Vodafone España, a través de su filial de Empresas, va a lanzar una línea completa de soluciones tecnológicas dirigida específicamente a las Fuerzas Armadas Españolas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La compañía unifica en un solo catálogo sus servicios de conectividad avanzada, ciberdefensa activa, inteligencia artificial y almacenamiento en la nube soberana, informaron a EL PAÍS /Cinco Días fuentes conocedoras del proyecto. Con esta estrategia, el operador propiedad de Zegona amplía su actual presencia en servicios básicos de telecomunicaciones institucionales para competir de forma directa por los contratos de defensa e infraestructuras críticas del Estado.
La propuesta técnica de la compañía se divide en cuatro áreas operativas. La primera abarca las comunicaciones críticas tácticas mediante el despliegue de redes privadas 5G de ancho de banda exclusivo, soluciones de interconexión SD-WAN y redes virtuales (VPN) para proteger los Sistemas de Mando y Control como las de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ó la de los Mossos d’Esquadra. Estas infraestructuras integran tecnología de computación en el borde (edge computing) e Internet de las Cosas (IoT) para operar sensores, drones y vehículos autónomos en entornos hostiles.
La segunda división se enfoca en la ciberdefensa y la protección de infraestructuras críticas. Vodafone utilizará su red nacional de Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) para ofrecer servicios de Detección y Respuesta Gestionada (MDR) con monitorización continua las 24 horas. La firma incorporará cortafuegos de nueva generación y sistemas de mitigación de ataques de denegación de servicio (DDoS), además de constituir una línea de centros SOC especializados en el sector de la defensa de forma exclusiva.
El tercer pilar se centra en la interoperabilidad con la OTAN y la Unión Europea. Las herramientas tecnológicas cumplen con las normas internacionales ISO y las exigencias del nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Estas especificaciones técnicas permiten la integración de los sistemas locales con las unidades de los países aliados en misiones internacionales de carácter conjunto.
El cuarto apartado comprende la soberanía del dato y las infraestructuras de soporte. La operadora dispone de una red nacional que alcanzará los 100 centros de datos ‘edge’ durante este ejercicio, tras sumar 48 nuevas instalaciones distribuidas por el territorio durante los últimos ocho años para procesar la información en proximidad. La estructura se complementa con Planes de Continuidad de Negocio (BCP) y almacenamiento redundante dentro de las fronteras españolas para evitar la dependencia de nubes extranjeras.
Vodafone España opera con sede, gestión y autonomía jurídica en el territorio nacional. La operadora ya actúa como proveedor de redes 5G privadas y servicios de comunicaciones para la UME, la Dirección General de la Guardia Civil y el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), dependiente del Ministerio de Defensa.
El movimiento comercial coincide con un incremento en el gasto militar público. Según el último informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), la inversión de España en defensa creció un 46% en un año, superando los 34.000 millones de euros, lo que equivale al 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB). Asimismo, la Unión Europea activó el plan Preparación 2030, que contempla la movilización de 800.000 millones de euros de inversión pública y privada para reforzar la infraestructura de seguridad continental.
“Las telecomunicaciones se han convertido en un multiplicador de capacidades militares y de seguridad. Con estas soluciones, Vodafone Empresas se posiciona como socio tecnológico de referencia para la defensa y la seguridad de España, aportando conectividad, inteligencia y ciberdefensa activa para construir infraestructuras resilientes y garantizar la continuidad de las misiones” ha señalado Jesús Suso, director de Vodafone Empresas.
Un mercado competido
Este lanzamiento intensifica la competencia en el mercado de la seguridad corporativa y pública, donde Telefónica opera como actor de referencia. El operador histórico gestiona este segmento a través de Telefónica Tech y su filial técnica SIA (Sistemas Informáticos Abiertos). La propuesta de Telefónica combina el análisis de inteligencia de amenazas globales, servicios automatizados de filtrado DNS para medianas empresas y proyectos de ciberdefensa para sistemas clasificados bajo la normativa del Centro Criptográfico Nacional (CCN-STIC).
Por su parte, MasOrange compite en el sector a través de la recién lanzada Orange Cyberdefense España. Esta división local cuenta con un centenar de especialistas en Madrid y Barcelona, y se apoya en la estructura del Grupo Orange en Francia, donde mantiene una plantilla de 3.300 empleados. La meta estratégica de MasOrange es capturar entre el 1% y el 5% de la cuota del mercado español para situarse entre los tres principales proveedores en 2030, con una facturación estimada de 115 millones de euros en ese horizonte.
La competencia por la contratación pública de ciberseguridad en España mantiene abiertos litigios corporativos entre los principales operadores. El lote de seguridad informática del contrato CORA III, licitado por la Administración General del Estado con un presupuesto superior a los 100 millones de euros, fue adjudicado inicialmente a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por MasOrange. El concurso fue paralizado tras un recurso de Telefónica ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por el plan de igualdad de una firma participante. Posteriormente, Telefónica también resultó excluida del proceso por una incidencia administrativa similar en una filial de su grupo.
