El presunto funcionamiento de una ‘sala espejo’ que se habría instalado en 2024 en las oficinas del Municipio de Guayaquil con acceso a los sistemas de videovigilancia de Segura EP se fiscalizará en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.
En la sesión 101 que se instaló la mañana de este miércoles, 17 de junio de 2026, el Parlamento aprobó una moción presentada por el asambleísta Andrés Castillo, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), para que se investigue este caso al que se lo denominó Segura EP.
La moción fue aprobada con 143 votos a favor de todos los asambleístas presentes en la sesión, con excepción de Annie Muñoz (RC), quien votó en abstención. Legisladores de ADN y sus aliados, Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik apoyaron la propuesta de Andrés Castillo.
Con la aprobación de esta iniciativa, la Comisión de Seguridad empezará con el proceso de fiscalización para conocer, analizar y dar seguimiento a los hechos relacionados con las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en Guayaquil, así como sus posibles implicaciones para la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la protección de información estratégica.
El documento aprobado también dispone a la mesa legislativa, de mayoría oficialista y presidida por Inés Alarcón (ADN), que presente ante el pleno de la Asamblea Nacional un informe con las conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización, en el plazo que determine la propia comisión conforme a su planificación de trabajo.
Asimismo, el Legislativo dispuso a la Secretaría General de la Asamblea que remita esta resolución a organismos e instituciones como el Ministerio del Interior, Policía Nacional; el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Segura EP; a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado, para su conocimiento y fines pertinentes.
Según un informe técnico de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP), en noviembre de 2024 se habilitó una “sala espejo” en oficinas del Municipio de Guayaquil con acceso privilegiado a los sistemas de videovigilancia de la empresa pública.
Sobre el caso Segura EP
La documentación, que conoció este Diario, señala que la instalación de dicha sala y la entrega de permisos de acceso se realizaron por disposición de Fernando Cornejo, entonces presidente del directorio de Segura EP y mano derecha del alcalde Aquiles Alvarez, procesado en las causas penales Triple A, Goleada y Grillete, y que ahora está detenido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
Este tema se hace público en medio de las denuncias de supuesto espionaje desarrollado por el correísmo utilizando a Segura EP para obtener información sobre el caso que denominaron Porsche y que surgió en el 2025, luego de que se conociera que un vehículo de esa marca, propiedad de Industrial Molinera, del Grupo Noboa, fue encontrado en un inmueble relacionado con la investigación de un atentado en la Bahía de Guayaquil.
En transcripciones de diálogos entre dirigentes de la Revolución Ciudadana (RC) y el expolicía Rodney Rengel, procesado por la presunta difusión de información reservada en el caso León de Troya, se mostraría que el expresidente Rafael Correa ordenó que se realice vigilancia a una vivienda con cámaras de Segura EP.
El informe de Segura EP detalla que las capacidades técnicas habilitadas incluían las siguientes:
1) Visualización en tiempo real: acceso continuo a las tramas de video de las cámaras de seguridad.
2) Control de telemetría (PTZ): permisos para la manipulación y movimiento de cámaras Pan-Tilt-Zoom.
3) Gestión de grabaciones: capacidad para acceder, reproducir, revisar y descargar los videos del historial almacenado.
4) Distribución de software: acceso a los repositorios para la descarga de las aplicaciones del cliente necesarias para la operación.
5) Georreferenciación: consulta de ubicaciones y metadatos operativos en el sistema de información geográfica (GIS).
Sin embargo, el mismo reporte advierte que no es posible determinar el uso que tuvieron estos accesos debido a que los registros de auditoría del sistema se conservan únicamente por 60 días. Es decir, los correspondientes a noviembre de 2024 ya no existen y no pueden ser recuperados. (I)
