, integrado por Luisa González y Andrés Arauz.
Este periodo de suspensión por nueve meses ordenado por Viteri terminaría en diciembre de este año, por lo que la militancia de la RC quedaría fuera de la contienda electoral.
El calendario de actividades para preparar los comicios estima que hasta el 1 de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda, como fecha límite, inscribir organizaciones políticas.
Luego, el 29 de junio se conocería el número total de partidos y movimientos que estarán habilitados para inscribir candidatos para las dignidades de alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales.
Desde el 21 de julio hasta el 4 de agosto se receptarán solicitudes de las agrupaciones para realizar procesos de democracia interna en los que los militantes, adherentes y afiliados eligen a sus precandidatos para cada dignidad.
Entre el 31 de julio y el 14 de agosto los partidos y movimientos harán sus elecciones primarias y sellarán alianzas electorales.
El 30 de agosto, el CNE hará la convocatoria oficial a elecciones, y desde el 31 de agosto hasta el 29 de septiembre se receptará la inscripción de los precandidatos.
Se estima que al terminar diciembre o la primera semana de enero de 2027 se conozca la lista final de candidatos inscritos y calificados para estar en las papeletas electorales, para con ello dar paso a la campaña política.
Bajo este escenario, si el TCE no levanta la suspensión entre abril y mayo, la RC no podrá habilitar su movimiento y estará impedida de hacer elecciones primarias para escoger precandidatos e inscribirlos.
El Código de la Democracia establece que podrán presentar candidaturas las organizaciones políticas que hayan sido legalmente registradas hasta 90 días antes de la respectiva convocatoria a elecciones.
Con lo que hasta junio la RC tendría que estar habilitada.
A esto se suma que, en el artículo 336 de la ley electoral, se dispone que los afiliados y adherentes no pueden inscribirse como candidatos de otras organizaciones “a menos que hayan renunciado con 90 días de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones de candidaturas en el proceso electoral que corresponda o cuenten con autorización expresa de la organización política a la que pertenecen, de conformidad con sus estatutos, régimen orgánico o con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral después de agotar los respectivos recursos”.
Esto afectará a las bases y posibles precandidatos del movimiento correísta que tendrían que renunciar a la RC para ser candidatos por otra organización o alianza electoral.
Sin embargo, la organización política está impedida de actuar debido a la suspensión.
Luisa, en funciones prorrogadas
Pese a que la Revolución Ciudadana hizo su convención nacional en enero pasado, el Consejo Nacional Electoral todavía no ha inscrito a la nueva directiva, que tiene como presidenta a la exlegisladora Gabriela Rivadeneira.
En funciones prorrogadas se mantiene en la presidencia Luisa González.
En tanto, respecto de la investigación previa que se sigue a la organización y su directiva, el Código de la Democracia permite que el TCE en el trámite de las infracciones pueda sancionar con multas que vayan desde diez hasta 100 remuneraciones y/o con la suspensión de hasta 24 meses, dependiendo de la gravedad de la infracción y/o de su reiteración.
Dependiendo de los elementos de convicción que haya recabado la Fiscalía para probar una posible infracción electoral y, en lo penal, un delito de lavado de activos relacionado con aportes ilícitos a la campañas, los jefes de campaña de la RC y responsables del manejo económico pueden ser sancionados con una multa de 20 a 70 salarios básicos y la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años.
La ley impone además que, de haber candidatos involucrados en la infracción, electos o no, se les impondrá una multa con el doble del aporte ilícito recibido y perderán el cargo para el cual fueron electos.
La presidenta electa de la RC, Gabriela Rivadeneira, en una transmisión en redes sociales, la noche del 7 de marzo, hizo un llamado a los militantes a presentar “denuncias” que serán enviadas al Tribunal Contencioso para que sean tramitadas.
“Vamos a mantener nuestra fuerza, y vamos a ampliar porque tenemos una propuesta para el país. Claro que somos alternativa”, manifestó.
Invitó también a la militancia de las provincias a reunirse en las gobernaciones a protestar en un acto al que nombró ‘A las 5 por la 5′. (I)
