Ocho alcaldes y prefectos que han sido procesados y detenidos por causas penales o a los que se les ha sancionado con la pérdida de sus derechos políticos en la justicia electoral han visto diluirse sus aspiraciones de reelección o de participación para otros cargos en los próximos comicios seccionales de noviembre.
Los alcaldes Aquiles Alvarez, de Guayaquil; José Arroyo, de Pujilí; Vicko Villacís, de Esmeraldas; Ángela Plúa, de Jipijapa; y Darío Macas, de Machala, están acusados de lavado de activos, peculado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito y cumplen medidas de prisión preventiva en diferentes cárceles del país.
Mientras que los alcaldes Javier Pincay, de Portoviejo; Cristian Zamora, de Cuenca; y el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayunpanda, perdieron sus derechos de participación política —la posibilidad de elegir y ser elegidos— por sentencias del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuesta violencia política de género.
Todos habían sido considerados por las organizaciones políticas a las que pertenecen para correr por la reelección u otros puestos, algo que quedó truncado.
En el caso de Alvarez, Villacís y Plúa, que llegaron a sus cargos por el movimiento Revolución Ciudadana (RC); y de Arroyo, de la alianza Unidad Cantonal por el Cambio, que incluía a la Revolución Ciudadana, el partido Izquierda Democrática y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), sus detenciones se dieron antes de que se abra el proceso de democracia interna de las organizaciones políticas, entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026.
Por ello no pudieron participar en aquellas ni telemáticamente ni mucho menos presencialmente; el Código de la Democracia señala que el precandidato debe firmar en persona el acta de aceptación de la nominación.
En el caso de Macas, él sí participó en las primarias del movimiento provincial Plan 77, que lo escogió como precandidato a la Prefectura de El Oro. Incluso había ya firmado su aceptación
Pero la mañana del 12 de julio de 2026, la agrupación anunció que desistía de postularlo.
En un comunicado público, indicó que esta decisión se tomó luego de un profundo proceso de diálogo, evaluación y análisis estratégico por parte de la dirigencia y la militancia. “Agradecemos profundamente el respaldo espontáneo, el cariño y la confianza de los miles de orenses en los diferentes cantones que ven en nosotros la opción idónea para dirigir la provincia”, señaló.
Pincay llegó a la Alcaldía de Portoviejo por el partido Avanza; y Zamora, por una alianza entre la ID y el movimiento local Renace.
El TCE sancionó al primero con la pérdida de sus derechos políticos por dos años por no haber participado en el debate electoral obligatorio de los comicios de 2023, pero esto no quedó en firme sino hasta hace pocas semanas, aunque el tiempo quedó reducido a seis meses. Él sigue en el cargo.
Al segundo, el organismo le retiró los derechos políticos por seis meses por violencia política de género tras una denuncia realizada por la concejala Diana González. También en ese caso la sanción se ejecutorió días atrás, pero —a diferencia de Pincay— sí tuvo que dejar la Alcaldía.
Ninguno de los dos pudo participar en las primarias de sus respectivas agrupaciones políticas, pero anunciaron que tendrían candidatos que representarían sus proyectos.
Entonces, Avanza nominó para la precandidatura a Héctor Párraga, que se desempeñaba como gerente de la Empresa Pública Municipal de Vivienda del cantón Portoviejo en la Administración de Pincay.
En el caso de Zamora, su movimiento Renace nominó inicialmente a Consuelo Orellana, exdirectora de Talento Humano del Municipio de Cuenca, como aspirante a la Alcaldía. Pero hace unos días se concretó una alianza con el Partido Socialista y finalmente apoyará la postulación de Juan Cristóbal Lloret para ese cargo, mientras que Orellana pasó a ser precandidata a la Prefectura de Azuay.
Tayunpanda sí llegó a ser nominado como aspirante a la reelección en las primarias del movimiento Futuro 20 e incluso firmó presencialmente la aceptación. Aunque él llegó al cargo por el movimiento Pachakutik.
El organismo contencioso electoral sancionó al prefecto de Chimborazo por supuesta violencia de género la semana pasada. La denuncia fue impulsada por la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loza.
Dicha sanción todavía no está en firme y fue apelada tanto por el prefecto como por el movimiento que lo postuló.
Las inscripciones de las candidaturas se realizarán del 2 al 17 de agosto de 2026; si hasta esa fecha la sanción para Tayupanda no queda en firme, sí podría inscribirse oficialmente para la reelección. Pero si gana, no podría ejercer el cargo. (I)
