El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, afirmó que la inmunidad no es impunidad, y justificó su decisión de suspender el tratamiento del pedido de autorización para el enjuiciamiento por una querella planteada en contra el legislador, Juan Andrés González (RC).
Aseguró que los ecuatorianos están cansados de ver cómo algunos usan la inmunidad parlamentaria como escudo para abusar del poder.
La querella por calumnia la presentó la asambleísta, Naila Quintana, el 17 de diciembre de 2025, y se sustenta en las declaraciones que hizo el coordinador de la bancada de la RC el 10 de diciembre de 2025 en una rueda de prensa, en la que afirmó que los integrantes de ADN son “terroristas”.
Olsen, este lunes 9 de marzo de 2026, dijo que la decisión se fundamenta en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que regula el fuero y las responsabilidades de los asambleístas, donde se señala que, si la solicitud presentada por la autoridad competente no es resuelta dentro del plazo de treinta días, la autorización se entenderá concedida.
El presidente Olsen reiteró que la inmunidad parlamentaria es una garantía institucional destinada a proteger la independencia del ejercicio legislativo, “pero no puede convertirse en impunidad. Nadie está por encima de la ley y la función pública implica una mayor responsabilidad frente al país”.
La Asamblea Nacional debe actuar siempre con estricto apego a la ley, transparencia y respeto al debido proceso, evitando que decisiones de esta naturaleza sean utilizadas con fines políticos o de protección indebida.
El titular de la legislatura indicó que la ciudadanía exige instituciones firmes y responsables, capaces de garantizar que cualquier investigación o proceso judicial se desarrolle sin interferencias, ni privilegios.
“Ser asambleísta no nos coloca por encima de los ciudadanos; al contrario, nos exige actuar con mayor responsabilidad frente al Ecuador”, puntualizó Olsen, tras reiterar que su gestión mantendrá una línea clara de respeto a la institucionalidad, defensa del Estado de Derecho y colaboración con la justicia, para asegurar que la ley se aplique por igual a todos. (I)
