La crisis climática y la energética forman parte de un mismo desafío y las decisiones que se han adoptado, y que se tomen en los próximos años, serán determinantes para el futuro económico, social y ambiental de España.
Los avances alcanzados en la sustitución de la oferta de combustibles fósiles, principal causa del cambio climático, por energías renovables en la generación de electricidad han supuesto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y lograr una mayor independencia energética. De hecho, el precio y el comportamiento del mercado mayorista español no se han visto afectados ni por el ataque a Irán y el posterior cierre del estrecho de Ormuz, ni por la volatilidad y las tensiones de precios como en otros países en los que la aportación renovable es inferior.
En 2025 alcanzamos el 56% de la generación de electricidad con renovables, pero con un peso de la electricidad en la demanda final de solo el 24%. Nuestra apuesta por el despliegue renovable integral no ha sido completamente satisfactoria. Quienes invirtieron no han cubierto las expectativas de rentabilidad y no tienen la tranquilidad de que su inversión va a poder atender los compromisos financieros adquiridos. La producción de electricidad renovable no ha encontrado enfrente una demanda que cubrir y tampoco hemos logrado aumentar la capacidad de almacenamiento para desplazar la oferta a momentos de mayor demanda. Es una realidad que la independencia energética no se alcanzará únicamente por el lado de la oferta, mediante la instalación de más parques eólicos y fotovoltaicos, sino que lo hará sustituyendo progresivamente el petróleo y el gas en la movilidad, la industria y los edificios. En definitiva, reducir la exposición a los combustibles fósiles significa también reducir la vulnerabilidad frente a crisis geopolíticas, conflictos internacionales y episodios de volatilidad en los mercados energéticos.
Podemos estar satisfechos con nuestro esfuerzo por descarbonizar la generación de electricidad, pero las resistencias, los intereses de ralentización y las barreras existentes siguen demorando una transformación más transversal y ambiciosa en la reducción de las emisiones, en el fortalecimiento de la soberanía energética y en la mejora del bienestar de la ciudadanía. Tenemos un modelo de mercado altamente concentrado e integrado verticalmente que debería ir abriéndose hacia un sistema más transparente, distribuido y participativo. La esperada aprobación de la Ley de Consumo Sostenible, cuyo anteproyecto nació como mandato de la Directiva (UE) 2024/825 para el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, será la mejor protección contra las prácticas desleales.
Necesitamos el respaldo de la ciudadanía. La denominada licencia social debe situarse en el centro de la transición energética. Los riesgos del retardismo climático, el greenwashing y las falsas soluciones, que retrasan la transformación necesaria, ponen de manifiesto la necesidad de combatir la desinformación, de vigilar las prácticas empresariales engañosas y de establecer hojas de ruta claras que permitan distinguir entre las tecnologías que contribuyen realmente a la descarbonización y aquellas que únicamente prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
Nuestra propuesta debe crecer desde una perspectiva más transversal y amplia, con un alcance ecológico y social, más allá de lo puramente energético. El compromiso pendiente es que la energía no puede seguir siendo entendida exclusivamente como un negocio o una mercancía sometida a unas reglas del mercado, fijadas más por los lobbies que por los estados, olvidando que estamos hablando de un derecho básico que debe ser garantizado para asegurar condiciones de vida dignas para toda la población. La transición energética solo será exitosa si moviliza a la mayor parte de la población, traduciéndose en energía asequible, reducción de la precariedad, acceso universal a servicios esenciales y mejora de la calidad de vida.
Cambiar el modelo de consumo es primordial y solo es posible si los consumidores se ven atraídos por ser partícipes de las mejoras económicas que este cambio genera. Para lograrlo, el diseño de una política fiscal ad hoc es la herramienta clave. Más allá de su función recaudatoria, que todos los gobiernos asumen, independientemente de su ideología, los impuestos y el destino de lo recaudado deben contribuir a una distribución más justa de la riqueza generada y a incentivar las actividades sostenibles que queremos impulsar, penalizando aquellas que perpetúan la dependencia de los combustibles fósiles y que nos debilitan como país.
Ahora, reivindicar un papel más activo del Estado en la planificación y ejecución de la transición puede entenderse como una apuesta a contracorriente si nos fijamos en la pérdida de gobernanza y transparencia de algunas actuaciones públicas o si analizamos el alcance del Reglamento Ómnibus aprobado por el Parlamento Europeo o la creación de una Consejería de Desregulación en el nuevo gobierno de Andalucía, a pesar de que en teoría se le suponía un posicionamiento más centrado. Pero queda claro que, frente a una visión en la que las administraciones se limiten a regular sin correspondencia con la importancia de los objetivos fijados y viendo el fracaso del mercado en la transición energética, es más importante que nunca que las instituciones públicas asuman un papel emprendedor. Deben liderar la electrificación de la economía, impulsar el despliegue de energías renovables y participar en la gestión y en la propiedad de las infraestructuras estratégicas para garantizar que el interés general prevalezca sobre la lógica de la rentabilidad inmediata.
Necesitamos cambiar el relato dominante sobre la crisis climática. Frente a discursos marcados por el miedo, el pesimismo o la resignación, hay que construir una visión positiva de futuro capaz de movilizar a la sociedad. La transición energética aparece así no como un sacrificio inevitable, sino como una oportunidad histórica para mejorar la calidad de vida, fortalecer la democracia, reducir desigualdades y construir sociedades más prósperas, resilientes y sostenibles.
La transición energética ampliada a una formulación ecosocial se presenta no solo como una cuestión ambiental, sino también como una estrategia para reforzar la autonomía, la seguridad y la estabilidad de la sociedad. No se trata de un proceso tecnológico o económico. Se trata, sobre todo, de un proyecto colectivo de transformación que busca garantizar bienestar, justicia y seguridad para las generaciones presentes y futuras.
