El pleno de la Corte Constitucional (CC) aceptó la renuncia que el juez constitucional Raúl Llasag Fernández presentó a su magistratura como juez constitucional.
El organismo sesionó este lunes, 4 de mayo de 2026, para conocer la renuncia del juez, que fue aceptada según lo dispuesto en el artículo 185, numeral 3, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
A la vez, la Corte Constitucional informó que se notificó a la jueza elegible correspondiente Sandra Cordero Gárate, quien aceptó el cargo como jueza del organismo de control constitucional.
La CC también resaltó que para garantizar una transición ordenada, el juez Raúl Llasag continuará en funciones hasta que su reemplazo se titularice en el pleno de la Corte Constitucional.
Raúl Llasag asumió la titularidad como magistrado de la Corte el viernes 1 de agosto de 2025 tras la renuncia que presentó la exjueza constitucional Teresa Nuques el 24 de julio de ese año.
Entre los casos que fueron sorteados al despacho de Llasag, en los últimos días, está una demanda de inconstitucionalidad que presentó el abogado César Alejandro Guevara Sotomayor en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que modificó el calendario electoral y cambió la fecha de las elecciones seccionales para el 29 de noviembre de 2026.
Asimismo, se le asignaron dos acciones de inconstitucionalidad que el colectivo Unidos por la Pacha Mama y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) presentaron en contra de la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de la Minería y Energía, que se aprobó en la Asamblea Nacional el pasado 26 de febrero.
Al despacho del magistrado también se sortearon dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por la Asociación Plataforma Cultural del Ecuador y el Municipio de Cuenca en contra de la Ley para la eficiencia del gasto en los gobiernos autónomos descentralizados que se aprobó en el Parlamento el 20 de febrero.
La renuncia de Llasag Fernández se generó en medio de los exámenes de control que realiza la Contraloría General del Estado a los patrimonios de los jueces de la Corte Constitucional, de los cuales se emitieron dos informes con indicios de responsabilidad penal en contra de los jueces Alí Lozada y José Luis Terán, que pasaron a la Fiscalía General del Estado. (I)
