Los abogados de algunos procesados dentro del denominado caso Goleada solicitaron al juez Jairo García, de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, que habilite un enlace virtual para seguir la continuación del testimonio anticipado de José C. A., testigo protegido que presentó la denuncia con la que se inició este proceso.
La reinstalación de la diligencia del testimonio anticipado fue convocada para las 09:00 de este martes, 16 de junio de 2026, de manera presencial en la cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte de Quito.
A través de escritos presentados en las últimas horas, la defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, de sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, de su esposa, Fiorella Icaza, y de su madre, Gioconda Henriques, pidió al magistrado que les permita a sus defendidos ser parte de este testimonio, a través de un enlace telemático.
En el caso del alcalde de Guayaquil, justificó la abogada Estefany Alvear: “Se encuentra actualmente privado de libertad en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena”. Su madre, subrayó la defensa, se encuentra domiciliada en los Estados Unidos. Mientras que Antonio y Xavier Alvarez Henriques y Fiorella Icaza, señala el escrito, “tienen su domicilio en la ciudad de Guayaquil y, adicionalmente, se encuentran sujetos a la medida cautelar de presentación periódica ante la Fiscalía Provincial del Guayas”.
La misma solicitud hicieron las defensas de procesados como Pedro Juan Hidalgo, Gastón Aparicio Loy, que mantienen su residencia en Guayaquil y deben cumplir con las presentaciones periódicas ante la Fiscalía del Guayas; de José Gutemberg Ruiz Castillo, gerente de la Compañía Operadora Portuaria Petrolera Operoil S. A., procesada en esta causa; el abogado de Inmobiliaria Fiorema S. A., también investigada, el cual justificó que la empresa mantiene su domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil. El pedido también lo extendieron los abogados de David Andrés Alvarez Kronfle, primo de Aquiles Alvarez; Carlos Andrés Asanza; César Emilio Bravo; y Fernando Patricio Peñaherrera, entre otros.
El juez García convocó a la reanudación del testimonio de manera presencial tras un incidente registrado en la misma diligencia virtual, el pasado 12 de junio, con el abogado Fernando Chávez Drouet, defensa de la empresa Fiorema S. A., quien se desconectó de la audiencia debido a una intervención que hicieron agentes de la Policía Nacional al inmueble de esta empresa como parte de las medidas cautelares de incautación y prohibición de enajenar los bienes inmuebles que estableció el juez y que se dispuso a la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliar.
Por esta acción, el juez García sancionó al abogado Chávez con una multa de $ 964, equivalente a dos salarios básicos, disposición que fue apelada por el jurista, que solicitó la revocatoria de la sanción tras argumentar que su desconexión de la diligencia obedeció a “una causa de fuerza mayor”.
El testimonio de José C., que fue gerente financiero de una de las empresas de Aquiles Alvarez, fue solicitado por el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Dennis Villavicencio.
En el denominado caso Goleada son investigados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y su círculo familiar por una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.
Actualmente, en esta causa existen 28 personas naturales y jurídicas (empresas) procesadas por el delito de lavado de activos. El caso se encuentra en la fase de instrucción fiscal.
De acuerdo con la teoría fiscal, el grupo empresarial y familiar “habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, el que debían despachar a embarcaciones de bandera nacional. Sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos crearon empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener beneficios económicos indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos”.
En este mismo caso, la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Ana Patiño, solicitó al juez Jairo García ser reconocida como acusadora particular en el proceso judicial, ante lo cual el magistrado la convocó a reconocer su firma y rúbrica el próximo 17 de junio a las 11:00.
La nueva directora de la UAFE acusa a Alvarez y sus familiares de ser sospechosos de lavado de activos, con base en un reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) que involucra a la empresa Terminal Naviero Petrolero (Ternape Petroleum S. A.) y la Comercializadora de Combustibles (Corpalubri S. A.) (I)
