Siete días le bastaron a la fiscal Ivonne Proaño para fundamentar el dictamen acusatorio que mantiene contra Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador en el periodo presidencial de Rafael Correa, y 16 procesados más dentro del caso Alianza, proceso penal que se investiga el delito de cohecho ocurrido en una supuesta trama de corrupción dada en la empresa pública Petroecuador.
Entre el 15 y el 28 de abril pasados, en audiencias no consecutivas, Proaño presentó su dictamen y anunció la prueba pericial, testimonial y documental que maneja para acusar a Arias, a los hermanos Antonio y Enrique Peré Icaza; a Raymond Kohut, exfuncionario canadiense de la transnacional Gunvor; y otros trece sospechosos de ser parte de una red de corrupción que habría operado en Petroecuador entre los años 2010 y 2020 con el fin de beneficiar a comercializadoras internacionales de petróleo a cambio de sobornos.
En la parte final del dictamen la fiscal Proaño pidió al juez de la causa que llame a juicio a todos los sospechosos, a trece de los procesados, entre los que está Nilsen Arias, como autores del delito de cohecho, y a otros tres en calidad de cómplices.
Esperando que la decisión sea emitir un auto de llamamiento a juicio, la Fiscalía anunció que presentará 122 testigos y peritos y 164 pruebas documentales para argumentar en la etapa de juzgamiento su teoría.
El proceso penal del caso Alianza arrancó en noviembre de 2022 con la formulación de cargos contra Galo Garzón, Miguel Palacios, Lenín Armijos y Andrés Racines, exadministrador de Contratos, exsubgerente comercial de Operaciones, exasesor de la Gerencia y exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador, respectivamente; al exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas Willam Vásconez, Wilson Naranjo y Jorge Ponce.
Mientras, el 16 de febrero de 2023 fueron vinculados al caso Nilsen Arias, los hermanos Peré Icaza, Kohut, Mauricio Samaniego, Irma Romero, José Luis Moreno, Tomás Meneses Petrochelli, Mario Barrigon y Javier Aguilar.
La Procuraduría General del Estado y Petroecuador son acusadoras particulares de los procesados, entre otras cosas, por supuestamente haberse asociado para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a comercializadoras internacionales como Vitol, Gunvor o la empresa Petrochina con la adjudicación de contratos.
La Fiscalía ubica a Arias como el líder de la red de corrupción que habría generado un cohecho de aproximadamente $ 22 millones. La acusación sostiene que los procesados que ocuparon un puesto en Petroecuador y en otras instancias públicas colaboraron de alguna forma con Nilsen Arias, siendo gerente en Petroecuador, para obtener beneficios ilegales dentro del proceso de compra y venta de crudo o derivados.
Lo que viene en la audiencia es la intervención de las acusaciones particulares y el anuncio probatorio de las denuncias. Inmediatamente será el turno de los acusados y sus defensas. Luego, el juez deberá emitir su resolución, pero debido al voluminoso expediente y la cantidad de sujetos procesales, lo más seguro es que el magistrado suspenda la diligencia para analizar lo escuchado y tomar una decisión de forma oral. (I)
