Después de la suposición de medidas de protección excepcionales que la Corporación Nacional de Electricidad (CNNE) se había presentado a las sentencias de preguntas de la primera y segunda instancia, en las que los derechos colectivos a los funcionarios públicos reconocieron que no cumplió con un acuerdo colectivo.
A través de sus redes sociales, Inés Manzano describió la oración como histórica.
“Nuevos castigos, empleados históricos y ex empleados de CNNE tienen que devolver 110 millones. ¡Los salarios de 13,000 están listos! Como el de un gerente de servicio al cliente ”, escribió.
A pesar de la cantidad mencionada en el ministro, son $ 100 millones, el castigo señala que se deben devolver más de $ 79 millones.
Entonces el caso fue desarrollado
El caso comenzó en octubre de 2021 con una medida de protección presentada.
En noviembre de este año, el juez de la unidad judicial con sede en el Cantón de Puebloviejo en Los Ríos aceptó la demanda y declaró la violación de los derechos contra la igualdad y no contra la discriminación y la certeza legal. y ordenó que la CNE se comunique con «todos los Petents» que disfrutan de las ventajas del acuerdo colectivo, que se firmó en el Comité de la Compañía de Trabajadores, y que en 15 días la liquidación y el pago de «todos los servicios generados para las actitudes colectivas a todos Se usan petentes. «
El CNNE apeló, pero la apelación fue rechazada en diciembre de 2021 por la Cámara Multi -Competente del Tribunal Provincial de Los Ríos.
En enero de 2022, la compañía presentó una medida protectora extraordinaria contra las oraciones de la primera y segunda instancia. La institución renunció a la acción en unos pocos días.
La Cámara Provincial ordenó que los archivos completos del procedimiento se enviaran al Tribunal Constitucional, pero los CNES existieron en su retiro y exigieron que la decisión de la Cámara de enviar el archivo CC se cancele.
El CNNE reclamó la demanda de que el espacio aceptó y ordenó su archivo. Hasta marzo de 2022, la compañía informó que una ley había sido firmada con el Comité de Propiedad de Trabajadores de CNNE, en el que se hicieron acuerdos para cumplir con la sentencia.
En septiembre de 2022, Richard Gómez y Lizette Pinos pidieron al Distrito Administrativo del Tribunal de Distrito de Guayaquil (TDCA) que comenzara a cumplir las sanciones con el proceso de reparación económica.
En febrero de 2023, el tribunal aprobó y descubrió que el valor que correspondía al CNE era de 79.8 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, la sociedad presentó un recursos de cancelación que fue rechazado.
En abril de 2023, el juez Cnel ordenó el monto especificado por el tribunal dentro de las 48 horas. Sin embargo, la compañía afirmó que el pago de las oraciones de la primera y segunda instancia era sin reservas, por lo que sus efectos se modularon y se les pidió que abandonara el plazo de 48 horas. El requisito no fue bienvenido.
El Ministro de Trabajo, Ivonne Núñez, le pidió a la Cámara Provincial que le informara sobre varios eventos más tarde, en julio de 2024, porque tenía que ser una parte procesal de la sentencia en diciembre de 2021. La Cámara lo impugnó y el Ministro solicitó la revocación del automóvil en respuesta, pero esto también fue rechazado.
El caso llegó al Tribunal Constitucional en agosto de 2024 y cayó al conocimiento del juez Karla Andrade.
