La suspensión provisional del movimiento Amigo (lista 16), organización que iba a auspiciar las candidaturas de la Revolución Ciudadana (RC), lista 5, para las elecciones seccionales del 29 de noviembre, obligó al correísmo a replantear su estrategia electoral y buscar nuevas organizaciones políticas que permitan inscribir a sus postulantes.
Así lo señaló a este Diario el parlamentario andino Virgilio Hernández, quien aseguró que la intención de la RC es mantener presencia en todo el país, aunque reconoció que el proceso se ha vuelto más complejo tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
“Ahora tendremos que buscar algún mecanismo, algún movimiento a través del cual puedan presentar nuestros candidatos”, afirmó Hernández.
Estrategias territoriales ante la dispersión electoral
Explicó que la organización ya no solo analiza acuerdos con partidos nacionales, sino también con movimientos provinciales y cantonales para garantizar la participación de sus candidatos.
“Tenemos que acudir a distintas fuerzas de carácter provincial, a distintas fuerzas de carácter cantonal para que nuestros candidatos participen”, indicó. Agregó que, dependiendo del territorio, los candidatos podrían aparecer bajo distintos casilleros electorales.
Según Hernández, esto complicará la identificación de las candidaturas por parte del electorado, pues en una misma provincia podrían existir diferentes organizaciones que respalden a los aspirantes de la RC para alcaldías, prefecturas o concejalías.
Añadió que esa dispersión obligará al movimiento a replantear la forma de hacer campaña. “Esto requiere mucha creatividad para que la ciudadanía pueda identificar a nuestros candidatos y votar por ellos”, concluyó.
Pese a ello, sostuvo que el movimiento mantiene la decisión de participar en las elecciones y que el objetivo es conservar la mayor cantidad posible de candidaturas en todo el país.
“No renunciamos a participar. Nuestra voluntad es estar presentes, aunque es indudable que en muchos lugares algunos candidatos podrían quedarse sin la posibilidad de hacerlo por la complejidad que genera esta situación”, manifestó.
Respecto al caso de Guayaquil, donde el correísmo ha señalado que la definición de la candidatura se realizará en coordinación con el alcalde Aquiles Alvarez —procesado en los casos Triple A, Goleada y Grillete— y que el cuadro podría ser su abogado David Norero, Hernández afirmó que las decisiones responderán al nuevo escenario electoral y que se harán en consenso con el alcalde para poder tener una carta que pueda continuar su línea de trabajo.
“En muchos lados se ha priorizado la relación con el Partido Socialista, pero en otros habrá relación con movimientos cantonales y provinciales. La participación de la Revolución Ciudadana será muy diversa a través de distintas organizaciones políticas”, sostuvo.
Diferencias con procesos de cancelación anteriores
Sobre las comparaciones que se han hecho con la cancelación de partidos políticos durante el gobierno de Rafael Correa, Hernández sostuvo que se trata de procesos distintos.
Recordó que la eliminación de organizaciones por no alcanzar el porcentaje mínimo de votación responde a una disposición que, según dijo, está vigente desde el retorno a la democracia en 1978 y ha sido aplicada a diferentes fuerzas políticas a lo largo de los años.
En contraste, argumentó que el caso de la Revolución Ciudadana y de Amigo corresponde a suspensiones provisionales adoptadas antes de que exista una resolución definitiva sobre las causas que enfrentan ambas organizaciones, criterio con el que justificó sus cuestionamientos a las decisiones del TCE.
Pese a las críticas al proceso electoral en curso, Hernández señaló que la prioridad del movimiento es garantizar la presencia de sus candidatos en las papeletas de noviembre y diseñar una estrategia de campaña que permita a los electores identificarlos pese a competir bajo distintas organizaciones políticas.
Consultado sobre una eventual reforma legal para evitar situaciones similares, Hernández consideró que el problema no radica en la normativa electoral.
A su criterio, la ley es clara al establecer que la suspensión de una organización política debe producirse después del juzgamiento de una infracción.
“No es un problema de la ley”, dijo, sino de “quienes aplican la ley”, a quienes acusó de actuar sin fundamento jurídico y de responder a intereses políticos.
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