La Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) informó este miércoles 17 de junio que solicitó a las autoridades de Estados Unidos la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) a las empresas Progen Industries LLC y Astrobryxa LLC, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Progen.
La decisión fue comunicada a través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, en el que la entidad señaló que la gestión forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la cooperación internacional en torno al caso.
“Como parte de estas gestiones y respecto de la información recientemente difundida por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, la SGIP remitió un pedido oficial a la Embajada de los Estados Unidos para solicitar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, indicó la institución.
Según el comunicado, la solicitud está dirigida contra Progen Industries LLC y Astrobryxa LLC, compañías constituidas bajo legislación estadounidense y que aparecen mencionadas en las investigaciones impulsadas por el Gobierno ecuatoriano sobre los contratos para la instalación de generación termoeléctrica de emergencia.
La Secretaría General de Integridad Pública señaló que la medida busca fortalecer el intercambio de información entre ambos países y aprovechar los mecanismos internacionales disponibles para determinar posibles responsabilidades derivadas de los hechos investigados.
“Esta iniciativa busca fortalecer el intercambio de información y aprovechar el uso de los mecanismos internacionales disponibles, para contribuir de manera decisiva a la determinación de las responsabilidades legales que se deriven de la investigación de conductas irregulares”, señaló la entidad.
El anuncio se produce horas después de que el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, difundiera información sobre una investigación financiera relacionada con los desembolsos efectuados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) a la empresa Progen para los proyectos termoeléctricos de Quevedo y Salitral.
Según Neira, el análisis permitió identificar una red de empresas y personas que habrían recibido recursos derivados de esos contratos. Entre los nombres mencionados constan la empresaria Karla Saud Calero, el empresario José Walter Manrique Suárez y el abogado José Luis Hidalgo Fernández.
El caso Progen se originó a partir de contratos suscritos en agosto de 2024 para la instalación de generación eléctrica de emergencia. Los proyectos acumularon retrasos e incumplimientos; mientras, continúan investigaciones penales relacionadas con el manejo de los recursos públicos destinados a esas obras. (I)
