El Congreso ha rechazado este martes el real decreto impulsado por el Gobierno de coalición que permitía prorrogar, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. La norma, que entró en vigor el pasado 21 de marzo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no ha logrado reunir los apoyos necesarios para convalidarse y ha decaído apenas cuatro semanas después. Los efectos de su derogación no están claros, según las distintas fuentes jurídicas consultadas, lo que abre un periodo de incertidumbre para los inquilinos que ya se habían acogido a la moratoria tras solicitarla mediante un burofax. Estas son las principales incógnitas.
