El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado estos días el debate tributario en el centro de la confrontación política con la denuncia del “infierno fiscal” en el que se ha convertido España. Aprovechando el inicio de la campaña de la renta, y apoyándose en la idea de que el Gobierno ha impulsado más de 100 subidas fiscales desde 2018, el líder de la oposición ha denunciado el “atraco” y el sistema que “cruje a impuestos” a la clase media, prometiendo una rebaja si algún día llega a La Moncloa. Ese centenar largo de incrementos impositivos coincide con la cifra que recoge el Impuestómetro, un informe publicado esta semana por el Instituto Juan de Mariana, de corte ultraliberal. Sin embargo, la metodología tras los cálculos del PP y del propio informe muestra que el volumen de incrementos fiscales, así como su incidencia sobre los contribuyentes, depende de cómo se contabilicen.
El Impuestómetro habla de 141 subidas de impuestos y cotizaciones en el periodo que va desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno hasta las previsiones que se manejan para 2026. Pero esa cifra no responde únicamente a decisiones legislativas diferenciadas, sino a interpretaciones teóricas y a un sistema de contabilización acumulativo que convierte una misma medida en múltiples subidas. Así, mientras que algunos aumentos no tienen discusión, como la nueva tasa de basuras, el gravamen a los plásticos o el efecto derivado de la inflación, otros parecen más cuestionables.
Uno de los ejemplos más llamativos es el del IRPF, el impuesto sobre la renta. El informe considera que, cuando el Gobierno no lo actualiza conforme a la inflación, se produce una subida “encubierta”. Es decir, si los salarios suben en términos nominales ―por ejemplo, para compensar el aumento de precios―, el contribuyente puede pasar a tributar una mayor parte de su renta en tramos más altos sin haber ganado realmente poder adquisitivo. Es lo que se conoce como “progresividad en frío”, porque se da de manera natural. El diagnóstico forma parte de un debate amplio y respaldado por muchos expertos tributarios que, en efecto, defienden que, sin actualización, el tipo medio sube. Sin embargo, la clave está en cómo se traduce la no deflactación en el número de alzas impositivas.
Como el IRPF funciona con una escala progresiva a través de tramos, en lugar de contar la no deflactación como un incremento por año, el Impuestómetro la multiplica por el número de escalones. Como actualmente hay seis en la escala estatal, cada ejercicio sin actualización se convierte automáticamente en seis “subidas” distintas para cada año. Es una fórmula para generar decenas de incrementos en el recuento total. En este caso, son más de 40 para todo el periodo analizado. Los populares cargan contra la progresividad en frío, pero no reproducen del todo el método que utiliza el think tank para inflar las subidas de impuestos.
Efecto multiplicador
El PP, sin embargo, sí sigue la lógica del Instituto Juan de Mariana en otras figuras fiscales. Es el caso de las revisiones de los valores catastrales. Su efecto se multiplica en el balance final porque un ajuste al año afecta a impuestos como el IBI, el de transmisiones patrimoniales, el de actos jurídicos documentados, el de sucesiones y donaciones, el de patrimonio o el de la plusvalía municipal. Si se agrupan todas estas decisiones en lugar de fragmentarlas, el número total se reduce de forma significativa hasta casi la mitad.
Tanto el PP como el think tank liberal también asumen como subidas fiscales el fin de varias rebajas temporales ―como las aplicadas al IVA de la electricidad o los alimentos― que se pusieron en marcha durante la pasada crisis inflacionaria, aunque técnicamente supongan la vuelta a los tipos anteriores.
El informe reconoce que la presión fiscal en España, medida como porcentaje del producto interior bruto (PIB), se mantiene por debajo de la media de la Unión Europea. Según los últimos datos de Eurostat, de 2024, está en el 37,3% del PIB, por debajo del aproximadamente 40% de la UE y la zona euro. Para matizar este dato, recurre al concepto de “esfuerzo fiscal”, que relaciona los impuestos con el nivel de renta y que, aunque forma parte del debate académico, no es el indicador estándar utilizado por organismos como Eurostat o la OCDE.
Por eso, introduce elementos de cálculo que amplían la percepción de la carga fiscal. En su estimación de la cuña fiscal ―que eleva hasta el 53,6% para un trabajador medio― incorpora conceptos como la incidencia teórica del impuesto de sociedades sobre los salarios o una parte del déficit público estructural como si fuera un impuesto diferido. Son aproximaciones que los organismos oficiales no computan nunca en la presión fiscal sobre los trabajadores.
Grandes empresas y patrimonios
En sus números, tanto el PP como el informe contabilizan nuevos gravámenes o subidas fiscales que solo afectan a grandes empresas y altos patrimonios. Es el caso de la puesta en marcha del impuesto sobre determinados servicios digitales (la tasa Google), del impuesto sobre transacciones financieras (tasa Tobin) o del impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, además de los gravámenes extraordinarios sobre grandes energéticas y entidades financieras. En el mismo apartado se incluyen modificaciones que afectan a las grandes compañías en el impuesto sobre sociedades, cambios en el impuesto de patrimonio o aumentos en el IRPF a las grandes rentas del capital. También entra en la ecuación el impuesto mínimo complementario a las multinacionales que se pactó en el seno de la OCDE y que España traspuso a su normativa a través de una directiva comunitaria.
Cotizaciones sociales
Los cálculos también tienen en cuenta las subidas de las cotizaciones sociales, que, aunque no son técnicamente un impuesto, sí se usan para medir la presión fiscal. La mayoría de las medidas identificadas se centran principalmente en el incremento de la base máxima de cotización y en cambios vinculados a la reforma del sistema de pensiones, como la introducción de nuevos mecanismos de equidad intergeneracional. Otras, sin embargo, responden a ajustes técnicos más que a un incremento real de la carga fiscal. Es el caso de la actualización anual de la base mínima de cotización para alinearla con el salario mínimo, que no supone un aumento de cuotas, sino una adaptación necesaria para evitar que exista un salario legal inferior a ese umbral.
Los desgloses recogen también otras subidas que sí afectan al común de los contribuyentes, como el IVA de las bebidas azucaradas o los incrementos del impuesto a las primas de seguros, del impuesto sobre hidrocarburos y de los planes privados de pensiones, así como la creación del impuesto sobre los plásticos de un solo uso o la nueva tasa de residuos.
El Gobierno responde
Tras las acusaciones de Núñez Feijóo, el Gobierno central no ha se ha quedado callado. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado una rebaja sin precedentes del IVA, del IRPF y ha reducido como nunca antes los gravámenes sobre la energía. Y tildan de “torticero” el cálculo que utiliza el PP, que además omite las rebajas fiscales. Con esa metodología, apuntan en Hacienda, “el PP de Rajoy elevó 137 veces los impuestos durante su etapa”.
El Gobierno también hace referencia a la no deflactación de la tarifa del IRPF, consciente de que es una de las grandes críticas que ha recibido en los últimos años desde los círculos de expertos tributarios y desde parte de la academia económica. En Hacienda explican que la deflactación, debido a la escala progresiva del impuesto, beneficiaría también a las rentas altas y prefieren poner el foco en el aumento de la deducción por rentas del trabajo para los salarios más bajos que se ha aprobado. A su vez, señalan a las comunidades autónomas del PP, que tienen la gestión del 50% del impuesto sobre la renta y que, desde hace dos años, no deflactan su parte de la tarifa.
