Organizaciones sociales expresaron su respaldo al presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), Guido Perugachi, antes de la audiencia judicial prevista para el próximo 18 de mayo dentro del proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de paralización de servicio público.

Durante una rueda de prensa, el dirigente de la Unión de Organizaciones Sociales e Interculturales del Sur de Pichincha, Franklin Columba, manifestó la posición de respaldo de varias organizaciones hacia Perugachi y cuestionó el proceso impulsado por la Fiscalía General del Estado.

“Nos solidarizamos y también le decimos que cuente con nuestros respaldos como organizaciones”, afirmó Columba durante su intervención.

El dirigente también señaló que existe preocupación entre organizaciones indígenas y campesinas por la situación judicial del presidente de la Fenocin.

Columba agregó que las organizaciones consideran que el proceso debe desarrollarse bajo mecanismos de diálogo intercultural establecidos dentro de la normativa vigente. “La jueza ordenó inmediatamente aplicar este protocolo de diálogo intercultural para que de esa manera no se vulneren estos derechos constitucionales”, sostuvo.

La investigación contra Perugachi se relaciona con los hechos ocurridos durante el paro nacional convocado entre septiembre y octubre de 2025 por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Las movilizaciones se extendieron durante un mes en la provincia de Imbabura.

Según la acusación fiscal, Perugachi habría participado en acciones relacionadas con la paralización de servicios públicos, cierres de vías y afectaciones a infraestructura pública. Además, se lo investiga por presuntamente promover el cierre de locales comerciales, obstaculización de vías y retención de policías y militares.

La audiencia de formulación de cargos estaba prevista para el pasado 8 de mayo, pero fue suspendida previamente debido a la falta de un informe antropológico relacionado con el procedimiento de diálogo intercultural que debía presentar la Fiscalía. (I)



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