A poco de que la audiencia de juzgamiento del caso Triple A se reinstale este sábado 18 de julio, las defensas de los sujetos procesales de la causa completan la disposición hecha por el Tribunal de Juicio para que remitan el orden de testigos y peritos cuya práctica se prevé para las fechas señaladas para la reinstalación los días 18, 19, 24, 25 y 26 de julio de 2026, para que la Sala pueda efectuar las coordinaciones logísticas y jurisdiccionales necesarias para el desarrollo de la diligencia
En este caso son procesadas 22 personas naturales y jurídicas (empresas) y se investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Entre los investigados están el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, así como su primo Fernando Viteri, quien se encuentra prófugo de la justicia con una orden de prisión preventiva.
La Sala de Juicio, integrada por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, fijó la reinstalación de la audiencia para las 08:30 de este 18 de julio, de manera presencial, en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito.
La diligencia continuará luego de más de un mes de estar suspendida. La fiscal de la causa, Ruth Amoroso, concluyó el 14 de junio último con la evacuación de sus testigos y peritos y 116 documentos que forman parte de las pruebas en la acusación por la venta irregular de combustibles. La etapa de juzgamiento avanzará con la práctica de la prueba testimonial, pericial y documental anunciada por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que es acusadora particular en este caso.
Según la teoría del caso, las empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia habrían constituido una red para presuntamente desviar combustible subsidiado de manera ilegal entre los segmentos automotor, industrial y naviero nacional e internacional, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado que ascendería a $ 61,5 millones correspondientes a 22,7 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina.
En la providencia, el 14 de julio pasado el Tribunal de Juicio dispuso a las defensas técnicas de los procesados, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas, que remitan el orden de los testigos y peritos cuya práctica se prevé para las fechas señaladas para la reinstalación de la audiencia de juicio, para que el tribunal pueda efectuar las coordinaciones logísticas y jurisdiccionales necesarias para el normal desarrollo de la diligencia.
En ese contexto, por ejemplo, las defensas de Gabriela Vaca Vozmediano y Carolina Troya solo anuncian la recepción del testimonio de las procesadas y la evacuación de la prueba documental anunciada en la preparatoria de juicio. En cambio, los abogados de Rosa Ortiz y Gloria Salazar piden que asistan como sus testigos trece personas, a las que solicitan al tribunal que les notifique formalmente para que se garantice su oportuna y efectiva comparecencia en la fecha y hora que el tribunal señale, evitando dilaciones que puedan afectar la adecuada práctica de la prueba anunciada por esa defensa.
En el caso del alcalde Aquiles Alvarez, en virtud del pedido realizado por los jueces de juzgamiento, su defensa remitió los nombres y el orden en que intervendrán los testigos llamados a comparecer. En esa lista constan cuatro nombres: Nicole Dixiana Bermúdez Peña; el ingeniero Arturo Barreiro, quien habría realizado 16 informes periciales; Jessica Alexandra Montesdeoca Garzón, quien habría elaborado una pericia en contabilidad y auditoría; y Christian Andrés Ojeda Ruiz, quien habría elaborado una pericia en derecho de empresa.
“En virtud de que esta defensa practicará su prueba en último lugar, se estima que se realice el 26 de julio de 2026. Así también, se planifica realizar la práctica de una prueba documental”, señala el escrito entregado por la defensa de Alvarez.
Por otra parte, la Compañía Copedesa S. A. anuncia el uso de dos testigos, quienes se conectarían por vía telemática desde Guayaquil; los abogados de Indudiésel S. A., Corpalubri S. A. y Ternape S. A. pretenden presentar 25 testimonios en cuatro días de audiencia. (I)
































