Nuevo toque de atención del Tribunal de Cuentas a la Seguridad Social por el inadecuado diseño de sus cuentas financieras. En una nota hecha pública este viernes, el organismo fiscalizador reprocha a la Seguridad Social su uso recurrente de los préstamos a largo plazo del Tesoro para financiar la actividad habitual del sistema, lo que ha elevado notablemente su endeudamiento con el Estado, solo por este concepto, a unos 110.000 millones de euros. En su lugar, el Tribunal recomienda a la Seguridad Social que las aportaciones extraordinarias se hagan con transferencias corrientes del Estado a través de los Presupuestos Generales para presentar unas cuentas contablemente más saneadas.
En concreto, según la fiscalización de este tribunal, a 31 de diciembre de 2024, el endeudamiento total de la Seguridad Social con el Estado ascendía a 135.253 millones de euros. De esta cantidad, la inmensa mayoría la han generado una veintena de préstamos a largo plazo del Tesoro por importe de 126.171 millones de euros, que representan un 7,9% del PIB de 2024. A su vez, de esta cifra, 17.169 millones corresponden a préstamos otorgados entre 1992 y 1999 en el marco de la separación de fuentes para que la Seguridad Social dejara de financiar la sanidad pública; y los 109.002 millones restantes son los que destaca el Tribunal de Cuentas como endeudamiento contraído entre 2017 y 2024 para financiar la actividad diaria del sistema.
Es precisamente esta última parte —la destinada a financiar el funcionamiento diario del sistema, fundamentalmente el abono de las pagas extraordinarias— la que el tribunal recomienda que se instrumentalice a través de transferencias del Estado en los presupuestos generales, “o mediante las [transferencias] que resulten precisas para atender necesidades coyunturales, con arreglo a los mecanismos que se establezcan legalmente y no mediante préstamos a largo plazo”.
No obstante, este análisis no precisa que un eventual aumento de las transferencias equiparable a las cuantías de los préstamos se traduciría inevitablemente en un aumento del déficit público.
Otros conceptos de deuda
Al endeudamiento por préstamos se suma una deuda a corto plazo a favor de la Administración General del Estado derivada de la financiación de las funciones de asistencia sanitaria y servicios sociales traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra por importe de 9.082 millones de euros, pendiente de liquidación y pago.
En definitiva, el órgano auditor recuerda que las Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado (DCGE) “vienen poniendo de manifiesto recurrentemente en los últimos años —particularmente desde 2017— los problemas financieros y de carácter estructural reflejados en el balance de la Seguridad Social a través de su patrimonio neto negativo y de su endeudamiento frente al Estado”. De hecho, ha elaborado esta nueva nota “para ampliar la información sobre el efecto que el endeudamiento con el Estado tiene sobre el balance de la Seguridad Social y la imagen que proyecta sobre la situación financiera del sistema”.
De hecho, el Tribunal subraya que, de haberse diseñado adecuadamente las cuentas financieras, estas ofrecerían una imagen significativamente más saneada. Según su análisis, si las aportaciones del Estado se hubieran instrumentado como transferencias corrientes —en consonancia con la naturaleza económica de los gastos financiados—, el balance de la Seguridad Social sería sustancialmente distinto. En particular, el patrimonio neto dejaría de presentar un saldo negativo superior a 110.000 millones de euros y pasaría a ser positivo en 12.174 millones, mientras que el endeudamiento por préstamos se reduciría desde los actuales 126.171 millones hasta aproximadamente 27.000 millones.
Asimismo, en su evaluación el tribunal considera que también deberían adoptarse las medidas necesarias para “readaptar el reflejo contable del endeudamiento conforme a su verdadera naturaleza económica de transferencias corrientes”.
No obstante, más allá de la perspectiva de la estricta regularidad contable de los estados financieros de la Seguridad Social, los resultados de esta fiscalización sugieren “problemas de sostenibilidad financiera”. En concreto, de las cifras analizadas resulta “una acumulación de un déficit económico-patrimonial significativo, un patrimonio neto negativo elevado y un importante endeudamiento frente al Estado”, que han derivado en los citados problemas para mantener el equilibrio económico en el largo plazo, tal y como se desprende de su balance, precisa la nota.
Es más, el Tribunal de Cuentas reprocha también a la Seguridad Social que el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso en su sesión de 19 de noviembre de 2020, establecía que para 2023 debería haberse acabado con la política de préstamos al sistema. Sin embargo, en 2024 y 2025 se han concedido dos nuevos préstamos por 10.004 millones de euros cada uno, con cargo a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2023.
Como colofón, el Tribunal hace una última recomendación dirigida al Gobierno. Le insta a que realice los estudios y actuaciones oportunas para impulsar, en el marco del Pacto de Toledo, nuevas medidas con las que adecuar los balances de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado a la realidad económico-financiera.
