La asambleísta Mishel Mancheno, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), este 1 de junio de 2026, presentó el proyecto de ley antimafias que reforma varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado.
El proyecto contiene catorce reformas, de las cuales once se aplican al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una a la Ley de Extinción de Dominio y dos al Código Orgánico de la Función Judicial.
La ley antimafias busca cerrar los vacíos que actualmente permiten que las organizaciones criminales operen, se expandan, recluten personas, utilicen infraestructura, sostengan economías ilícitas, intimiden a víctimas y conserven su patrimonio criminal aun cuando algunos de sus ejecutores sean detenidos.
La proponente del proyecto considera que el crimen organizado no funciona como un delito aislado, sino como una estructura circular, pues en el centro está la organización criminal y alrededor de ella operan distintos anillos: quienes dirigen, quienes pertenecen funcionalmente, quienes reclutan, quienes prestan infraestructura, quienes movilizan recursos, quienes lavan activos, quienes corrompen funcionarios, quienes intimidan víctimas y quienes conservan o administran bienes ilícitos.
Propuesta de cambios
Los cambios al COIP reforman el delito de delincuencia organizada; incorporan pertenencia funcional, reclutamiento de personas con fines delictivos y uso de infraestructura criminal; actualizan delitos vinculados a hidrocarburos; refuerzan reglas sobre prisión preventiva, sustitución de medidas y administración de bienes incautados.
Esto permitirá perseguir no solo al jefe o al ejecutor, sino también a quienes sostienen la organización: cobradores, campaneros, transportistas habituales, reclutadores, facilitadores de bodegas, inmuebles, vehículos o recursos logísticos.
Las reformas a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio incorporan reglas para administración provisional y asignación temporal de bienes sujetos a medidas cautelares, cuando exista riesgo de deterioro, abandono, pérdida de valor, ocupación ilegal o desuso.
Con ello, se busca que los bienes vinculados a actividades ilícitas no queden embodegados, abandonados o improductivos mientras avanza el proceso. Permite preservar su valor y darles utilidad pública o social sin transferir dominio.
En las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial incorpora responsabilidad disciplinaria por falta de motivación reforzada en decisiones sobre prisión preventiva cuando la ley la exige; además, establece inhabilitación profesional para abogados condenados por delitos vinculados al crimen organizado, lavado de activos, corrupción u obstrucción de justicia, cuando exista relación con el ejercicio profesional.
Estos cambios pretenden reforzar la responsabilidad del sistema de justicia en casos de alta complejidad. Buscan evitar decisiones débiles o inmotivadas en procesos de crimen organizado y sancionar el uso de la profesión jurídica como herramienta de protección de estructuras criminales.
Ejes temáticos
- Reforma el delito de delincuencia organizada para identificar mejor los distintos roles dentro de una estructura criminal, como dirección, mando, financiamiento, planificación, control y colaboración externa.
- Incorpora herramientas para sancionar a quienes pertenecen funcionalmente a la organización, reclutan personas para fines delictivos o facilitan casas, bodegas, vehículos, caletas, galpones u otros espacios para su operación.
- Fortalece la respuesta penal frente a delitos relacionados con hidrocarburos, derivados, gas licuado de petróleo, biocombustibles y favorecimiento de servidores públicos.
- Exige una valoración más rigurosa del riesgo en casos de crimen organizado, incluyendo capacidad económica, capacidad armada, control territorial, redes de apoyo, intimidación de víctimas o testigos y posibilidad de continuidad criminal.
- Permite administrar, preservar, vender anticipadamente o asignar temporalmente bienes incautados para evitar deterioro, abandono, pérdida de valor o reutilización criminal.
- Refuerza la obligación de motivar adecuadamente decisiones judiciales en casos graves e incorpora consecuencias para profesionales que usen su función para favorecer estructuras criminales.
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