Durante años, la inversión territorializada del Estado fue uno de los puntos más calientes del debate autonómico en España. La cantidad de dinero que ejecutaba realmente la Administración central en cada comunidad invitaba inevitablemente a las comparaciones, especialmente entre Cataluña y Madrid, los dos ejes económicos del país. Esa radiografía dejó de hacerse pública en 2022, cuando Hacienda dejó de actualizarla. Sin embargo, este viernes, el ministerio ha enviado a los grupos parlamentarios los datos correspondientes a 2025, que vuelven a reabrir el debate y, en consecuencia, la caja de los agravios. Según las cifras, adelantadas por La Vanguardia y a las que ha tenido acceso este periódico, Cataluña recibió más de 1.321 millones de euros de inversión regionalizable ejecutada por el Estado, una cuantía muy inferior a la de Madrid y algo por debajo de la de otros cuatro territorios.
Los números han sido recopilados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda. En el caso catalán, suponen un descenso del 6,2% respecto al año anterior y reducen el peso de la comunidad en el reparto de la inversión estatal, pese a que el volumen total ejecutado por el Estado aumentó. Así, mientras la inversión territorializada del conjunto del Estado pasó de 13.037 millones de euros en 2024 a 15.368 millones en 2025 ―un incremento del 17,9%―, Cataluña vio reducida tanto la cuantía recibida como su peso sobre el total.
La distribución territorial situó a Madrid como el principal destino de los recursos ejecutados por el Estado. En 2025, la comunidad recibió 3.217,7 millones (el 20,9% del total, prácticamente igual que en 2024), muy por delante de la Comunidad Valenciana (1.737,7 millones, 11,3%), Andalucía (1.619,7 millones, 10,5%) y Galicia (1.579,7 millones, 10,3%). En quinto lugar se situó Cataluña.
Los datos llegan en un momento especialmente delicado para la política territorial y el debate financiero. El Gobierno pretende que el Congreso apruebe antes de final de año la condonación de parte de la deuda de las comunidades y, en paralelo, continúa negociando el desarrollo de un nuevo modelo de financiación autonómica, dos iniciativas que han reactivado el debate sobre el reparto de los recursos públicos entre los territorios.
La inversión territorializada y sus brechas constituyen, desde hace años, uno de los principales argumentos del independentismo catalán, que denuncia una infraejecución crónica de las partidas estatales como prueba del déficit fiscal que, sostienen los partidos soberanistas, sufre la Generalitat. Las cifras de la IGAE desglosan la inversión por semestres e incorporan el conjunto del sector público estatal. El informe suma las inversiones realizadas por la Administración General del Estado, los organismos autónomos, el sector público administrativo con presupuesto estimativo y el sector público empresarial y fundacional.
En el caso de Cataluña, el grueso de la inversión procedió del sector público empresarial, que concentró 1.075,1 millones de euros. Dentro de este capítulo sobresalen las actuaciones de Adif y Adif Alta Velocidad, que sumaron conjuntamente 668,5 millones, mientras que la inversión ejecutada directamente por los ministerios de la Administración General del Estado alcanzó los 201 millones.
Tras Cataluña se situó Castilla y León, con 1.221,7 millones de euros de inversión, seguida por Murcia (936,7 millones), Aragón (716,7 millones) y Castilla-La Mancha (676,5 millones). Por debajo de los 500 millones quedaron el País Vasco (492,8 millones) y Extremadura (444,3 millones), mientras que Cantabria, Asturias, Baleares y Canarias oscilaron entre los 228 y los 299 millones. Navarra (188,5 millones), La Rioja (91,2 millones), Ceuta (35,6 millones) y Melilla (15,4 millones) cerraron la clasificación.
Aunque la IGAE ha seguido elaborando la estadística de distribución territorial de la inversión del sector público estatal, Hacienda dejó de hacerla pública en 2022 tras más de una década difundiéndola de forma ininterrumpida. Desde entonces, el documento solo se remitía al Congreso, en cumplimiento de la Ley General Presupuestaria y de la normativa que regula la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, pero desapareció de la web del ministerio sin que este ofreciera una explicación sobre los motivos.
