“Los audios han tenido un impacto demoledor. No podía no hacer lo que ha hecho”, asegura un ejecutivo del sector eléctrico a la vista de los expedientes incoados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el apagón acaecido en España el pasado 28 de abril. Aunque en apariencia los 20 casos abiertos inicialmente -19 a instalaciones de las empresas y uno a Red Eléctrica (REE)- reparten las culpas, hay un señalamiento al operador de red, en tanto se le imputa una presunta infracción “muy grave”, mientras que el resto de actores tendrán que responder por actuaciones solo “graves”. La cuestión no es baladí. El primer escenario implica, según reza la ley del sector eléctrico, un incumplimiento de funciones que derivaron “en perjuicios al suministro”. El segundo incluye presuntas infracciones en las que “no concurren las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente”. Sin prejuzgar el desarrollo de los expedientes y su conclusión, la CNMC hace de origen una calificación preliminar que deja mejor parados a unos que a otros.
