Ya antes de que cayeran las bombas en el golfo Pérsico, la Comisión Europea había fijado como prioridad máxima rebajar los precios de la energía. Así que ahora, con la guerra abierta, la prioridad no ha hecho más crecer y la presidenta Ursula von der Leyen ha señalado este miércoles una ruta para llegar a esa meta en la que aparece una propuesta que hasta ahora no sonaba bien en Bruselas: “Limitar el precio del gas”. La alemana ha dejado caer esta posibilidad ante los eurodiputados cuando ha enumerado las alternativas en las que trabaja el Ejecutivo europeo para presentar a los líderes de la UE en la cumbre que se celebrará la próxima semana.
El listado que ha presentado la alemana empieza por “el diseño del mercado”, el llamado sistema marginal, un mecanismo que establece los precios eléctricos en función de la fuente de generación más cara en cada momento. Ese combustible suele ser el gas. No obstante, la alemana no plantea darle la vuelta como un calcetín, más bien propone correcciones y ajustes que rectifiquen los defectos que se perciben ahora. “El diseño actual ha dado buenos resultados y existe un apoyo general al sistema. Pero es fundamental que reduzcamos el impacto en los costes cuando el gas fija el precio de la electricidad”.
Es aquí donde plantea un menú de opciones: “Un mejor uso de los acuerdos de compra de energía y los contratos por diferencia, ayudas públicas, estudiar la posibilidad de subvencionar o limitar el precio del gas”. No es lo explicita, pero una de las modalidades de poner topes al precio del gas es la excepción ibérica que España y Portugal arrancaron con mucho esfuerzo diplomático en marzo de 2022, cuando más arreciaba la crisis energética que provocó la invasión rusa de Ucrania. Entonces ni la Comisión ni muchos socios comunitarios facilitaron aquella medida, pero finalmente se vio como un éxito. Ahora, cuando Bruselas abre la puerta a este tipo de políticas, sin duda sabe que existe un precedente.
No es que la intervención en los mercados energéticos sea un anatema actualmente. La crisis de 2022 cambió mucho las formas de lidiar con estas situaciones y, de hecho, en la reforma del mercado que se hizo en 2023 ya se introdujo un mecanismo de intervención. Pero se pusieron unas condiciones muy exigentes para que se pudiera activar. Lo conoce bien el eurodiputado socialista español Nicolás González Casares, uno de los ponentes y, por tanto, negociadores de aquella reforma por el Parlamento Europeo: “Lo que estamos viendo parece un déjà vu de 2022, que esta vez se podía haber evitado. Pero la Comisión Europea o grupos como el PP o los liberales rechazaron incluir, en la última reforma del mercado eléctrico (EMD), medidas previsibles de intervención temporal como algunas de las que habla ahora Von der Leyen. Algunos lo advertimos”, señala.
González Casares, no obstante, no está planteando ahora un cambio profundo en las reglas del mercado. “Las actuales reglas del mercado eléctrico son las adecuadas para avanzar en la electrificación con energías autóctonas”, apunta el parlamentario gallego, en una línea similar a la que plantea Von der Leyen o la que defendió en un artículo en EL PAÍS hace días la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. El eurodiputado recuerda que la propia reforma aprobada en 2023 preveía ya en junio de este año una revisión.
Y conforme se acerca esa fecha crece la presión, que se ha multiplicado por la necesidad que tienen las empresas europeas de ser competitivas (la energía es más barata en Estados Unidos y China), el incremento del consumo eléctrico para avanzar en la descarbonización de la economía y, ahora, por lo urgente: la guerra en Oriente Próximo. Esa exigencia pudo verse el martes en la reunión telemática que mantuvieron 21 jefes de Estado y Gobierno de la UE. En los comunicados que emitieron sus organizadores (Alemania, Italia y Bélgica) al acabar el encuentro, que sobre el papel versaba sobre competitividad, se señala que “se identificaron los precios de la energía como un problema acuciante sobre el que el próximo Consejo Europeo debe tomar decisiones”. “Las medidas deben ser específicas, temporales y bien coordinadas”, reclamaba el canciller alemán, Friedrich Merz.
Tanto él como la líder italiana, Giorgia Meloni, reclaman otra medida: “Una suspensión temporal del mecanismo de imposición sobre los derechos de emisión de carbono (ETS) sobre la producción de energía, en espera de una revisión rápida y más amplia”. Pero en este campo, la presidenta Von der Leyen parece mostrarse menos receptiva. “Sin el ETS estaríamos consumiendo 100.000 millones de metros cúbicos de gas más, lo que nos haría más vulnerables y dependientes”, ha advertido en referencia a que el precio que hay que pagar por los derechos de emitir carbono −más la perspectiva de una restricción en el futuro− incentiva la inversión en renovables. Aunque la jefa del Ejecutivo comunitario sí que está abierta a “modernizarlo” en la revisión que hay prevista también para este año.
Junto al “diseño del mercado” y la revisión del ETS, la jefa del Ejecutivo comunitario ha puesto sobre la mesa otras dos líneas de trabajo: la redes y los impuestos. Defiende la inversión en redes, tanto en nuevas como en las que ya hay, para que no se “malgaste” la energía renovable que se genera. “Déjenme darles un dato: el último año, instalamos más de 80 gigawatios de renovables en la UE. Un récord. Pero seis veces más [volumen de energía instalada] no tiene acceso a las redes”.
