La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene previsto remitir más de cien mil avisos (en concreto, 113.916) esta semana a empresas de los sectores agrarios y de la construcción para informarles de la obligación de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas, así como de la normativa aplicable. Así lo ha avanzado este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Todos los años lanzamos un plan del calor, y les anuncio que vamos a lanzar cartas a los sectores empresariales afectados por los golpes de calor. No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar”, ha explicado la ministra. Las misivas anunciadas este lunes forman parte del plan aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 9 de junio para reforzar la vigilancia en los sectores donde los trabajadores están más expuestos a las altas temperaturas.
Según las cifras facilitadas por la propia ministra, que ha intervenido en la XV Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales celebrado en Barcelona, organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, solo durante el verano pasado, entre junio y septiembre de 2025, la Inspección de Trabajo llevó a cabo más de 10.000 actuaciones en condiciones ambientales adversas (10.784 exactamente). Estas conllevaron casi 300 infracciones (291), que originaron sanciones conjuntas por un calor cercano a los 1,6 millones de euros.
“Trabajar no puede costar la salud ni la vida. En el siglo XXI, nadie debe enfermar ni morir en su puesto de trabajo” ha señalado la titular de Trabajo, quien ha recordado que en España, en 2025, más de 700 personas perdieron la vida en accidentes laborales de distinta índole. Díaz también ha señalado que el Gobierno ha declarado este 2026 como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, coincidiendo con el 30º aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y dentro de este marco ha pactado con los sindicatos la actualización de esa norma, que está pendiente de un complicado trámite parlamentario para el que no tiene asegurada la mayoría del Congreso.
Con este instrumento, el Ejecutivo pretende abordar los principales retos también en materia de prevención de riesgos. Entre esos desafíos, Trabajo ha identificado los cambios derivados de las nuevas formas de trabajo como la digitalización y las fórmulas matemáticas que introducen los algoritmos; la evolución demográfica y el cambio climático; mejorar la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, todavía minusvaloradas; reforzar la protección de las personas trabajadoras más vulnerables: jóvenes, migrantes, personal sociosanitario, empleadas del hogar; e introducir la perspectiva de género, una deuda pendiente de la salud laboral.
