La Comisión Europea acepta que España pueda gastar más en Defensa sin por ello incumplir las reglas fiscales. El Gobierno español había solicitado la suspensión parcial de estas normas para poder invertir en armamento y seguridad el pasado abril, acogiéndose así a la alternativa que abrió Bruselas el año pasado para permitir que los Estados miembros incrementaran esta partida presupuestaria sin temor a que se activaran los procedimientos de déficit excesivo. Ahora el Ejecutivo de la UE ha dado luz verde a esta opción, según ha adelantado Efe y ha confirmado EL PAÍS, aunque todavía se necesita el visto bueno del Consejo de la UE.
A comienzos del año pasado, ante los grandes cambios geopolíticos de los últimos años y con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, la Comisión Europea puso sobre la mesa una alternativa para que los Estados miembros pudieran gastar en Defensa dentro de unos límites: abrió la posibilidad de que los Gobiernos aumentaran esta partida en una cantidad equivalente al 1,5% del PIB para incurrir, principalmente, en desembolsos temporales (armamentos, construcción de infraestructuras militares o formación, entre otros).
España entonces no se acogió a esta posibilidad, algo que sí hicieron 16 capitales comunitarias. Lo hizo un año después, el pasado 13 de abril. Aunque el Gobierno de Sánchez no pidiera en 2025 la suspensión de las reglas fiscales —ni ha suscrito el compromiso de los aliados de la OTAN de alcanzar un gasto en Defensa del 5% del PIB— sí que ha incrementado bastante el presupuesto militar en los últimos años.
La suspensión parcial de las normas presupuestarias de la UE se aplicará, tras su aprobación definitiva, durante cuatro años y permitirá a España cumplir los objetivos fiscales con más facilidad, ya que libera la presión sobre otras partidas de gasto. Las nuevas reglas fiscales aprobadas ya no ponen tanto énfasis en el déficit público como en el gasto primario de los Estados. Al dejar fuera parte del gasto en Defensa se abre espacio para poder responder, por ejemplo, con medidas tributarias o fiscales a las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo.
España, de hecho, es uno de los países, el otro es Italia, que está reclamando al Ejecutivo de la UE que esta cláusula nacional de escape también incluya gasto para la transición energética. No obstante, como se pudo comprobar el pasado viernes en Chipre en la reunión informal de ministros de Finanzas de la zona euro, ni la Comisión ni el resto de socios están por la labor de momento.
