Los carteles se amontonan uno encima del otro en los tablones que hay alrededor de la Plaça Major de Badia del Vallès (Barcelona, 13.000 habitantes). Los hay del No a la guerra, de citas célebres de autores literarios e incluso denuncias sociales. Pero los vecinos comentan uno que llama a la población a acudir el sábado delante del Ayuntamiento para participar en el rodaje de una película sobre el municipio. “¡Huy si hay para contar!“, dice Carmen. Solo el nacimiento de Badia ya es peculiar. El municipio fue proyectado en la década de 1960 en el Instituto de la Vivienda franquista como una zona exclusivamente de vivienda de protección oficial (VPO) que debía para solventar la crisis habitacional que sufría el área de Barcelona. La localidad, a unos 12 kilómetros de la capital catalana, acaba de festejar que hace medio siglo llegaron sus primeros vecinos. Esos 50 años, sin embargo, debían suponer otro hito. Badia debía haber dejado atrás el pasado 6 de febrero de 2026 su pasado de polígono de VPO al liberar las últimas 1.216 viviendas protegidas que quedaban tras un proceso de descalificación que arrancó en 2023. Pero un mes antes, la Generalitat decidió que esos pisos iban a seguir siendo protegidos —y, por tanto, sin posibilidad de venderse a precio de mercado— al hallarse en zona una tensionada por la crisis de la vivienda, lo cual ha puesto a los vecinos en pie de guerra.
El día de Sant Jordi la plaza del Ayuntamiento está abarrotada: hay jóvenes curioseando en las paradas de libros, estudiantes vendiendo rosas y un grupo de vecinos bailando sardanas. Fuera del barullo, un hombre observa una pequeña exposición que repasa la historia de Badia. Han sido 50 años de lucha vecinal desde el comienzo, con las costosas asignaciones de pisos, la falta de servicios o la escasez de profesores. Todo eso lo ha vivido José Montero, que llegó a Badia con 20 años. Han pasado 50 años y ni él ni su esposa, Rafaela Expósito, quieren moverse de la ciudad. Pero no entiende por qué a unos vecinos se les ha eximido de la protección oficial y a ellos no. “En este tiempo yo he cumplido con mi parte de un contrato firmado ante notario”, recuerda.
La ciudad tiene unos 5.400 pisos levantados en 190 bloques en apenas un kilómetro cuadrado. Son viviendas espaciosas y luminosas, aunque algunos edificios arrastran aún problemas como la presencia de amianto o la necesidad de reformas en los balcones o los ascensores. De todas esas viviendas, alrededor del 75% pasaron al mercado libre en 2023. El resto debía hacerlo este año. Sin embargo, la Generalitat logró sacar adelante una ley que, entre otras cosas, contempla impedir que todos los pisos ubicados en zonas tensionadas pasen al mercado libre para evitar que los precios siguieran disparándose y aumentara la “especulación”. “No tiene ningún sentido que mi piso siga siendo de VPO y el de mi padre, que está en el bloque de enfrente, no lo sea. Nos han dividido en ciudadanos de primera y de segunda”, se queja Amalia Frutos, que junto con Dorian Ros ha impulsado una plataforma de afectados.
Entre las particularidades de Badia, la más llamativa es su forma: sus calles dibujan la península Ibérica. Arriba, la avenida del Cantábrico; abajo, la calle de la Bética. Por el oeste, Oporto, y por el este, la Costa Brava. Las viviendas afectadas, dicen los vecinos, son “las que dan al mar”. Es decir, las de los bloques de la avenida Mediterránea o de las calles Ibiza y Costa Brava. En una de esas viven Genaro Álvarez y Susana Duarte, que tampoco entienden esa decisión. “Nos tratan de especuladores”, protesta Álvarez. Llegó con sus padres en 1976, cuando se instalaron en un piso de la avenida del Cantábrico. En 2004 compró un piso. Y pese a que el 100% de los pisos eran protegidos, la burbuja financiera hizo estragos en la localidad. La vivienda se escrituró por 64.000 euros, que era el valor asignado a la VPO. La extinta Caixa Catalunya le dio una hipoteca por esa cantidad, pero en paralelo le concedió un préstamo personal para abonar 116.000 euros extra que le pedía el vendedor. En total, le quedó una cuota de 1.100 euros al mes.
Esa práctica irregular fue común en Badia. “Todo el mundo sabía que eso ocurría”, denuncia Álvarez. Sin embargo, se destapó cuando la burbuja inmobiliaria pinchó y, en uno de los municipios con menos renta per cápita de Cataluña, el paro se disparó y los compradores se vieron incapaces de devolver esos créditos. En el caso de Álvarez, un accidente le privó de poder seguir en su trabajo a la vez que su mujer se veía obligada a cerrar su tienda. Fue miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) e incluso ocupó una oficina de Caixa Catalunya. Pudo salvar su casa, pero no todos lo lograron. “Aquí hubo muchos desahucios. La banca se quedó con pisos y los fondos de inversión se hicieron con préstamos. Y yo estuve allí haciéndoles frente y no voy a tolerar que nos traten de especuladores”, agrega.
Los vecinos están dispuestos a librar su enésima batalla y ya han empezado a moverse con los grupos parlamentarios. Saben que el Gobierno central ha decidido que las comunidades solo reciban fondos del nuevo plan de vivienda si la calificación de vivienda protegida es permanente. “Con eso puedo estar de acuerdo, porque las reglas quedan claras desde el principio. Pero esta es una medida que juega en nuestra contra, tomada de forma retroactiva”, denuncia Ros. El alcalde, Josep Martínez Valencia (PSC), admite que “es incongruente que, en una misma calle, un bloque salga al mercado libre y otro no”. Y asegura que lograr “la igualdad de todos los vecinos” es su “prioridad” y su “máximo reto” ahora mismo.
El Ayuntamiento negocia una solución
“El grueso de las viviendas dejaron de ser protegidas en 2023. Se ha decidido que el resto lo sigan siendo de forma temporal porque es un mercado tensionado. No es una medida indefinida, pero sí abre un debate sobre el derecho a la vivienda frente al derecho a la propiedad”, sostiene Martínez Valencia. El edil afirma que está trabajando con la Secretaría de Vivienda ―que no ha hecho ningún comentario a este diario sobre este asunto―, pero adelanta que una salida es que Badia deje ser zona tensionada. Antes, no obstante, necesita tener en sus manos mecanismos para “proteger” a los ciudadanos de la especulación. “Encontraré la solución, seguro, estoy obcecado con ello”, insiste.
Por ahora, en los primeros compases de esa liberalización, la especulación no ha entrado en el pueblo. En la principal calle, la avenida de Burgos, las tres agencias inmobiliarias anuncian pisos por precios que van de los 150.000 a los 175.000 euros. En las inmobiliarias cuentan que los precios suben, como en todos los municipios de alrededor, pero sin que las cosas hayan cambiado mucho desde que se liberaron las primeras viviendas en 2023. Entre otras cosas, porque las tasaciones de la Generalitat para las VPO superan los 200.000 euros. Es decir, están por encima del precio de mercado.
Por eso, para los vecinos la medida es más inexplicable. “El problema es toda la burocracia que implica vender. Muchos propietarios son gente mayor que tal vez necesita disponer del dinero para poder costearse una residencia que no puede pagar”, apunta Ros. Badia es el caso más llamativo, pero los vecinos han contactado con afectados de L’Hospitalet de Llobregat o el Poblenou de Barcelona. “Parece que hayan querido sacar vivienda de donde sea. Yo no me voy a mover de Badia, no tengo ningún interés. Pero me fastidia que digan que lo hacen para frenar la especulación. Simplemente, no nos lo merecemos”, remacha Manuel Hinojosa, también afectado.
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