El concejal del Distrito Metropolitano de Quito Michael Aulestia solicitó al alcalde Pabel Muñoz que explique las presuntas injerencias de Xavier Jordán en decisiones relacionadas con el Municipio, luego que Tamia Villavicencio, hija del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, difundiera fragmentos de un informe policial incorporado al expediente del caso Magnicidio FV.
En un comunicado emitido este 22 de julio, Aulestia sostuvo que la administración municipal “debe dar respuestas a Quito” y señaló que los capitalinos “merecen instituciones transparentes y una administración municipal que actúe con independencia, legalidad y respeto al servicio público”.
El pronunciamiento se produce después de que Tamia Villavicencio publicara en la red social X conversaciones atribuidas a Xavier Jordán, procesado en los casos Metástasis y Magnicidio FV, en las que se menciona al alcalde Pabel Muñoz y a una funcionaria de ConQuito.
Según la publicación de Villavicencio, los mensajes corresponden al 14 de agosto de 2023, cinco días después del asesinato de su padre, y forman parte del expediente fiscal del caso que investiga a los presuntos autores intelectuales y financistas del crimen.
En los chats difundidos se observa un pedido para remover a una funcionaria identificada como Karla Echeverría, quien laboraba en ConQuito. También se menciona que habría entregado información sobre contratos públicos a Fernando Villavicencio.
A partir de esa información, Aulestia afirmó que existirían “indicios de que, presuntamente, Xavier Jordán habría solicitado favores relacionados con la desvinculación de personal de la administración municipal”.
Por ello, anunció que, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, requirió a la Corporación de Promoción Económica ConQuito y a la Dirección Metropolitana de Talento Humano información sobre el caso. Entre los datos solicitados constan el tiempo de prestación de servicios de la funcionaria, la modalidad de contratación, el motivo de la terminación de la relación laboral y la identificación del funcionario que dispuso esa desvinculación.
“Los ciudadanos tienen derecho a conocer si las decisiones administrativas se adoptan con base en criterios técnicos y legales, o si existieron influencias indebidas de terceros”, señaló el edil en el comunicado.
Asimismo, sostuvo que el Municipio de Quito “no puede estar sujeto a intereses particulares, presiones externas ni favores solicitados por ninguna persona” y afirmó que la confianza ciudadana se construye con transparencia, rendición de cuentas y respuestas claras.
Hasta la publicación de esta nota, Muñoz no se ha pronunciado sobre el comunicado del concejal. Tampoco se ha informado oficialmente si la desvinculación de la funcionaria guarda relación con las conversaciones incorporadas al expediente.
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