Veinte de los veintiocho aspirantes a ser fiscal general del Estado solicitaron recalificación de sus méritos, en el marco del concurso público para elegir a esta autoridad que se realiza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El viernes último cerró el plazo para que los veintiocho concursantes en el concurso de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General presenten sus solicitudes de recalificación de méritos valorada sobre 50/100 puntos.
El proceso lo lleva a cabo una comisión ciudadana —integrada por diez personas— que tiene un término de cinco días para pronunciarse sobre los pedidos.
El Consejo de Participación Ciudadana, que supervisa las actuaciones de la comisión, no reveló los nombres de los solicitantes de recalificación.
Pero por declaraciones públicas se conoció que entre ellos están José de la Gasca, exministro de Gobierno de la administración de Daniel Noboa; Inés Romero, actual jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; Mauricio Aguirre y otros más.
El reglamento para designar a esta autoridad ordena que en los pedidos se indiquen los motivos precisos de la afectación y que no se podrá adjuntar nueva información.
Los comisionados analizarán de forma individual los escritos y, de ser el caso que se acepten, se modificará la nota y se generará un nuevo reporte.
Luego de esto, no se admitirán nuevos pedidos y se cerrará la fase con un informe final que lo conocerá el pleno del CPCCS.
El concurso público se puntúa sobre 100 puntos: 50 por los méritos (que corresponden a títulos universitarios y su trayectoria laboral) y otros 50 que se dividen en 30 puntos por la prueba de conocimientos escrita y 20 por la resolución de un caso práctico relacionado con las funciones que desempeña un fiscal del Estado.
Quien obtenga el puntaje más alto y supere la impugnación o escrutinio público será elegido para este cargo por un periodo de seis años.
No obstante, previamente se efectuará la impugnación, en la que los ciudadanos o representantes de la sociedad civil puedan objetar a los postulantes por falta de probidad, idoneidad o incumplimiento de requisitos.
Los concursantes que no sean descalificados como consecuencia de la impugnación estarán habilitados para rendir las pruebas oral y escrita, que las elaborarán un equipo de catedráticos universitarios.
La comisión ciudadana tiene un plazo de cuatro meses y una prórroga de dos meses para terminar con el concurso público y entregar al CPCCS la lista de los mejores puntuados para la designación de la nueva autoridad.
De lo contrario, podrían ser cesados de sus funciones.
El próximo 22 de mayo, los comisionados cumplirán cuatro meses. (I)
