La Asamblea Nacional está convocada para reunirse en el pleno este miércoles a partir de las 10:10, para designar la comisión que tendrá que integrar la asambleísta Arianna Burgos (ADN), quien se principalizó en el cargo tras la renuncia realizada por el exlegislador Niels Olsen Peet.
Tras la salida de Niels Olsen de la presidencia de la Asamblea Nacional, la primera vicepresidenta, Mishel Mancheno, asumió la titularidad del Legislativo. Hasta antes de su posesión en el cargo, Mancheno integraba la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Con la titularización de Mancheno como presidenta de la Asamblea Nacional, el Pleno deberá resolver la reconfiguración de esa mesa legislativa. Para ello, mediante resolución, se prevé la designación de la legisladora Arianna Burgos como nueva integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, actualmente presidida por la oficialista Valentina Centeno.
La agenda legislativa de este miércoles también incluye el trámite en primer debate del proyecto de ley orgánica para la atención integral de las personas con obesidad que pretende ser una respuesta efectiva e integral frente a la ausencia de regulación específica sobre obesidad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Con ello, la obesidad en el país será abordado como un problema prioritario de salud pública desde una perspectiva de derechos, prevención, atención sanitaria y acción intersectorial.
El mismo día miércoles, pero en la tarde, el Pleno está convocado para conocer y resolver tres puntos incluidos en el orden del día, referentes al cobro de tasas municipales a través de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados.
También se incluye en la agenda el debate y resolución sobre la situación laboral de los trabajadores conocidos como “hormiguitas chua”, de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias sobre precarización laboral.
Los legisladores en esa misma sesión esperan conocer, analizar y debatir los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que determinan indicios de responsabilidad penal en los gobiernos autónomos descentralizados.
(I)
