En el denominado caso Goleada, la Fiscalía investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y a su círculo familiar por una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras derivadas de la supuesta comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.
Según la teoría fiscal, el grupo empresarial y familiar “habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, mismo que se debía despachar a embarcaciones de bandera nacional; sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos crearon empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener dineros indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos».
La investigación sostiene que el alcalde de Guayaquil habría dado instrucciones para cambiar la facturación de combustible por lubricante, con el fin de que no se evidencien estos movimientos presuntamente ilegales.
Asimismo, se argumenta que, junto con sus hermanos, habrían realizado movimientos sospechosos a través de acciones de 22 empresas relacionadas, presuntamente, con el contrabando de combustible.
La institución alega que el efecto lesivo para el Estado radicaba en el desfalco reflejado en la venta del diésel subsidiado para que los procesados lo revendieran a precio del mercado internacional, es decir, sin subsidio. En esta causa existen 28 personas naturales y jurídicas (empresas) procesadas.
Cuando la Fiscalía reformuló cargos, pasando de delincuencia organizada a lavado de activos, el 14 de mayo pasado, repasó que el caso se inició a partir de “una denuncia que señaló que un grupo de personas estaría conformando una estructura delictiva que operaría desde 2021, cometiendo, presuntamente, delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y testaferrismo, entre otros, ocasionando un gran perjuicio al Estado ecuatoriano.
Con la denuncia, explicó el fiscal del caso, se adjuntaron tres dispositivos electrónicos: dos celulares y una laptop.
El caso Goleada se encuentra en instrucción fiscal por 30 días más, luego de que el pasado fin de semana, la Fiscalía vinculó a la esposa y la madre del alcalde de Guayaquil, a dos primos del alcalde, Fernando y Andrés Viteri, a su excontadora Erika Vélez y nueve empresas.
Participación de Aquiles, según versión de testigo protegido
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, a partir de la versión del testigo protegido José C., los hermanos Alvarez habrían constituido un conglomerado de empresas calificadas por los organismos de control para la comercialización de derivados de hidrocarburos, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a sus operaciones.
Sin embargo, a través de estas compañías, los hermanos Alvarez se dedicaron a la supuesta comercialización ilegal de combustibles para tener beneficios económicos y después adquirir bienes muebles e inmuebles aparentemente legales y realizar transacciones ficticias con una empresa de su propiedad en Panamá y así transferir propiedades para ocultarlas.
El alcalde de Guayaquil había dado las instrucciones a las contadoras para que el combustible se facturara como lubricante. Es por eso, dice la exposición, que no se evidencia facturación de combustible de la empresa Ternape S. A. a la empresa Corpalubri.
Sin embargo, sostiene la Fiscalía, Ternape no tenía proveedores ni inventarios de lubricantes, y Corpalubri registraba grandes compras de lubricantes pero no registraba ventas a clientes finales. “Corpalubri aportaba 265.000 galones mensuales de contrabando, sin embargo, en sus estadísticas de compras de diésel sin subsidio a EP Petroecuador no llegaban ni a 20.000 galones durante todo el semestre”, señala.
Entre algunos movimientos que habría realizado el alcalde de Guayaquil, de acuerdo con la teoría fiscal, está la adquisición de un terreno de 15 hectáreas en la comuna de Villingota, en el cantón Santa Elena, por $ 105.000, en noviembre de 2021, cuando Alvarez figuraba como presidente de Fernanda S. A.
Consta también una orden de Aquiles Alvarez para aumentar el capital de esta empresa en $ 6.500.
En mayo de 2022, señaló el fiscal, Aquiles Alvarez habría comprado la gasolinera El Cruce, en el cantón Naranjal, por $ 1′700.000. En junio de ese mismo año, el alcalde habría suscrito un contrato privado de arrendamiento con promesa de compraventa de terreno en el km 17,5, vía Costa, cantón Huaquillas, por $ 2 millones, y después habría adquirido un terreno de tres hectáreas en Santa Elena por otros $ 2 millones.
Un mes después, en julio, Alvarez habría adquirido el centro de distribución, Normalux S. A., en el cantón Daule, por $ 350.000.
Para agosto de 2022, Aquiles Alvarez habría solicitado un desembolso de $ 650.000 de Fernanda S. A. a su cuenta personal para un préstamo a ‘YouTube-ciudadanos’, y el 3 de agosto suscribió un cheque de $ 600.000 para un préstamo a Barcelona Sporting Group.
Para abril de 2023, según la Fiscalía, Aquiles Alvarez y su esposa, Fiorella Icaza, suscribieron la compraventa de un bien inmueble con Inmobiliaria Fiorema S. A.
Entre otros movimientos que habría realizado el alcalde, en marzo de 2023, habría instruido cambiar la razón social de Grupo Fronape/Berceas S. A. a Grupo Alba III S. A., para evitar que la empresa panameña fuera vinculada a la estructura.
Alvarez esta preso en la Cárcel del Encuentro, pero no por este caso. Tiene prisión peeventiva en los casos Triple A y Grillete.
Primos de Aquiles Alvarez
Según Fiscalía, Fernando y Andrés Viteri, primos del alcalde de Guayaquil, tuvieron la intención de proteger los bienes de Aquiles Alvarez y evitar que se abriera una indagación previa; además, habrían intentado proteger a las compañías que se dedican a la presunta comercialización ilegal de combustibles, así como de cuidar sus ganancias.
Entre estas operaciones se habrían registrado transferencias de paquetes accionarios a los primos de Aquiles Alvarez, Fernando y Andrés Viteri, entre julio y agosto de 2024, con el siguiente detalle: Corpalubri S. A., con un capital de $ 1′500.000, y Ternape S. A., con $ 3′000.000 de capital, registradas ante la Superintendencia de Compañías el 31 de julio de ese año.
En tanto, entre julio y agosto de 2024, también se habrían realizado cambios de representación legal en las empresas Grupo Alba S. A., Corpalubri, Indudiésel, Ternape, Inmobiliaria Álvarez H. S. A. e Inmobiliaria Fiorema.
En la exposición fiscal, además, se menciona a David Alvarez Kronfle, primo de Aquiles Alvarez, a quien se señala como el presunto principal comisionista en los segmentos naviero e industrial.
Según el testigo, para el 24 de agosto de 2022, suscribió un contrato de financiamiento con Medical del Ecuador Medec S. A. por hasta $ 100.000, por disposición de Aquiles Alvarez. Posteriormente, Ternape transfirió, en tres momentos, $ 50.000, $ 25.000 y $ 25.000, entre agosto y noviembre de 2022, a la cuenta de Alvarez Kronfle, quien a su vez, dice la Fiscalía, “emitía cheques a Medec S. A. sin que exista evidencia de facturación de servicios de David a Ternape que justifique dichos pagos”.
Los hermanos Viteri tienen la medida de prisión preventiva, pero su paradero se desconoce.
Antonio Alvarez, hermano de Aquiles
Según la versión del testigo, “Antonio Alvarez Henriques, como gerente general de Ternape, asumió una postura agresiva de precios en el segmento naviero, vendiendo diésel prémium por debajo del precio de Panamá e incluso por debajo del precio de la terminal, y ampliando líneas de crédito hasta 120 días”.
“Su cartera incluía embarcaciones de Salvatore Natoli (Gran Roque, EP Cayo Krasky, BP Seabull Nebraska, BP Tauros 1) que llegaron a adeudar más de $ 2′000.000″, dice el expediente.
Xavier Alvarez, hermano de Aquiles
De acuerdo con la versión del testigo que recoge Fiscalía, el hermano menor del alcalde de Guayaquil, como gerente de Indudiésel S. A., adquirió el centro de distribución Normalux, en el cantón Daule, por $ 350.000, para diluir controles regulatorios.
Antonio y Xavier Alvarez tienen medida de presentación periódica y prohibición de salida del país.
Raúl Chávez, asambleísta de la Revolución Ciudadana
De acuerdo con el testigo protegido, Chávez, como amigo personal de Aquiles Alvarez, junto con otro ciudadano integraba el Grupo Remo como comisionistas del segmento industrial.
La Fiscalía sostiene que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) registró a Raúl Chávez como beneficiario de transferencias de $ 45.000 en 2023 y $ 117.000 en 2024, diferencia entre lo declarado y lo recibido en el sistema financiero, “evidenciando simulación de servicios y facturación inorgánica como un supuesto mecanismo de lavado de activos”.
Fiorella Icaza, esposa del alcalde
En la audiencia de vinculación del pasado 29 de mayo, la Fiscalía sostuvo, con base en reportes de la Superintendencia de Compañías, que Icaza fue directiva de la Inmobiliaria Fiorema S. A. y que a su vez tiene como accionista a Copedesa, compañía que maneja las gasolineras de la familia Alvarez.
De noviembre de 2019 a junio de 2023, la cónyuge del alcalde fue gerenta de la inmobiliaria; y de junio de 2023 a julio de 2024, presidenta. A la fecha ya no figura en esos cargos.
En el expediente se refiere que la inmobiliaria movió alrededor de $ 5 millones en compra de propiedades, pagos operativos y “otras entradas de efectivo”, pero apenas reportó $ 45.000 en ventas. El capital registrado de la empresa es de $ 800.
La Fiscalía sostiene que, como directiva, la participación de Icaza en la compra de bienes fue indispensable para viabilizar el ingreso de bienes de alto valor a la inmobiliaria.
La esposa de Alvarez dejó la representación legal de Inmobiliaria Fiorema S. A. el 19 de julio de 2024. Doce días después, el 31 de julio de 2024, su suegra Geoconda Henriques pasó a constar como la única accionista de la compañía.
Como medida cautelar se le impuso la prohibición de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
Gioconda Henriques, madre de Aquiles Alvarez
Según la Fiscalía, en los registros de la Superintendencia de Compañías, la madre del alcalde, Gioconda Henriques, consta como accionista en al menos siete empresas relacionadas con la familia: Inmobiliaria Fiorema S. A., Bienpetrol S. A., Pharmesa S. A., Satriale S. A., Inmobiliaria Alvarez Hache S. A., Copmarket S. A. y Cawaco S. A.
Y, además, como administradora de otras tres: Inalcass S. A., Babao Investments S. A. e Inmobiliaria Alvarez H. S. A.
Además, la propiedad reportada en los documentos de arraigo presentados por Gioconda Henriques, ubicada en Hialeah Gardens, en Miami-Dade, Florida, figura registrada a nombre de Copedesa USA LLC. Su avalúo supera los $ 400.000, según información que maneja la Fiscalía.
La madre del alcalde tiene medida cautelar de presentación periódica ante en consulado de Miami, donde reside. Pero presentó una apelación; la audiencia será el 19 de junio. (I)
