El problema de la falta de casas asequibles, que asola a buena parte de la Unión Europea, debería ser tratado no solo desde el punto de vista económico, sino también bajo la perspectiva de los derechos humanos por su impacto crucial en la sociedad de un continente donde “cada vez más personas no pueden permitirse pagar su vivienda y corren peligro de quedarse sin hogar”. Así lo afirma la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la UE (FRA, en su sigla inglesa) en su último informe anual, donde identifica esta cuestión como uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el bloque comunitario.
“El aumento de los costes de la vivienda y la falta de viviendas sociales y asequibles han agravado la crisis de la vivienda en toda la UE”, una situación que empeora aún más por la “falta de garantías contra los desahucios y la falta de vivienda” en varios de los Estados miembros, señala el organismo asesor de las instituciones de la UE en materia de derechos fundamentales, con sede en Viena. Este cúmulo de circunstancias “da lugar a situaciones que vulneran el derecho a la dignidad humana” que garantizan los tratados y normas del bloque europeo, advierte la FRA en su informe relativo a 2025, en el que también identifica la explotación laboral y las amenazas en internet como los principales desafíos en materia de derechos humanos de los Veintisiete.
En este sentido, la agencia europea recomienda defender un enfoque “basado en los derechos, para abordar de manera eficaz la falta de vivienda, proteger contra los deshaucios forzosos y ofrecer garantías a las personas en situaciones vulnerables”. Algo que implica que “los principios de igualdad y no discriminación, la atención a las personas en situaciones vulnerables, la participación de los titulares de derechos y la rendición de cuentas de los responsables de cumplir con sus obligaciones guíen todas las etapas de la elaboración, la aplicación y el seguimiento de las políticas” de vivienda, agrega el informe. Este alerta de que, según la OCDE, unos dos millones de personas carecían de hogar en 2024.
La crisis de la vivienda —la Comisión Europea calcula que se necesitaría añadir 650.000 casas al año a los 1,6 millones que se construyen ahora para cubrir las necesidades de la población— es uno de los ejes que marca la política comunitaria en este quinquenio. Bruselas lanzó a finales del año pasado un “plan europeo de vivienda asequible” que busca impulsar la construcción, movilizar financiación y proteger a los más afectados por la carestía de las casas y su coste. Y aunque esta cuestión sigue siendo principalmente competencia de los países, se prepara para presentar, en este 2026, una propuesta legislativa al respecto. También el Parlamento Europeo cuenta desde finales de 2024 con una comisión especial sobre la crisis de vivienda en la UE. La FRA valora especialmente que las instituciones europeas, con estos planes, reconozcan que “la vivienda no es solo un bien de consumo, sino un derecho fundamental y una piedra angular de la dignidad humana”.
Una de las claves que la FRA considera aún no cumplidas es contar con unas definiciones de los problemas y vulnerabilidades —empezando por qué es ser una persona sin hogar y el alcance de las medidas de protección de los grupos vulnerables— más armonizadas, al igual que las políticas y leyes al respecto. Esto “obstaculiza los esfuerzos por erradicar el fenómeno de las personas sin hogar y garantizar una vivienda asequible para todos en toda la UE”, advierte.
Señala en este sentido la disparidad en las estrategias nacionales contra la falta de viviendas, desde países como Bélgica y Portugal que tienen consagrado en su constitución el derecho a una vivienda, a países como Hungría, que modificó su ley fundamental en 2018 para tipificar como delito el permanecer habitualmente en espacios públicos, lo que ataca directamente a las personas sin hogar. En este país también están en vigor sanciones penales por ocupación arbitraria, que a lo largo de 2025 se aplicaron asimismo en Chipre o Italia, señala el informe.
En cambio, la agencia valora positivamente el enfoque housing first (vivienda primero, que consiste en proveer una casa a las personas en situación de sinhogarismo) que aplican países como Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Letonia, Eslovaquia y Suecia. Y alaba también el refuerzo en 2025 de las salvaguardias contra los desahucios que emprendieron países como Bélgica o España.
Igualmente, destaca que en España la “situación de vulnerabilidad” de los inquilinos puede dar lugar a la suspensión extraordinaria del desahucio y a la intervención de los servicios sociales, así como “hacer que las autoridades competentes sean responsables de garantizar una vivienda alternativa”, un asunto que ha motivado fuertes peleas del Gobierno con la oposición. De igual manera, la FRA considera una “práctica prometedora” para atajar los problemas de vivienda asequible los programas que han elaborado países como España o Croacia “con ayudas financieras o incentivos para rehabilitar viviendas desocupadas de propiedad privada y ponerlas a disposición del mercado de alquiler público”.
“Los derechos fundamentales deben estar en el centro de todas las políticas y acciones de la UE y los valores fundacionales europeos deben ser invocados para garantizar el goce completo delos derechos por parte de todos”, subraya la directora de la FRA, Sirpa Rautio, en el informe anual de la organización.
