Dos delegadas de la Fiscalía General del Estado durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea observaron el proyecto de Ley Antimafias, y afirmaron que la propuesta no contiene una justificación técnica jurídica suficiente para plantear el incremento de penas.
Eso molestó al legislador Andrés Castillo (ADN) y vicepresidente de la mesa, quien pidió a la Comisión que se oficie al fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, para que ratifique la intervención de sus delegadas donde además señalaron que el incremento de penas sin un análisis integral de las causas de criminalidad podía traducirse únicamente en un aumento del rigor punitivo del Estado sin generar efectos reales en la reducción de delitos como tal.
La iniciativa plantea reformas a tres cuerpos legales con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del Estado en la lucha contra el crimen organizado y las estructuras delictivas que operan en el país. Se busca cerrar los vacíos que actualmente permiten que las organizaciones criminales operen, se expandan, recluten personas, utilicen infraestructura, sostengan economías ilícitas, intimiden a víctimas y conserven su patrimonio criminal aun cuando algunos de sus ejecutores sean detenidos.
En tanto, que el embajador de Italia, Giovanni Davoli, respaldó la propuesta presentada por la asambleísta y presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), y destacó que el proyecto planteado busca la tipificación del crimen por asociación mafiosa; es decir, por el hecho de que una persona es parte de la asociación ya está cometiendo un crimen.
Las delegadas de la Fiscalía Dayana Encalada y María Augusta Aldaz en su exposición afirmaron que el proyecto en la gran mayoría de sus artículos propone el aumento de penas; sin embargo, dicho incremento no se encuentra acompañado de una justificación técnica jurídica suficiente desde la perspectiva de política criminal.
Encalada indicó que el endurecimiento punitivo por sí mismo no constituye una medida eficaz para comisión de delitos, pues la evidencia criminológica ha demostrado que el aumento de sanciones no necesariamente disuade la conducta delictiva.
Encalada también sostuvo que la política criminal eficaz debe priorizar la prevención del delito antes que la mera reacción punitiva frente a esta comisión. Que la seguridad ciudadana no puede constituirse únicamente mediante el incremento de penas, sino a través de políticas públicas integrales orientadas a reducir los factores estructurales que inciden en la criminalidad, tales como la expresión social, la falta de oportunidades económicas y la debilidad institucional.
Al referirse al artículo 1 del proyecto relacionado con las penas por paralización del servicio de distribución de combustibles, se plantea un incremento de siete a diez años, Encalada dijo que no hay proporcionalidad de penas, ya que en este delito se está estableciendo una pena similar a delitos de tortura, de desaparición involuntaria, de robo con resultados de lesiones.
Además dijeron que respecto al decomiso o la destrucción de vehículos, plataformas que facilitaron el transporte ilegal de combustibles, podría presentar reparos de constitucionalidad en relación al derecho a la propiedad, al debido proceso y al principio de proporcionalidad reconocidos en la Constitución.
El asambleísta Andrés Castillo durante su intervención señaló que debió recurrir a la paciencia de Joba para escuchar la exposición de la Fiscalía. En ese contexto, solicitó que se oficie al fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, a fin de que ratifique las declaraciones efectuadas por las dos delegadas.
Indicó que quiere saber si el fiscal está al tanto de lo que se ha dicho en la comisión, y si es así, “no hagamos nada entonces. Todo está mal, nada sirve, todo rompe los principios constitucionales, todo daña el procedimiento que lleva adelante la Fiscalía, todo daña con respecto a la extinción del dominio”.
Castillo manifestó que la Fiscalía ha dicho en la mesa que no se puede, por ejemplo, hacer este tipo de reformas sin un estudio previo de cuáles son las causas que conllevan el crimen.
El legislador sostuvo que no están prendiendo la televisión, pues “acá en el Ecuador, de acuerdo con la Fiscalía, que es la institución que va a aplicar esta norma, no pasa nada. Aquí hay que hacer un estudio primero. No estamos frente a un permanente ataque de las bandas del crimen organizado a la sociedad”, reclamó.
Acaso, reclamó Castillo, “no estamos en el Ecuador frente a un serie de procesos en donde se identifica y se allana a las bandas del crimen organizado y se les encuentra con cédulas, con licencias, con placas de carros, con uniformes militares, con armamento, con munición, con droga. Y aquí no pasa nada. No, aquí hay que hacer un estudio antes de, según la Fiscalía”.
El legislador de ADN, advirtió que si el fiscal general del Estado ratifica todo lo que se ha dicho aquí, que no hay que dar paso a la extinción del dominio en los términos en los que está porque viola derechos constitucionales, que la prisión preventiva tiene que ser de última ratio; entonces “estamos bien complicados”.
Dijo que esperaba de la Fiscalía una posición más abierta a mejorar los procesos para que ellos puedan trabajar de mejor manera, puedan acusar de mejor manera, puedan tener más elementos inclusive para que el criminal no se acoja a cualquier artilugio jurídico para quedar libre, pero resulta que las delegadas de la Fiscalía dicen que este proyecto de ley no es necesario que ya todo está regulado.
Que ya está regulado el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; entonces, ese mismo artículo apliquemos a los mayores de edad, subrayó,
La legisladora Jahiren Noriega, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), intervino y afirmó que el asambleísta Andrés Castillo causó violencia pura, dura y machista hacia las delegadas de la Fiscalía. Y aclaró que el debate de los proyectos se realiza entre los asambleístas y que los expertos invitados tienen otra función.
Respaldo de Italia
El embajador de Italia, Giovanni Davoli, manifestó que para enfrentar la nueva realidad que tiene el Ecuador se necesitan normas específicas, y por ello, pone a disposición de la Asamblea Nacional toda la experiticia de Italia, porque se está hablando de un problema y una lucha en común.
Por ello, resaltó que la propuesta busca la tipificación del crimen por asociación mafiosa, con ello, una persona por pertenecer a la asociación ya esta cometiendo un crimen; pues esa reforma se introdujo hace unas décadas en Italia y fue fundamental.
Los expertos a través del programa Cooperación Asociación Jurídica en el Ecuador también presentaron sus aportes y está dispuestos a cooperar y asesorar en esta materia.
Indicó que las reformas a la Ley de Extinción de Dominio es uno de los puntos esenciales, porque se ataca a la mafia donde más le duele.
Davoli recomendó el debate alrededor de este proyecto de ley, pero que al final haya una forma de decisión en la Asamblea.
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