El conflicto entre Glovo y el Gobierno y la interpretación sobre la laboralidad de los repartidores sigue coleando en los tribunales. Un magistrado de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que analice un asunto que, según dice, es “imperativo” que resuelva. El magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha elevado sus dudas sobre si modelo autónomo con el que operó la empresa entre 2019 y 2021 es compatible con la normativa europea de tiempos de trabajo. Este sistema ya no está en vigor, dado que la empresa pasó a un modelo asalariado en 2025, pero el esquema en cuestión por el juez es el que regía entonces. Daba flexibilidad para que los repartidores rechazasen encargos y les permitía prestar servicios para empresas competidoras. Pero la autoorganización se valía de un algoritmo que premiaba a quienes más pedidos aceptaban a la hora de elegir los turnos de la siguiente quincena. Un hecho que hace al juez cuestionar si el sistema encubría una “subordinación laboral”.
