Las audiencias por el caso Triple A y el caso Goleada coincidirán en esta semana. En estas dos causas son procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, y otras personas naturales y jurídicas por dos delitos diferentes.
En el caso Triple A se investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo; mientras que en Goleada, la Fiscalía General del Estado indaga un posible lavado de activos.
Este último proceso avanza en la fase de evaluación y preparatoria de juicio, cuya audiencia fue convocada por el juez anticorrupción Jairo García para el jueves 16 y viernes 17 de julio de 2026, de manera virtual, a partir de las 08:45.
En Goleada existen 26 personas, 17 naturales y 9 jurídicas (empresas) procesadas por lavado de activos.
La Fiscalía acusa a Aquiles Alvarez y su familia de conformar una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal de este caso, Dennis Villavicencio, presentará su dictamen acusatorio en contra de los investigados, los cuales también expondrán sus argumentos de defensa.
Esta causa se inició el pasado 10 de febrero tras dos meses de investigación por una denuncia de un cooperador eficaz, José Cevallos Avellán, ahora testigo protegido, procesado en el caso Triple A y extrabajador de las empresas de Aquiles Alvarez y su familia.
Según la teoría fiscal, el grupo empresarial y familiar “habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, mismo que se debía despachar a embarcaciones de bandera nacional; sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos crearon empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener dineros indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos».
La investigación sostiene que el alcalde de Guayaquil habría dado instrucciones para cambiar la facturación de combustible por lubricante, con el fin de que no se evidencien estos movimientos presuntamente ilegales.
Además de Aquiles Alvarez, en el caso Goleada son procesados su madre, Gioconda Henriques, su esposa, Fiorella Icaza, sus hermanos Antonio y Xavier, sus primos Andrés y Fernando Viteri, este último tiene la condición de prófugo, declarada por el tribunal del caso Triple A.
El 6 de julio, en contra de los tres hermanos Alvarez y Fernando Peñaherrera Venegas y César Bravo Ibáñez, el juez García cambió las medidas cautelares y dispuso prisión preventiva. El 9 de julio, el magistrado dispuso a la Policía Judicial que proceda con su inmediata localización y captura.
Foto: Francisco Verni Foto: Francisco Verni Peralta
En Triple A, en cambio, el proceso avanza en la etapa de juzgamiento, cuya audiencia de juicio está convocada a su reinstalación para el sábado 18 de julio, un día después de la última fecha de la audiencia preparatoria de juicio del caso Goleada.
En esta causa son procesadas 22 personas, 16 naturales y 6 jurídicas.
Además del 18 de julio, el Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, fijó la continuación del juicio para el 19, 24,25 y 26 de julio.
La diligencia fue convocada para las 08:30, de manera presencial en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito.
La audiencia continuará con la práctica de la prueba testimonial, pericial y documental anunciada por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petroecuador como acusadores particulares, una vez que la Fiscalía concluyó con la presentación de sus testigos, peritos y documentos que respaldan su acusación.
Según la teoría del caso, las empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia habrían constituido una red para presuntamente desviar combustible subsidiado de manera ilegal entre los segmentos automotor, industrial y naviero nacional e internacional, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado que ascendería a $ 61,5 millones correspondientes a 22,7 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina.
Antes del desarrollo de estas audiencias, los abogados del alcalde Aquiles Alvarez solicitaron, tanto al tribunal de Triple A como al juez de Goleada, que permitan reuniones diarias con su defendido, que permanece en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, cumpliendo tres órdenes de prisión preventiva. Los jueces de ambos casos han considerado estos pedidos y oficiaron al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para que brinde las facilidades para estas visitas técnicas.
El alcalde está en la prisión del Encuentro desde el pasado 9 de marzo, luego de ser trasladado de la cárcel de Cotopaxi tras ser detenido el 12 de febrero. (I)
