El Ministerio de Hacienda ha iniciado los contactos con las comunidades para avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, una de las principales prioridades del departamento que dirige Arcadi España y que el Gobierno pretende culminar antes de que termine 2026. Con ese objetivo, Hacienda ha remitido este lunes una carta a las 15 comunidades de régimen común y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para concertar reuniones bilaterales de manera inmediata. Estos encuentros servirán para analizar la propuesta presentada por el Ejecutivo en la etapa de la anterior ministra, María Jesús Montero, y recabar las aportaciones de los distintos territorios de cara a la tramitación definitiva del nuevo modelo.
El ministro Arcadi España tiene el compromiso de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), paso previo a la aprobación de la reforma por el Consejo de Ministros y al inicio de su recorrido parlamentario. La intención, según explica el ministerio en una nota, es que el nuevo sistema quede aprobado antes de que finalice el año para que pueda echar a rodar el 1 de enero de 2027.
La andadura, sin embargo, no será fácil. Al tratarse de una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), el Gobierno necesitaría aunar los apoyos necesarios (una mayoría absoluta) en la Cámara baja, por lo que tendría que lograr el respaldo de la mayoría de la investidura en un momento en el que la fortaleza del Ejecutivo se encuentra en horas bajas. Junts, una de las formaciones clave en el Congreso para casi cualquier trámite, es parte interesada del cambio de modelo ―que el PSOE negoció con ERC― y ya ha mostrado en varias ocasiones su oposición a la propuesta por ser “insuficiente”. El rechazo de la oposición se da por hecho. En todos los contactos que ha habido hasta la fecha, los territorios del PP, que son la mayoría, han confrontado de lleno con el nuevo esquema.
El ministro, anterior secretario de Estado de Política Territorial, conoce bien la materia, ya que fue parte activa de los mimbres de la propuesta que elaboró hace unos meses el ministerio que ahora dirige. Las reuniones, no obstante, serán coordinadas por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y podrán celebrarse de forma presencial o por videoconferencia, según las preferencias de cada territorio.
El plan diseñado por Hacienda permitiría incrementar notablemente los recursos destinados a las autonomías. Según el plan, el Estado aportará unos 21.000 millones de euros más al año a la caja común a la que van a parar los recursos que luego se reparten. Según las estimaciones del ministerio, el nuevo modelo distribuiría un total de 224.507 millones de euros en 2027, frente a los 152.484 millones recibidos por las comunidades autónomas en 2023, último ejercicio liquidado, un alza que se explica por el rediseño del esquema y por el tirón económico y recaudatorio de los últimos años. La estructura vigente a día de hoy se diseñó en 2009 y tendría que haberse reformado en 2014, por lo que está claramente caduca.
Los principales cambios
Entre los principales cambios planteados figura una nueva propuesta de población ajustada, que incorpora nuevas variables y una estratificación más precisa. Este indicador se corresponde con la población real de cada territorio, ponderada por variables que influyen en el coste de prestar los servicios públicos básicos, como el envejecimiento, la insularidad o la dispersión geográfica.
Asimismo, se refuerza la autonomía fiscal de las comunidades mediante un aumento de su capacidad tributaria y se amplían los mecanismos de corresponsabilidad financiera. El modelo vigente se basa en una cesta común de recursos que se nutre de transferencias estatales y parte de la recaudación de las comunidades, que tienen cedido el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Esos porcentajes subirían al 55% y al 56,5% para los dos primeros tributos, y se mantendrán en el 58% para el tercero. Se incorporarían a la caja compartida también el 100% del impuesto sobre el patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos.
El Ejecutivo también destaca que el nuevo sistema garantizará la solidaridad interterritorial a través de mecanismos de nivelación horizontal y vertical, respaldados por una aportación adicional de la Administración General del Estado para reforzar la financiación de las políticas públicas que dependen de las autonomías, como la sanidad, la educación y la dependencia.
La reforma contempla además que las comunidades puedan recibir la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios, incorpora un fondo específico para afrontar los desafíos del cambio climático y mantiene la garantía de que ninguna autonomía recibirá menos recursos que con el modelo vigente. Además, prevé un mecanismo específico para las comunidades que se sitúan por debajo de la media en recursos per cápita.
