El Gobierno de Donald Trump intensifica su estrategia de asfixiar a la economía cubana. Si desde el pasado mes de enero le cortó el suministro de petróleo procedente de Venezuela, su mayor y casi único proveedor, agravando la crisis económica y social que vive la isla desde hace años, ahora está dispuesto a elevar la presión sobre las empresas extranjeras, amenazándolas con multas millonarias si se demuestra que tienen negocios con Gaesa, el conglomerado militar del Gobierno cubano. Este, según calcula la Administración estadounidense, controla directa o indirectamente el 40% de la actividad económica cubana, lo que incluye la práctica totalidad del sector turístico a través de su filial Gaviota. Por eso las empresas españolas con intereses en la isla, en gran medida vinculadas al turismo, buscan la forma de protegerse frente a un nuevo castigo estadounidense.
Aunque la orden firmada el pasado mes de mayo por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, limita el impacto a empresas con actividad en cinco sectores concretos (energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad), los asesores legales de las empresas españolas concernidas han alertado de que las sanciones, que se empezarán a imponer a partir del 5 de junio, podrían aplicarse de forma indiscriminada a cualquier sector. El motivo es que la regulación estadounidense señala a todas las empresas que “trafiquen” o intercambien bienes y servicios con el Ejecutivo cubano.
Las dos compañías más afectadas por el nuevo giro del embargo sobre la isla son Meliá e Iberostar, las dos hoteleras con mayor presencia en el archipiélago, con 34 y 20 hoteles, respectivamente, todos ellos propiedad de Gaviota. En Meliá prefieren no hacer comentarios por el elevado nivel de incertidumbre existente, aunque consideran que su actividad no está incluida en primera instancia dentro de los cinco sectores afectados. Los analistas, sin embargo, anticipan dificultades. “Ninguna entidad bancaria con presencia o intereses en Estados Unidos querrá asumir el riesgo de intermediar en pagos que involucren a un designado [por Estados Unidos], independientemente de la nacionalidad de su cliente”, apunta Ignacio Aparicio, socio ejecutivo de Andersen en Iberia y socio responsable del Cuban Desk, que acumula 25 años asesorando a multinacionales con intereses en Cuba.
El cierre del grifo del crédito bancario emerge, por lo tanto, como el mayor problema para las empresas hoteleras españolas, incluso por encima de la imposición de sanciones. Y puede ser la puntilla para un negocio que está viviendo una situación inédita. “En el horizonte inmediato, lo más previsible es una ralentización de nuevas inversiones, ajustes societarios orientados a reducir la exposición directa, búsqueda de divisas alternativas al dólar y una mayor prudencia generalizada en la cadena financiera, sin que quepa esperar una desinversión completa y ordenada”, señala Aparicio.
La parte más relevante de los intercambios entre España y Cuba corresponde hoy a la inversión. Los flujos de mercancías quedaron muy dañados por la crisis económica que vive el país caribeño desde 2021. A ella se unieron el impacto de la pandemia y el endurecimiento del embargo estadounidense, que devolvió a Cuba a la lista de países que promueven el terrorismo. Como muestra de esa inestabilidad, Cesce, la aseguradora de crédito española participada por el Estado y la banca, que cubre los riesgos asociados a la internacionalización de empresas españolas, ya no da cobertura a operaciones comerciales en la isla.
En cuanto a las exportaciones españolas a Cuba, según el último informe elaborado por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, alcanzaron los 870 millones de euros en 2024, lo que le sitúa en el puesto 51 entre los clientes de España y el octavo en Latinoamérica, por detrás de México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, República Dominicana y Perú. “Las empresas exportadoras son en su mayoría pymes. Más de 280 están implantadas en el país mediante delegaciones y más de 60 mediante proyectos de inversión”, destaca el citado informe.
“Una invitación a salir de la isla”
En el ámbito de las inversiones, las compañías españolas tienen más de 60 operaciones en el archipiélago, fundamentalmente en la industria del tabaco, los servicios financieros y el comercio mayorista, que sumaban un stock de 442 millones de euros. A esa cifra hay que añadir los 70 contratos de gestión hotelera (el propietario es el conglomerado cubano Gaesa) que tienen Meliá e Iberostar junto a otras siete compañías (Roc, Barceló, Valentín, NH, Blau, Axel y Sirenis).
Meliá ya está sufriendo en su cuenta de resultados el deterioro imparable de la economía cubana. En la última presentación de resultados, correspondiente al primer trimestre del año, la compañía revelaba el impacto negativo de la intervención de Estados Unidos en la región a inicios del año. “Ha generado una dificultad sobrevenida para la obtención de combustible que, junto con el establecimiento de un estricto bloqueo comercial, ha afectado en gran medida al mercado turístico. La falta, además, de combustible de aviación provocó la cancelación de numerosas conexiones directas con el país, incluso desde su principal mercado emisor, el canadiense. En este entorno, se ha producido un cierre paulatino de nuestros hoteles, finalizando el trimestre con aproximadamente el 50% de la capacidad operativa”, señaló en un comunicado.
Una persona responsable de una empresa afectada por el nuevo escenario económico, que habla bajo condición de anonimato para no comprometer a su compañía, precisa que el endurecimiento del embargo es una invitación a salir de la isla: “Solo puedes hacer negocio con Gaesa, que además no paga desde hace tiempo sus facturas. Y ahora si Estados Unidos descubre que haces negocios con una empresa de Gaesa te puede multar”, resume. La Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano, promovida por la patronal catalana Foment del Treball (más del 50% de los impagos corresponden a empresas catalanas), calcula que el importe de las deudas del Gobierno cubano con las empresas españolas supera ya los 316 millones de euros.
El socio ejecutivo de Andersen considera, sin embargo, que existen varios elementos estructurales que dificultan una retirada en masa. “El más importante es la Ley de Inversión Extranjera de Cuba, dictada en 2014 y que establece un marco de empresa mixta que impide la salida unilateral. Cualquier desinversión requeriría en la mayoría de los casos el aval del Estado cubano, transformando el proceso en una negociación prolongada y potencialmente onerosa”. El escenario alternativo y más plausible que prevé suma cuatro elementos. “Lo más previsible es una ralentización de nuevas inversiones, ajustes societarios orientados a reducir la exposición directa, búsqueda de divisas alternativas al dólar y una mayor prudencia generalizada en la cadena financiera”, enumera Aparicio.
