La elección de un titular para la Fiscalía General del Estado enfrenta un revés y podría estancarse por advertencias de anomalías expuestas por los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que no aprobaron el informe final de calificación de méritos de veintiocho concursantes.
Adicionalmente, la comisión ciudadana decidió actualizar el cronograma de elección de la autoridad, el cual —según sus cuentas— terminará el 23 de octubre de 2026. Antes se especuló que en julio estaría designada la autoridad.
Su decisión se basó en una aparente “antinomia” reglamentaria, pero por el momento el CPCCS no se ha pronunciado sobre esa actualización del calendario, cuya consecuencia es la extensión en las funciones de los comisionados.
Concurso de elección del fiscal se frena
La noche del 11 de junio de 2026 se reinstaló una sesión del Consejo de Participación Ciudadana para resolver varios asuntos, entre ellos aprobar un informe de la comisión ciudadana que realiza el concurso público para designar al nuevo fiscal general que reemplace al subrogante Carlos Alarcón.
La mayoría que encabeza el consejero y presidente Andrés Fantoni no tuvo los votos para aprobarlo y el concurso se quedó en el limbo.
Esto debido a que Fantoni tomará vacaciones por varias semanas y retomaría su cargo en julio. Extraoficialmente se conoce que viajará a los Estados Unidos para estar en el Mundial de Fútbol 2026.
No obstante, antes de salir del país, este viernes inscribiría su candidatura a la reelección como consejero de Participación Ciudadana, considerando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a los interesados a inscribirse desde este viernes hasta el 25 de junio, cuando terminará el plazo.
A cargo de la presidencia del CPCCS se quedará Jazmín Enríquez, que ocupa la vicepresidencia y que también prepara su carpeta para la reelección, al igual que otros consejeros.
En ese contexto, la comisión ciudadana sufre un revés y retrasará el cumplimiento de plazos contemplados en el reglamento que los rige.
Las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán alertaron de anomalías en el proceso de calificación de méritos de los veintiocho aspirantes al cargo.
En tanto, entre los aliados de Fantoni, David Rosero no asistió a la sesión del jueves y Roberto Gilbert se negó a aprobar el documento luego de una accidentada participación.
El 8 de mayo pasado, la comisión ciudadana aprobó el informe final de calificación y recalificación de méritos (50/100) de los veintiocho concursantes y lo envió para el conocimiento y aprobación del pleno del CPCCS.
El reglamento que regula las actividades de estos cuerpos colegiados establece en el artículo 42 que este documento permitirá continuar con la siguiente fase del concurso —en cuyo caso es la impugnación ciudadana— y servirá como “habilitante para el pago de dietas de los comisionados” que representan a la “ciudadanía”.
Es decir, los consejeros de Participación debían aprobar el informe de actividades de los nueve comisionados para avanzar a la siguiente fase de impugnación ciudadana.
Pero, al no hacerlo, el concurso no seguirá hasta que haya los votos.
La consejera Nicole Bonifaz cuestionó que, de los veintiocho aspirantes, hubo veintidós que pidieron recalificaciones de sus notas de méritos y se las aceptaron a nueve de ellos.
Le llamó la atención que al expediente 100, de la postulante Tirsa Gómez, y el 43, de Gabriel Pereira, se les haya incrementado más de cinco puntos en la recalificación.
“La magnitud de la recalificación se debe explicar. ¿Cuáles fueron los méritos reconocidos y por qué esos criterios no fueron aplicados a otros concursantes? ¿Se aplicaron los mismos criterios para todos? Cuando ciertos méritos se incrementan, no es una simple nota lo que esta en discusión; es el principio de igualdad“, manifestó Bonifaz, que votó en contra.
Mientras ella expresaba su postura, el consejero Roberto Gilbert la interrumpió bruscamente para increparla. “¡A mí ella no me va a enseñar las reglas de qué es lo que tengo que hacer!”, dijo advirtiéndole a Fantoni.
La sesión siguió. La consejera Piedad Cuarán votó en contra y apuntó que la comisión ciudadana no hizo un análisis correcto de la fase de méritos y recalificación. “Existen denuncias de que se ignoró la formación académica y experiencia profesional” recalcó.
Al turno de Roberto Gilbert, este último exigió saber qué fue lo que se calificó.
“El Consejo de Participación fue creado como una herramienta perfecta para elegir a gente perfecta. Y ahí está usted, Fantoni. Revisen las notas de Fantoni, las de todos los colegas que están aquí. No por nada miles de personas votaron por nosotros. Cuántos escollos tuvimos que pasar con el Consejo Nacional Electoral para ser los perfectos del país. Ahora resulta que nueve ciudadanos de distintas especialidades nos van a decir a nosotros quién es el fiscal general de la nación y nosotros debemos decir: ‘Amén’. No, señor presidente”, expresó.
Hizo una sugerencia que la convirtió en moción, pero que no se votó porque infringía el procedimiento parlamentario, ya que se encontraban en votación de otro punto.
Su propuesta era que cuando Fantoni regrese de sus “merecidas vacaciones” se reúnan en Quito y se dividan las veintiocho carpetas a los siete consejeros.
“Si se divide a los siete consejeros titulares, veintiocho para siete, son cuatro carpetas que vamos a analizar. Las reglas del juego están establecidas; no vamos a cambiarlas, pero tenemos el derecho a saber por qué le pusieron a Pepito, a Juanito, a Marianita equis puntos y nada más. Eso no va a entrar en tela de duda. Falta la mitad de la pelea todavía”, comentó.
Al final, se abstuvo de aprobar el documento. Solo Fantoni, Enríquez y Johanna Verdezoto votaron a favor.
Comisión se retrasará en su cronograma
El reglamento que rige a las comisiones ciudadanas para elegir a las autoridades mediante concursos públicos da un término de cuatro meses para esta tarea, con una extensión de dos meses, que la aprobará el CPCCS con base en un informe motivado y por razones excepcionales.
La comisión va en su quinto mes y recién aspira a cerrar la fase de calificación de méritos; le falta hacer la impugnación ciudadana y el examen de oposición, que consiste en una prueba oral y escrita sobre otros 50 puntos que se sumarán a los méritos.
Pese a que en julio será el sexto mes, ni la comisión ni el CPCCS han resuelto —con base en informes jurídicos— una extensión del plazo.
Al contrario, los comisionados resolvieron en una sesión del 8 de junio “actualizar” el cronograma de trabajo y que habrá un fiscal electo el 23 de octubre de 2026.
Es decir, tres meses adicionales, pese a que en un primer momento el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, y los comisionados especularon que habría un nuevo fiscal en julio de este año.
Esta actualización del cronograma lo aprobaron los comisionados, bajo el argumento de que existía una aparente “antinomia” en el reglamento que los rige.
Y, como la Constitución establece que las normas “se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente”, extendieron el concurso para proteger los derechos de los postulantes.
Esto aún no está en firme, pues el CPCCS debe aprobar este nuevo cronograma.
La preocupación alrededor de los plazos se debe a que el CPCCS puede cesar en funciones a los comisionados y enviar sus expedientes a la Contraloría General del Estado para que establezca las responsabilidades administrativas civiles o penales que correspondan. (I)
